Los capítulos III y IV del título IV de la Ley 39/2015: el expediente, el impulso, las alegaciones, la prueba, los informes, el trámite de audiencia y la información pública.
Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta.
Según la Ley 39/2015, salvo disposición expresa en contrario, ¿qué carácter tienen los informes?
Facultativos y no vinculantes
Facultativos y vinculantes
Preceptivos y no vinculantes
Preceptivos y vinculantes
La regla general son los informes facultativos y no vinculantes; lo contrario lo tiene que decir una disposición expresa. «Preceptivos» tienta porque muchos informes lo son, pero solo cuando una norma lo establece.
Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes.
Antes de la resolución que pone fin al procedimiento, el instructor pidió un informe facultativo a otro órgano de la misma Administración. Según el artículo 70.4, ¿forma parte del expediente?
No, porque es un informe entre órganos de la misma Administración
Sí, pero solo si su contenido vincula al órgano que resuelve
No, porque del expediente solo forman parte los informes de carácter preceptivo
Sí, porque se solicitó antes de la resolución que pone fin al procedimiento
El 70.4 deja fuera los informes internos o entre órganos, pero con una salvedad: los informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución que pone fin al procedimiento sí entran. Que sea facultativo no lo excluye, y el artículo no exige que sea vinculante.
No formará parte del expediente administrativo la información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en aplicaciones, ficheros y bases de datos informáticas, notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas, así como los juicios de valor emitidos por las Administraciones Públicas, salvo que se trate de informes, preceptivos y facultativos, solicitados antes de la resolución administrativa que ponga fin al procedimiento.
Según la Ley 39/2015, el expediente administrativo reúne los documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución. ¿Qué más lo integra?
Los borradores y notas de quien tramita el procedimiento
Los juicios de valor emitidos por la Administración
Las diligencias encaminadas a ejecutar la resolución
Las bases de datos que consultó el órgano instructor
El expediente no se acaba en la resolución: el 70.1 incluye también las diligencias encaminadas a ejecutarla. Los borradores, las notas, los juicios de valor y las bases de datos son justo lo que el 70.4 deja fuera como información auxiliar o de apoyo.
Se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla.
Según la Ley 39/2015, los expedientes de homogénea naturaleza se despachan por el orden riguroso de incoación. ¿Quién puede apartarse de ese orden, y cómo?
El titular de la unidad administrativa, mediante orden motivada
El titular de la unidad administrativa, a petición de un interesado
El órgano competente para resolver, mediante orden motivada
El órgano competente para resolver, a petición de un interesado
La salvedad del 71.2 tiene dos piezas: la decide el titular de la unidad administrativa, no el órgano que resuelve, y lo hace por orden motivada de la que quede constancia. El artículo no prevé que el orden se altere a petición de un interesado.
En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.
Según la Ley 39/2015, ¿cuándo puede el instructor rechazar las pruebas que proponen los interesados?
Cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias
Cuando no le parezcan determinantes para resolver
Cuando se propongan una vez abierto el período de prueba
Cuando su práctica requiera la asistencia de técnicos
El 77.3 solo admite dos causas, que la prueba sea manifiestamente improcedente o innecesaria, y exige resolución motivada. No basta con que al instructor no le parezca determinante, y el artículo no prevé el rechazo por el momento de la propuesta ni porque haga falta un técnico: el 78.2 permite al interesado nombrarlos.
El instructor del procedimiento sólo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.
A un interesado que no cumplimentó un trámite en plazo se le puede declarar decaído en su derecho a él. Según el artículo 73.3, ¿hasta cuándo se admite aún su actuación, con sus efectos legales?
Hasta diez días después de que haya vencido el plazo del trámite
Hasta el día en que se dicta la resolución que lo tiene por transcurrido
Hasta el día en que se notifica la resolución que lo tiene por transcurrido
Hasta que se dicta la resolución que pone fin al procedimiento
El 73.3 cuenta hasta el día en que se notifica, no en que se dicta, la resolución que tiene por transcurrido el plazo: la actuación hecha antes o dentro de ese día produce sus efectos. No hay un margen fijo de diez días tras el vencimiento.
A los interesados que no cumplan lo dispuesto en los apartados anteriores, se les podrá declarar decaídos en su derecho al trámite correspondiente. No obstante, se admitirá la actuación del interesado y producirá sus efectos legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución en la que se tenga por transcurrido el plazo.
Según la Ley 39/2015, ¿en qué momento se pone de manifiesto el procedimiento a los interesados en el trámite de audiencia?
Antes de que el instructor acuerde abrir el período de prueba
Inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución
Al notificarles el acuerdo de iniciación del procedimiento
Una vez dictada la resolución y antes de notificarla
La audiencia va al final de la instrucción: una vez instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución. No acompaña a la iniciación ni a la prueba, y después de resolver ya no cabe.
Instruidos los procedimientos, e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrán de manifiesto a los interesados o, en su caso, a sus representantes, para lo que se tendrán en cuenta las limitaciones previstas en su caso en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
En los procedimientos sancionadores, ¿qué hechos vinculan a las Administraciones Públicas según el artículo 77.4 de la Ley 39/2015?
Los declarados probados por resoluciones judiciales penales no firmes
Los declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes
Los declarados probados por resoluciones judiciales civiles firmes
Los declarados probados por resoluciones sancionadoras firmes
Hacen falta dos rasgos: la resolución ha de ser judicial penal y firme. Una sentencia penal todavía recurrible no vincula, y el 77.4 no da ese efecto a las resoluciones civiles ni a las sanciones administrativas firmes.
En los procedimientos de carácter sancionador, los hechos declarados probados por resoluciones judiciales penales firmes vincularán a las Administraciones Públicas respecto de los procedimientos sancionadores que substancien.
Varias personas presentan alegaciones en un trámite de información pública. Según la Ley 39/2015, ¿qué derecho tienen frente a la Administración?
A que se las tenga por interesadas en el procedimiento
A un trámite de audiencia propio, como los interesados
A una respuesta individual, aunque planteen lo mismo
A una respuesta razonada, que puede ser común si plantean lo mismo
Comparecer en la información pública no da, por sí solo, la condición de interesado. Lo que el 83.3 reconoce a quien alega es una respuesta razonada, que puede ser común para las alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales: no exige una respuesta individual para cada una.
La comparecencia en el trámite de información pública no otorga, por sí misma, la condición de interesado. No obstante, quienes presenten alegaciones u observaciones en este trámite tienen derecho a obtener de la Administración una respuesta razonada, que podrá ser común para todas aquellas alegaciones que planteen cuestiones sustancialmente iguales.
Según la Ley 39/2015, ¿de qué plazo disponen los interesados en el trámite de audiencia para alegar y presentar documentos?
De diez a quince días
De diez a veinte días
De quince a veinte días
De quince a treinta días
No menos de diez días ni más de quince. Al menos veinte es el plazo de alegaciones de la información pública (83.2), y treinta, el techo del período de prueba (77.2).
Los interesados, en un plazo no inferior a diez días ni superior a quince, podrán alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
En un procedimiento de responsabilidad patrimonial, ¿a quién es preceptivo solicitar informe según la Ley 39/2015?
Al órgano competente para el asesoramiento jurídico
Al Consejo General del Poder Judicial, en todo caso
Al servicio cuyo funcionamiento ocasionó la presunta lesión
A la entidad aseguradora de la responsabilidad de la Administración
El 81.1 hace preceptivo el informe del servicio cuyo funcionamiento habría ocasionado la lesión, con diez días como máximo para emitirlo. El del Consejo General del Poder Judicial solo es preceptivo en las reclamaciones por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (81.3).
En el caso de los procedimientos de responsabilidad patrimonial será preceptivo solicitar informe al servicio cuyo funcionamiento haya ocasionado la presunta lesión indemnizable, no pudiendo exceder de diez días el plazo de su emisión.
¿En qué caso permite el artículo 82.4 de la Ley 39/2015 prescindir del trámite de audiencia?
Cuando ya se haya abierto antes un período de información pública
Cuando el procedimiento se tramite por razones de urgencia
Cuando el interesado ya presentó sus alegaciones durante la instrucción
Cuando solo cuenten los hechos, alegaciones y pruebas del interesado
Solo se prescinde de la audiencia si en el procedimiento no figuran ni se tienen en cuenta otros hechos, alegaciones y pruebas que los del propio interesado. Haber alegado antes no basta, y la ley no dispensa de la audiencia por haber abierto información pública ni por tramitar por urgencia.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por el interesado.
Según el artículo 74 de la Ley 39/2015, ¿qué cuestión incidental suspende la tramitación del procedimiento?
La nulidad de las actuaciones practicadas
La recusación de quien interviene
La incompetencia del órgano que tramita
La acumulación con otro procedimiento
El 74 dice que las cuestiones incidentales no suspenden la tramitación, «incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones», salvo la recusación. La nulidad es el distractor tentador porque el artículo la nombra, pero para decir que tampoco suspende.
Las cuestiones incidentales que se susciten en el procedimiento, incluso las que se refieran a la nulidad de actuaciones, no suspenderán la tramitación del mismo, salvo la recusación.
Según la Ley 39/2015, ¿qué plazo mínimo tiene que dar el anuncio de información pública para formular alegaciones?
Cinco días
Quince días
Veinte días
Treinta días
Veinte días como mínimo: «en ningún caso podrá ser inferior». Quince es el techo del trámite de audiencia (82.2), que no hay que confundir con la información pública.
El anuncio señalará el lugar de exhibición, debiendo estar en todo caso a disposición de las personas que lo soliciten a través de medios electrónicos en la sede electrónica correspondiente, y determinará el plazo para formular alegaciones, que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.
Un interesado alega en el procedimiento que ha sido discriminado y aporta indicios fundados de ello. Según la Ley 39/2015, ¿a quién corresponde justificar las medidas adoptadas?
Al interesado que alega la discriminación
Al órgano instructor del procedimiento
A la persona a quien se imputa la discriminación
A los organismos públicos competentes en igualdad
Con indicios fundados, el 77.3 bis traslada la carga: aporta la justificación objetiva y razonable quien tiene imputada la situación discriminatoria. A los organismos de igualdad el órgano solo puede pedirles informe; no son ellos quienes justifican las medidas.
Cuando el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su existencia, corresponderá a la persona a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
En un procedimiento del que forma parte el dictamen del Consejo de Estado, ¿qué orden fija el artículo 82.1 entre la audiencia a los interesados y la solicitud de ese dictamen?
La audiencia va antes de solicitar el dictamen
La audiencia va después de recibir el dictamen
La audiencia va entre la solicitud y su recepción
La audiencia y la solicitud se acuerdan a la vez
El 82.1 dice que la audiencia será anterior a la solicitud del dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, y lo mismo para el informe del órgano de asesoramiento jurídico. Dar audiencia con el dictamen ya pedido o recibido invierte el orden de la ley.
La audiencia a los interesados será anterior a la solicitud del informe del órgano competente para el asesoramiento jurídico o a la solicitud del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, en el caso que éstos formaran parte del procedimiento.
Según la Ley 39/2015, ¿entre qué límites se fija el período de prueba que acuerda el instructor, sin contar el extraordinario?
De cinco a quince días
De diez a quince días
De diez a veinte días
De diez a treinta días
El período de prueba va de diez a treinta días. De diez a quince es la horquilla del trámite de audiencia (82.2), y el período extraordinario que el instructor puede abrir a petición de los interesados no pasa de diez días.
el instructor del mismo acordará la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días ni inferior a diez, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.
En un procedimiento de responsabilidad patrimonial en que es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado, ¿en qué plazo ha de emitirse ese dictamen, según la Ley 39/2015?
Diez días
Un mes
Dos meses
Seis meses
Dos meses, el mismo plazo máximo que el 81.3 da al informe del Consejo General del Poder Judicial. Diez días es el plazo máximo del informe del servicio que causó la lesión (81.1), y seis meses, el plazo tras el cual puede entenderse que la resolución es contraria a la indemnización (91.3), no el del dictamen.
El dictamen se emitirá en el plazo de dos meses y deberá pronunciarse sobre la existencia o no de relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y la lesión producida y, en su caso, sobre la valoración del daño causado y la cuantía y modo de la indemnización de acuerdo con los criterios establecidos en esta Ley.
Antes de que venza el plazo de audiencia, el interesado comunica que no hará alegaciones ni aportará nuevos documentos. Según la Ley 39/2015, ¿qué ocurre?
Se le tiene por decaído en su derecho
Se tiene por realizado el trámite
Hay que esperar a que venza el plazo
Se entiende que desiste de su solicitud
El 82.3 da el trámite por realizado sin esperar al vencimiento. Renunciar a alegar no es desistir de la solicitud, y el decaimiento del 73.3 es para quien no cumple un trámite en plazo, no para quien manifiesta que no lo hará.
Si antes del vencimiento del plazo los interesados manifiestan su decisión de no efectuar alegaciones ni aportar nuevos documentos o justificaciones, se tendrá por realizado el trámite.
Un informe que debía emitir otra Administración Pública, sobre el punto de vista de sus competencias, llega cuando su plazo ya ha vencido. ¿Qué dice de él el artículo 80.4 de la Ley 39/2015?
Que deberá tenerse en cuenta, por proceder de otra Administración
Que solo se tendrá en cuenta si favorece al interesado
Que obliga a retrotraer las actuaciones para valorarlo
Que podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la resolución
Si el informe de otra Administración no llega en plazo, el 80.4 permite proseguir las actuaciones, y si llega tarde, el órgano puede no tenerlo en cuenta: es una facultad, no un deber de considerarlo ni de retrotraer. Tampoco depende de que favorezca al interesado.
Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la que tramita el procedimiento en orden a expresar el punto de vista correspondiente a sus competencias respectivas, y transcurriera el plazo sin que aquél se hubiera emitido, se podrán proseguir las actuaciones. El informe emitido fuera de plazo podrá no ser tenido en cuenta al adoptar la correspondiente resolución.
Según la Ley 39/2015, ¿qué órgano puede acordar un período de información pública cuando la naturaleza del procedimiento lo requiera?
El órgano instructor de ese procedimiento
El órgano al que corresponde resolverlo
El titular de la unidad que lo tramita
El órgano consultivo que lo dictamina
Lo acuerda el órgano al que corresponde la resolución, no el instructor, y es potestativo: «podrá acordar».
El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la naturaleza de éste lo requiera, podrá acordar un período de información pública.
A petición de un interesado deben practicarse pruebas con gastos que la Administración no tiene por qué soportar. Según la Ley 39/2015, ¿qué puede hacer la Administración?
Exigirle el anticipo, a reserva de la liquidación definitiva
Rechazar la prueba por los gastos que su práctica le supone
Exigirle una fianza que pierde si la prueba no prospera
Practicarla y cargarle el gasto en la resolución final
El 78.3 no autoriza a rechazar la prueba por su coste: permite exigir el anticipo de los gastos y practicar la liquidación definitiva una vez hecha la prueba, con los comprobantes. Ni la fianza que se pierde ni el cargo en la resolución están en el artículo.
En los casos en que, a petición del interesado, deban efectuarse pruebas cuya realización implique gastos que no deba soportar la Administración, ésta podrá exigir el anticipo de los mismos, a reserva de la liquidación definitiva, una vez practicada la prueba.
Cuando la prueba de un procedimiento consiste en un informe de un órgano administrativo, ¿qué establece el artículo 77.6 de la Ley 39/2015 sobre ese informe?
Que se entiende que tiene carácter vinculante
Que tiene carácter facultativo y no vinculante
Que solo cabe pedirlo a instancia del interesado
Que se entiende que tiene carácter preceptivo
El 77.6 se aparta de la regla general de los informes, que son facultativos y no vinculantes salvo disposición en contrario (80.1): el informe que es prueba se entiende preceptivo. Sobre si vincula, el 77.6 no dice nada.
Cuando la prueba consista en la emisión de un informe de un órgano administrativo, organismo público o Entidad de derecho público, se entenderá que éste tiene carácter preceptivo.
Según la Ley 39/2015, cuando un expediente se remite, ¿qué ha de incluir además de los documentos agregados?
Un informe del instructor que resuma toda su tramitación
Un índice numerado de todos los documentos que contenga
Una diligencia del instructor que certifique su cierre
Una relación de los plazos cumplidos en cada trámite
El 70.2 exige el índice numerado de todos los documentos cuando el expediente se remite, y el 70.3 añade que ese índice vaya autentificado. El resumen del instructor, la diligencia de cierre y la relación de plazos no figuran entre lo que pide el artículo.
Los expedientes tendrán formato electrónico y se formarán mediante la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, informes, acuerdos, notificaciones y demás diligencias deban integrarlos, así como un índice numerado de todos los documentos que contenga cuando se remita.