El Gobierno: composición, organización y órganos de apoyo

La letra f) del artículo 5.1 da al Consejo de Ministros declarar los estados de alarma y de excepción. El de sitio no lo declara: propone al Congreso de los Diputados su declaración. Por eso las tres opciones que incluyen el estado de sitio son falsas.

La letra l) del artículo 2.2 pone entre las atribuciones del Presidente del Gobierno resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes Ministerios. La ley se los da expresamente a él: no están entre las funciones del Consejo de Ministros (art. 5.1), y la letra c) del artículo 6.4, que deja a las Comisiones Delegadas resolver asuntos que afectan a más de un Ministerio, no desplaza esta atribución específica. El artículo 61.j de la Ley 40/2015 lo confirma desde el otro lado: el Ministro solo resuelve los conflictos de atribuciones que le correspondan y plantea los que procedan con otros Ministerios. El Consejo de Estado es un órgano consultivo (disposición adicional segunda).

La letra i) del artículo 5.1 pone entre las funciones del Consejo de Ministros crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los Departamentos Ministeriales. Al Presidente le corresponde crear los Departamentos y las Secretarías de Estado (art. 2.2.j), no sus órganos directivos; el Ministro no tiene esa función en el artículo 4.1, y una Comisión Delegada no la tiene atribuida.

La letra h) del artículo 5.1 atribuye al Consejo de Ministros aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes previo dictamen del Consejo de Estado, el supremo órgano consultivo del Gobierno (disposición adicional segunda). Esa letra no pide que las Cortes autoricen o conozcan antes el reglamento, ni que lo delibere una Comisión Delegada: el único trámite previo que nombra es el dictamen.

El artículo 3.1 no da a los Vicepresidentes funciones propias: les corresponden las que les encomiende el Presidente. Coordinar a los demás miembros del Gobierno es tarea del Presidente (art. 2.1); el Consejo de Ministros solo puede delegar sus funciones administrativas en las Comisiones Delegadas (art. 20.2), y el artículo 3.1 no remite a su real decreto de nombramiento, sino al encargo del Presidente.

El artículo 7.1 los define como órganos superiores de la Administración General del Estado, directamente responsables de la ejecución de la acción del Gobierno en un sector de actividad de un Departamento o de la Presidencia. No son miembros del Gobierno (art. 1.2), aunque puedan asistir al Consejo de Ministros (art. 5.2); los órganos de apoyo político y técnico son los Gabinetes (art. 10.1).

Según el artículo 6.1, la creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas la acuerda el Consejo de Ministros mediante real decreto, y al Presidente le corresponde la propuesta. Es el reparto contrario al de los Departamentos Ministeriales, que crea el propio Presidente (art. 2.2.j). La Comisión General no puede adoptar decisiones por delegación del Gobierno (art. 8.4).

El artículo 10.1 prohíbe a los miembros de los Gabinetes adoptar en ningún caso actos o resoluciones que correspondan a los órganos de la Administración, y solo permite a sus directores dictar los actos administrativos propios de la jefatura de la unidad que dirigen. La prohibición no se salva por delegación: lo que se dicta por delegación se considera dictado por el órgano delegante (art. 9.4 de la Ley 40/2015), así que seguiría siendo un acto de ese órgano, que el «en ningún caso» veda; y el artículo 20.1.b de la Ley 50/1997 no pone a los Gabinetes entre aquellos en quienes puede delegar el Ministro. Tampoco lo salva un encargo del Consejo de Ministros, ni la prohibición distingue los actos de trámite.

El artículo 6.5 declara secretas las deliberaciones de las Comisiones Delegadas, igual que las del Consejo de Ministros (art. 5.3). Reservadas son las de otro órgano, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (art. 8.4).

La letra c) del artículo 6.4 les encarga resolver los asuntos que afecten a más de un Ministerio y no requieran ser elevados al Consejo de Ministros: hacen falta las dos condiciones. Un asunto de un solo Departamento no es materia de una Comisión Delegada por esta letra, y la ley no prevé que resuelvan por urgencia a reserva de ratificación.

El artículo 5.2 nombra a los Secretarios de Estado, y solo de forma genérica a otros altos cargos, que pueden asistir excepcionalmente cuando sean convocados. Los Subsecretarios se sientan en otro órgano, la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios (art. 8.1), y ni ellos, ni los Directores generales, ni los Directores de Gabinete aparecen nombrados en el artículo 5.2.

La letra a) del artículo 8.5 exceptúa del examen de la Comisión General los nombramientos, los ceses, los ascensos a los empleos de la categoría de oficiales generales y los asuntos que, excepcionalmente y por razones de urgencia, deban ir directamente al Consejo de Ministros. Los anteproyectos, los proyectos de real decreto y los acuerdos sobre tratados no están en esa lista, así que pasan por ella.

La disposición adicional segunda remite la organización, el funcionamiento y el régimen interior del Consejo de Estado a su Ley Orgánica y a su Reglamento, en garantía de la autonomía que le corresponde como supremo órgano consultivo del Gobierno. No es uno de los órganos de colaboración y apoyo que regula el título I, las directrices vinculantes del Consejo de Ministros son para los órganos de la Administración General del Estado (art. 5.1.j), y las instrucciones del Secretariado son para tramitar asuntos ante los órganos colegiados del Gobierno (art. 9.4).

La letra d) del artículo 9.1 da al Secretariado del Gobierno, como órgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas y de la Comisión General, el archivo y custodia de las convocatorias, órdenes del día y actas de sus reuniones. Con las Secretarías Técnicas de las Comisiones Delegadas solo colabora (letra c), y la Comisión General y el Gabinete de la Presidencia no tienen esa función.

El artículo 8.4 lo excluye sin salvedades: en ningún caso puede la Comisión adoptar decisiones o acuerdos por delegación del Gobierno. Los asuntos que afectan a varios Ministerios los puede analizar o discutir si se los somete su presidente (art. 8.5.b), pero eso no es decidir; quien sí puede recibir funciones del Consejo de Ministros por delegación son las Comisiones Delegadas (arts. 6.4.d y 20.2).

El artículo 6.2 enumera cinco extremos: el miembro del Gobierno que preside la Comisión, quiénes la integran, sus funciones, el miembro al que corresponde la Secretaría y su régimen interno de funcionamiento, en particular el de convocatorias y suplencias. Los medios materiales y personales los menciona la ley para otro real decreto, el de los Ministros sin cartera (art. 4.2).

La letra b) del artículo 4.1 da a los Ministros la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento. Las otras tres no caben tampoco por la letra c), porque la ley y la Constitución las atribuyen a otro órgano: aprobar los reales decretos-leyes y los legislativos y adoptar planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado son funciones del Consejo de Ministros (art. 5.1, letras c y j), y proponer al Rey el nombramiento y la separación de los Ministros es del Presidente (art. 2.2.k y art. 100 de la Constitución).

La letra j) del artículo 2.2, tras atribuir al Presidente crear, modificar y suprimir por real decreto los Departamentos Ministeriales y las Secretarías de Estado, le encarga también aprobar la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno. Las Comisiones Delegadas se configuran en el real decreto de su creación, que acuerda el Consejo de Ministros (art. 6), y el Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgánica de un Ministerio, como prevea el real decreto de estructura de ese Ministerio (art. 9.3).

El artículo 2.1 deja a salvo la competencia y responsabilidad directa de los Ministros en su gestión: el Presidente dirige y coordina, pero cada Ministro sigue respondiendo de lo suyo. La presidencia del Consejo por el Rey (art. 62.g de la Constitución) es la salvedad de otra atribución del Presidente, la de convocar y presidir el Consejo de Ministros (art. 2.2.g), y la autonomía del Consejo de Estado la garantiza la disposición adicional segunda; ninguna de las dos es la salvedad de este apartado.

El artículo 1.2 compone el Gobierno con el Presidente, el Vicepresidente o Vicepresidentes, en su caso, y los Ministros, y en esa lista no están los Secretarios de Estado, ni siquiera los de la Presidencia: son órganos superiores de la Administración General del Estado (art. 7.1). Un Vicepresidente es miembro tenga o no Departamento, y el Ministro sin cartera es un Ministro, solo que sin Departamento (art. 4.2).