Los interesados en el procedimiento

La disposición adicional quinta nombra el Congreso, el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo, las Asambleas Legislativas autonómicas y las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo. Su actuación administrativa se rige por su normativa específica, en el marco de los principios de la Ley 39/2015. El Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social y el Consejo de Seguridad Nuclear no están en esa lista.

El art. 1.2 reserva a la ley, y solo cuando sea eficaz, proporcionado y necesario y de forma motivada, añadir trámites adicionales o distintos. Por reglamento —el real decreto es el distractor tentador— solo pueden fijarse especialidades: órganos competentes, plazos propios por razón de la materia, formas de iniciación y terminación, publicación e informes.

La salvedad de la letra b) es la del menor incapacitado, y solo cuando la extensión de la incapacitación alcance a los derechos o intereses que se ejercen o defienden. La letra no excluye a los menores de catorce años, a los no emancipados ni los procedimientos sancionadores. La Ley 39/2015 conserva la palabra «incapacitados», aunque el Código Civil ya no la usa desde la Ley 8/2021.

La letra c) de la disposición adicional primera.2 nombra los sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de tráfico y seguridad vial y en materia de extranjería: se rigen por su normativa específica y, supletoriamente, por la Ley 39/2015. Consumo, urbanismo y patrimonio histórico no figuran en esa lista.

El 5.2 permite representar a las personas físicas con capacidad de obrar y a las jurídicas siempre que lo prevean sus Estatutos. La inscripción en el registro electrónico de apoderamientos es un medio de acreditar la representación (5.4), no un requisito para poder ser representante.

El 5.6 no hace caer el acto: lo tiene por realizado siempre que se aporte la acreditación o se subsane el defecto en el plazo que conceda el órgano, que es de diez días, o superior si las circunstancias lo requieren. Ni se tiene por no presentado ni queda a salvo de que se pida la acreditación.

El 6.5 da dos vías: comparecer electrónicamente en la sede electrónica correspondiente, con los sistemas de firma de la ley, o comparecer en persona en una oficina de asistencia en materia de registros. La escritura notarial puede acreditar la representación como cualquier medio válido en Derecho (5.4), pero no es ninguna de las dos formas de otorgarlo apud acta, y tampoco lo es comparecer ante el órgano que tramita.

La letra c) del 2.2 las sitúa en el sector público institucional y las remite a su normativa específica, con la Ley 39/2015 como supletoria. El distractor tentador invierte el orden: la ley no es la norma principal con la normativa universitaria de supletoria, sino al revés.

El 6.4 admite tres tipos de poder inscribible: el general, para cualquier actuación ante cualquier Administración; el que vale para cualquier actuación ante una Administración u organismo concreto, y el que sirve únicamente para los trámites especificados en el poder. Este último es el del enunciado, y la letra c) no pide nada sobre quién sea el apoderado.

El 6.6 fija una validez máxima de cinco años desde la inscripción; antes de que acabe, el poderdante puede revocar o prorrogar el poder, y cada prórroga vale también un máximo de cinco años. Cuatro años es el plazo de la ley para declarar lesivo un acto anulable (art. 107), no la vida de un poder.

Cuando la condición de interesado deriva de una relación jurídica transmisible, el 4.3 hace suceder al derecho-habiente cualquiera que sea el estado del procedimiento. No hay corte por fases, el procedimiento no se archiva y el transmitente no conserva la condición en exclusiva.

La letra c) condiciona su capacidad de obrar a que una ley la declare expresamente. Designar un representante no se la da: el art. 5.1 habla de los interesados con capacidad de obrar que actúan por medio de representante, y ni un registro ni el órgano que tramita pueden suplir la declaración de la ley.

El 6.7 deja dirigir la revocación a cualquier registro, pero la circunstancia tiene que inscribirse en el registro de la Administración u organismo ante el que tiene efectos el poder, y surte efectos desde esa inscripción. La fecha que cuenta no es la de presentación, ni la del día siguiente, ni la de una notificación al apoderado.

El 5.3 exige acreditar la representación para formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones, interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otro. En los actos y gestiones de mero trámite, la representación se presume.

El art. 8 obliga a comunicar la tramitación del procedimiento a quien, en un procedimiento sin publicidad, resulte identificado en el expediente como titular de derechos o intereses legítimos y directos que puedan verse afectados. La información pública es otro trámite (art. 83), y el art. 8 no la menciona: lo que exige es esa comunicación.

El art. 7 manda entenderse con el representante o el interesado que hayan señalado expresamente y, a falta de esa designación, con el que figure en primer término. Ni se dirigen las actuaciones a todos por separado ni elige el órgano.

La letra b) del art. 3 no fija una edad: les da capacidad de obrar para los derechos e intereses cuya actuación se les permite sin la asistencia de quien ejerza la patria potestad, tutela o curatela. Los catorce años son la edad para hacerse cargo de una notificación en papel (art. 42.2), no un umbral de capacidad, y la ley no la hace depender de una autorización ni del órgano.

La regla del 5.1 es entenderse con el representante, y la salvedad, que el interesado manifieste expresamente lo contrario. El primer distractor invierte la regla, y el tercero se salta la salvedad.

La letra b) hace interesado a quien, sin haber iniciado el procedimiento, tenga derechos que puedan resultar afectados, sin pedirle nada más. La letra c) es la que exige personarse, en tanto no haya recaído resolución definitiva, a quien solo tiene intereses legítimos afectados. El distractor tentador cruza las dos letras.