Los recursos administrativos

Se devuelve el procedimiento al punto en que se cometió el vicio para repetirlo bien, sin perjuicio de que pueda convalidarse (art. 52). El vicio de forma no es causa de inadmisión del recurso ni lleva por sí solo a la nulidad.

Las cuatro circunstancias del art. 125.1 son el error de hecho que resulta del expediente, los documentos esenciales que evidencian el error, los documentos o testimonios declarados falsos y la conducta punible declarada por sentencia. Prescindir del procedimiento es causa de nulidad (art. 47.1.e), que se hace valer por otras vías, como la revisión de oficio.

Un mes, el mismo que hay para interponerla contra un acto expreso. Tres meses es el plazo para resolver la alzada, y es el error típico al cruzar los dos recursos.

La reposición es potestativa: el interesado elige entre pedirla o acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa. No es un paso obligado, y la alzada no procede porque el acto ya agotó la vía.

Las dos circunstancias son los perjuicios de imposible o difícil reparación y la impugnación fundada en una causa de nulidad de pleno derecho. La anulabilidad no basta, y pedir la suspensión es solo una de las dos vías para iniciarla (también cabe de oficio), no una causa.

Quien elige la reposición tiene que esperar a que termine: a su resolución expresa o a la desestimación presunta. No hace falta esperar a la expresa, porque el silencio también abre la vía judicial.

El plazo de un mes solo rige contra actos expresos. Contra un acto presunto, la alzada cabe en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se producen los efectos del silencio, sin que el tiempo transcurrido la cierre.

El art. 125.3 deja a salvo las dos vías: la solicitud de revisión de oficio del art. 106 y la rectificación de errores del art. 109.2, con derecho a que se tramiten y resuelvan. La firmeza del acto no cierra la revisión de un acto nulo.

El plazo es de un mes y se cuenta de fecha a fecha desde el día siguiente a la notificación (art. 30.4): vencería el domingo 15 de noviembre. Como es inhábil, se prorroga al primer día hábil siguiente, el lunes 16 (art. 30.5). El viernes 13 sale de adelantar el vencimiento al último día hábil anterior en lugar de prorrogarlo al siguiente, y el 15 de diciembre, de aplicar dos meses, el plazo del contencioso.

La resolución tiene que ser congruente con lo que pidió el recurrente y nunca puede agravar su situación inicial. El órgano sí puede decidir cuestiones que nadie alegó, oyendo antes a los interesados, pero eso no le permite empeorar la posición de quien recurre.

El art. 114.1.e) la incluye entre los actos que agotan la vía administrativa sin distinguir el tipo de relación del que nace el daño: pública o privada, da igual. Por eso contra ella no cabe alzada.

El art. 116 recoge como causas de inadmisión la incompetencia cuando el competente es de otra Administración, la falta de legitimación, el acto no recurrible, el plazo vencido y la carencia manifiesta de fundamento. No citar los preceptos infringidos no figura entre ellas, ni el art. 115.1 lo exige entre lo que debe expresar el escrito.

Un mes, contado desde el día siguiente a la notificación. Dos meses es el plazo del recurso contencioso-administrativo, no el del recurso administrativo; y si el acto no es expreso, no hay plazo: cabe en cualquier momento desde los efectos del silencio.

El silencio en el extraordinario de revisión es desestimatorio, y con él queda expedita la vía judicial. No cabe alzada contra esa desestimación, porque el recurso extraordinario se dirige contra actos firmes y lo resuelve el mismo órgano que dictó el acto.

Es el llamado recurso indirecto: como se ataca la norma a través del acto que la aplica, la ley permite llevarlo directamente al órgano autor de la disposición. No cabe recurrir antes el reglamento en alzada, porque contra las disposiciones generales no hay recurso en vía administrativa.

Caben dos supuestos de inadmisión sin dictamen: que el recurso no se funde en las circunstancias del art. 125.1 o que ya se hayan desestimado en cuanto al fondo otros sustancialmente iguales. Quién dictó el acto, su contenido o que no se pidiera la suspensión no importan para inadmitir.

El mismo órgano que dictó el acto lo recibe y lo resuelve. No interviene el superior jerárquico, como en la alzada; el Consejo de Estado u órgano consultivo autonómico dictamina, pero no resuelve.

Aquí el silencio juega a favor del recurrente: pasado un mes sin resolución expresa, la ejecución se entiende suspendida. Es un efecto que el art. 117.3 fija directamente, y no la desestimación que cabría esperar del silencio en materia de recursos.

La regla es que el acto se sigue ejecutando aunque se recurra; la suspensión es la excepción, porque la establezca una disposición o porque la acuerde el órgano que resuelve en los casos del art. 117.2. No hay diferencia entre alzada y reposición.

Solo se recurren por separado los actos de trámite cualificados: los que deciden el fondo, impiden continuar el procedimiento o producen indefensión o perjuicio irreparable. Que un trámite sea preceptivo o lo acuerde un órgano colegiado no lo convierte en recurrible, y el mero impulso tampoco.