La identificación y la firma de los interesados

Para estos sistemas no hace falta esperar el plazo del artículo 10.2.c): adquieren eficacia al día siguiente de publicarse la Resolución, salvo que esta disponga otra cosa. Informar a la Conferencia Sectorial es lo que la disposición adicional séptima prevé para las resoluciones denegatorias.

Sirve cualquier medio que acredite la autenticidad de la expresión de la voluntad y el consentimiento, y la integridad e inalterabilidad del documento. La identidad no es lo que el artículo 10.1 pide al medio: el artículo 10.5 la da por acreditada con el propio acto de firmar.

El interesado tiene que identificarse ante el funcionario y dar su consentimiento expreso para esa actuación, y de ello debe quedar constancia para los casos de discrepancia o litigio. La ley no pide para ello un apoderamiento ni que se acredite documentalmente la falta de medios.

El artículo 10.4 lo permite con dos condiciones: que la normativa reguladora aplicable lo disponga expresamente y que el sistema permita acreditar la autenticidad de la voluntad y el consentimiento. No depende de que el interesado lo pida, y la aceptación por la Administración del Estado (art. 9.4) acredita la identificación, no la firma.

La letra b) del artículo 11.2 incluye presentar declaraciones responsables o comunicaciones entre las actuaciones para las que se puede exigir firma, al lado de las solicitudes. Que no sea una solicitud no la deja en la regla general de la mera identificación.

La regla general es la identificación: basta con acreditar antes la identidad con cualquiera de los medios de la ley. La firma no es la regla, sino lo que puede exigirse solo en las actuaciones que enumera el artículo 11.2.

Se comprueba el nombre y apellidos, o la denominación o razón social, según corresponda, que constan en el DNI o en un documento identificativo equivalente. El artículo 9.1 no habla del domicilio, del padrón, de la firma manuscrita ni del Registro Civil.

La aceptación por la Administración General del Estado sirve para acreditar la identificación electrónica frente a todas las Administraciones Públicas, pero salvo prueba en contrario: no es una acreditación que no admita prueba. Tampoco se limita a la propia Administración del Estado ni convierte el sistema en un sistema de firma.

La asistencia del artículo 12.2 es para los interesados que no están obligados a relacionarse electrónicamente (los no incluidos en los apartados 2 y 3 del artículo 14) y que la pidan. Una persona jurídica está en el 14.2, así que no le corresponde, tenga o no medios.

El funcionario usa el sistema de firma electrónica del que está dotado para ello: no se expide un certificado a nombre del interesado, no se usa el sello del órgano y no se digitaliza una firma manuscrita.

El artículo 11.2 dice que las Administraciones «sólo» requerirán firma para las actuaciones de su lista; fuera de ella basta la identificación. La lista no se amplía por estar obligado a relacionarse electrónicamente, por el acuerdo de iniciación ni por aportar originales.

Los recursos técnicos tienen que estar en territorio de la Unión Europea y, si se tratan categorías especiales de datos, en territorio español: la regla no es la inversa. La decisión de adecuación de la Comisión es la excepción a la prohibición de transferir esos datos a un tercer país, no un lugar donde situar los recursos.

Firmar con uno de los sistemas del artículo 10 acredita ya la identidad: no hace falta identificarse aparte con un sistema del artículo 9 ni aportar después el DNI, y la ley no la deja en suspenso hasta que se valide la firma.