La planta y la organización territorial de los tribunales

El art. 29.2 abre la puerta a las comunidades autónomas, pero solo a las que tienen competencia en materia de Justicia, y para adaptar la planta a las necesidades de su territorio. Una comunidad sin esa competencia no puede instarla por esta vía, y el artículo no da ese papel ni a las Salas de Gobierno ni a las diputaciones provinciales.

El art. 32.2 fija cuatro criterios para modificar los partidos: el número de asuntos, las características de la población, los medios de comunicación y las comarcas naturales. La renta de los habitantes no está entre ellos: de la población cuentan sus características, no lo que gana. Tampoco el número de abogados colegiados ni la distancia a la capital de la provincia, aunque los medios de comunicación tengan que ver con lo que cuesta llegar al tribunal.

La lista del art. 26 es cerrada y en ella no hay juzgados: la primera instancia la forman los Tribunales de Instancia, que se organizan en Secciones (art. 84.2), y las causas por delito que la ley determine las enjuicia la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia (art. 90.3). Los «Juzgados de lo Penal» no son ninguna de las siete clases de tribunales del art. 26; los Tribunales de Instancia, las Audiencias Provinciales y la Audiencia Nacional, sí.

El art. 35.5 fija un plazo de revisión, pero admite adelantarla «si las circunstancias lo aconsejan». Adelantada o no, la revisión se hace mediante ley elaborada por el mismo procedimiento que la demarcación: no se reserva a una propuesta del Consejo General del Poder Judicial, que interviene informando, ni pasa a hacerse por real decreto.

El art. 35.3 reparte el trabajo: el Ministerio de Justicia redacta la disposición a la vista de las propuestas autonómicas, y el Consejo General del Poder Judicial la informa en el plazo de dos meses. El Gobierno entra después: emitidos los informes, tramita el proyecto normativo (art. 35.4).

El art. 33 no dibuja una provincia judicial propia: la ajusta a los límites territoriales de la provincia administrativa, como el art. 31 hace con el municipio. Lo que las comunidades autónomas proponen al Gobierno al organizar la demarcación son los partidos judiciales (art. 35.2), no los límites de la provincia; y el Consejo General del Poder Judicial no la delimita.

El art. 27.2 las designa por numeración cardinal —uno, dos, tres…— y la cuenta va dentro de cada Sección, no corre por todo el Tribunal. La numeración ordinal —primera, segunda…— es la de otra cosa: las Secciones en que se dividen las Salas de los Tribunales cuando hay dos o más (art. 27.1).

El art. 36 da la creación al Gobierno, que antes tiene que oír, con carácter preceptivo, a la comunidad autónoma afectada y al Consejo General del Poder Judicial. Oírlos es obligatorio, pero no son ellos quienes crean la Sección o la plaza. La ley de las Cortes es el instrumento de la planta (art. 29.1), pero el art. 36 no la pide para crear cada Sección o cada plaza.

El art. 30 enumera cuatro unidades: municipios, partidos, provincias y comunidades autónomas. El municipio es la más pequeña y se corresponde con la demarcación administrativa del mismo nombre (art. 31). Las comarcas no son una unidad de la organización territorial a efectos judiciales, y tampoco los distritos ni las mancomunidades.

El art. 32.3 lo admite sin condiciones: el partido podrá coincidir con la demarcación provincial. Ocurre cuando el partido agrupa todos los municipios de la provincia. La ley no lo reserva a las comunidades autónomas de una sola provincia ni lo somete a un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial.

La regla del art. 35.1 es la ley; el real decreto es la excepción, y solo en los casos que la propia LOPJ contempla expresamente. Esos casos no los abre un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, y la demarcación no es una ley autonómica: las comunidades autónomas participan proponiendo al Gobierno los partidos judiciales de su territorio (art. 35.2).