La Administración General del Estado en el territorio y en el exterior

La protección civil de la provincia está en la lista del Subdelegado, en el artículo 75.c. Las otras tres son del Delegado, en el artículo 73.1: nombrar a los Directores Insulares (a.2.º), elevar al Gobierno el informe anual sobre los servicios públicos estatales (b.4.º) y participar en las Comisiones mixtas de transferencias (c.3.º).

El artículo 73.4 permite al Delegado recabar de los titulares de los servicios territoriales toda la información sobre su actividad, estructuras, recursos humanos, inventarios o cualquier otro asunto que considere oportuno. Los distractores son competencias de otros: fijar los objetivos de los servicios no integrados es del órgano central del que dependen (71.3), las instrucciones técnicas son del Ministerio competente por razón de la materia (71.4), y sobre el nombramiento de sus titulares el Delegado solo emite un informe preceptivo (73.1.a) 3.º).

Lo hace a través de los Subdelegados y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuya jefatura le corresponde, y en esta materia actúa bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior. Las policías autonómicas y locales son de otras Administraciones: el Delegado no las dirige. En la provincia, quien dirige las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es el Subdelegado (75.b).

El artículo 73.2 atribuye a los Delegados la potestad sancionadora y la expropiatoria, además de cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas. El artículo no menciona la potestad reglamentaria ni la tributaria, que son las que completan los distractores. Al Subdelegado le reconoce solo la sancionadora, con la misma cláusula de las demás que le confieran las normas (75.f).

La Comisión territorial la preside el Delegado y la integran los Subdelegados de las provincias de la Comunidad (artículo 79.1.a). El Secretario General con los titulares de servicios que el Delegado considere oportuno es la composición de la Comisión de las Comunidades uniprovinciales (79.2). Los titulares de órganos y servicios, integrados o no, asisten a las sesiones solo si el Delegado lo considera oportuno (79.1.b).

El segundo párrafo del artículo 69.4 exige Real Decreto y una justificación: la población del territorio, el volumen de gestión o sus singularidades geográficas, sociales o económicas. En las pluriprovinciales el Subdelegado existe en cada provincia por mandato de la ley; en las uniprovinciales es una posibilidad. La Orden ministerial no basta, aunque la proponga el Delegado; y ni la Comunidad Autónoma ni el Delegado, con autorización o sin ella, pueden crear un órgano de la Administración General del Estado.

El artículo 74 abre la cantera a los funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Entidades Locales, pero solo del Subgrupo A1. Limitarla al Estado es el error de la tercera opción, que deja fuera a autonómicos y locales; añadir el A2, el de la primera. La cualificación y la experiencia sin exigir ser funcionario es la cantera de los Secretarios generales (64.3), no la del Subdelegado.

El Delegado representa al Gobierno de la Nación. La representación ordinaria del Estado en la Comunidad corresponde a su Presidente, y el artículo 72.1 la deja a salvo expresamente: es la confusión que se busca con la primera opción. El Delegado no representa a las Cortes ni a la Corona: es un órgano de la Administración General del Estado.

El artículo 76.1 manda fijar la estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones por Real Decreto del Consejo de Ministros. La relación de puestos de trabajo tienta porque el mismo artículo la nombra, pero solo para determinar qué otros servicios y unidades dependen de la Secretaría General, no para fijar la estructura. Ni una Orden del Ministerio al que están adscritas ni una resolución del propio Delegado bastan para ello.

La adscripción orgánica del artículo 69.3 es de la Delegación, el órgano, no de su titular: el Delegado depende orgánicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razón de la materia (72.3). Las Subdelegaciones forman parte de la Delegación, pero lo que el 69.3 declara adscrito es la Delegación, y los Directores Insulares dependen jerárquicamente del Delegado o del Subdelegado (70). El Ministerio que nombra el 69.3 lleva la denominación de 2015 y cambia con cada estructura de Gobierno: lo que se pregunta es quién está adscrito, no a qué cartera.

El artículo 73.1.d) 2.º reparte la suspensión según quién resuelve el recurso: el Delegado suspende la ejecución de los actos de los órganos de la Delegación cuando le corresponde resolverlo, y en los demás casos, entre ellos los actos de los servicios no integrados, solo propone la suspensión. Acordarla él mismo, con o sin informe, es la regla de los actos de la Delegación, no la de estos. Tampoco se queda sin intervención: la ley le da expresamente la de proponer.

El artículo 76.2 exige dos proponentes para integrar o desintegrar un servicio territorial: el Ministerio al que están adscritas orgánicamente las Delegaciones (en el texto, el de Hacienda y Administraciones Públicas) y el Ministerio competente del área de actividad. Por eso fallan las opciones que reducen a uno de los dos a ser «oído»: los dos proponen. La Delegación no tiene en el artículo ni propuesta ni audiencia. El Delegado no propone la integración: recibe los servicios integrados, que dependerán de él a través de la Secretaría General (71.4).

El artículo 71.2 distingue por el nivel de las unidades: si la organización contempla unidades con nivel de Subdirección General o equivalentes, va por Real Decreto a propuesta conjunta del Ministerio del que dependen los servicios y del competente en estructuras organizativas; si solo afecta a órganos inferiores, basta una Orden conjunta. La Orden conjunta es, por tanto, la respuesta para el escalón de abajo, no para este. Un Ministerio en solitario no basta en ningún caso, y el Delegado no propone la organización de unos servicios que no dependen de él (71.3).

El artículo 76.1 da a cada Delegación y Subdelegación una Secretaría General, que depende del Delegado o del Subdelegado y gestiona los servicios comunes; de ella dependen los servicios integrados. La Secretaría General Técnica es el órgano de los Ministerios, que cuelga de la Subsecretaría (63 y 65). La Abogacía del Estado presta la asistencia jurídica (77), y las Comisiones de asistencia (79) asesoran: ninguna gestiona los servicios comunes.

El artículo 73.3 da al Delegado la jefatura de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y precisa que ejerce estas competencias bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior. Es la aplicación a la seguridad ciudadana de la regla general del 72.3: dependencia funcional del Ministerio competente por razón de la materia. El Presidente del Gobierno es su dependencia orgánica, no la funcional, y el Ministerio de adscripción es el de las Delegaciones (69.3), no el de la seguridad.

La estructura se fija a propuesta del Ministerio al que están adscritas orgánicamente las Delegaciones, y el artículo 76.1 da la razón: «en razón de la dependencia orgánica de las Delegaciones del Gobierno» (69.3). El texto nombra al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que era el de adscripción en 2015. El Presidente del Gobierno es la dependencia orgánica del Delegado (72.3), no la de las Delegaciones, y el Ministerio competente por razón de la materia es la dependencia funcional del Delegado y el que da instrucciones técnicas a los servicios integrados (71.4), no el que propone la estructura.

El artículo 73.1.b) 4.º obliga al Delegado a elevar ese informe al Gobierno con carácter anual, a través del titular del Ministerio que el texto nombra (el de Hacienda y Administraciones Públicas, denominación de 2015). Es una de sus competencias de información de la acción del Gobierno. La ley no prevé un informe semestral, bienal ni cuatrienal; lo que hace el Delegado de forma «regular y periódica», sin fijar plazo, es informar a los Ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios territoriales (73.1.e) 1.º).

Orgánicamente, el Delegado depende del Presidente del Gobierno. El Ministerio competente por razón de la materia es su dependencia funcional, la otra mitad de la misma frase: cambiarlas es el error que se busca. Del Ministerio del Interior depende funcionalmente solo cuando ejerce las competencias del Estado en seguridad ciudadana (73.3). El Consejo de Ministros lo nombra y lo separa (72.4), pero no es de quien depende. Y lo que está adscrito orgánicamente a un Ministerio es la Delegación, el órgano (69.3), no su titular.

El artículo 79.3 compone la Comisión de asistencia al Subdelegado con el Secretario General y los titulares de los órganos y servicios territoriales, integrados o no, que el Subdelegado considere oportuno. No entran todos los servicios integrados de oficio, ni solo los no integrados, ni los elige el Delegado. El Delegado preside la Comisión territorial de las Comunidades pluriprovinciales (79.1), no esta, y los Directores Insulares no figuran en su composición.

La excepción a la regla de la sede la acuerda el Consejo de Ministros, y el artículo 69.2 deja a salvo además lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonomía. El Consejo de Gobierno autonómico solo sirve de referencia para fijar la localidad: no decide dónde se instala un órgano del Estado. Ni el Presidente del Gobierno, del que depende orgánicamente el Delegado (72.3), ni el propio Delegado tienen esa facultad.