La revisión de oficio

El 106.4 lo dice expresamente: declarada nula una disposición, «subsistan los actos firmes dictados en aplicación de la misma». La nulidad de la disposición no arrastra por sí sola a esos actos, que ni se anulan con ella ni quedan en suspenso.

Para los actos favorables anulables, el 107.1 prevé declararlos lesivos para el interés público e impugnarlos ante el orden contencioso-administrativo. La revocación del 109.1 es de los actos de gravamen o desfavorables, y la declaración de nulidad del 106 exige un supuesto del 47.1, no del 48. La declaración de lesividad no anula el acto: es el paso previo para impugnarlo ante los tribunales.

El 106.2 dice que las Administraciones, «de oficio», podrán declarar la nulidad de las disposiciones «en los supuestos previstos en el artículo 47.2». La solicitud de interesado que el 106.1 admite para los actos no aparece en el 106.2, y el 47.1 es la lista de los actos nulos, no la de las disposiciones.

El artículo 106.1 permite declarar la nulidad «en cualquier momento». Los cuatro años desde que se dictó el acto son el límite de la declaración de lesividad de los actos anulables (107.2), y los tres meses desde el conocimiento son del recurso extraordinario de revisión fuera del error de hecho (125.2).

En la Administración local la adopta «el Pleno de la Corporación» o, en su defecto, el órgano colegiado superior de la entidad (107.5). El órgano competente en la materia es la regla para los actos de la Administración General del Estado y de las comunidades autónomas (107.4), cada una para los suyos.

El 107.2 dice que la declaración de lesividad «no será susceptible de recurso», y que puede notificarse a los interesados «a los meros efectos informativos». Su examen queda para el proceso judicial, como presupuesto procesal de admisibilidad de la acción; la ley no prevé ninguna excepción por la causa en que se funde.

El 111.b).2.º atribuye a los Secretarios de Estado la revisión de los actos de los órganos directivos que dependen de ellos. Al Ministro le corresponden los actos de los Secretarios de Estado y de los órganos directivos que no dependen de una Secretaría de Estado, y al Consejo de Ministros, los suyos y los de los Ministros.

Si el procedimiento se inició de oficio, el transcurso de seis meses desde su inicio sin resolución produce su caducidad (106.5). Ni se entiende declarada la nulidad ni confirmado el acto, y la Administración puede iniciar otro procedimiento (art. 95.3), con los límites del art. 110.

El 108 permite suspender la ejecución cuando «pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación». Es una facultad del órgano («podrá»), y la condición es el perjuicio de imposible o difícil reparación, no cualquier perjuicio a terceros. El artículo no la condiciona a una petición del interesado ni a una caución, ni al dictamen del Consejo de Estado.

El 106.1 alcanza a los actos «que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo». No exige sentencia firme, y el acto que aún está en plazo de alzada o de reposición, o con un recurso pendiente, no ha puesto fin a la vía ni ha dejado pasar el plazo de recurso.

La declaración de lesividad no puede adoptarse «una vez transcurridos cuatro años desde que se dictó el acto». Los seis meses son otra cosa: el plazo de caducidad del procedimiento de lesividad, que se cuenta desde su iniciación (107.3).

El 109.1 permite revocar «sus actos de gravamen o desfavorables». Un acto favorable anulable no se revoca: se declara lesivo y se impugna en el contencioso (107.1); y un acto nulo no recurrido en plazo va por la revisión de oficio del 106.

El 110 impide la revisión cuando, por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido o por otras circunstancias, su ejercicio resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes. La firmeza por no recurrir en plazo no la impide: el 106.1 nombra esos actos entre los revisables, y los anulables tienen su propio cauce, la lesividad (107).

El 106.1 condiciona la declaración de nulidad al «dictamen favorable» del órgano consultivo, si lo hubiere: no basta con pedirlo, tiene que ser favorable. El distractor tentador es el dictamen preceptivo pero no vinculante, que es justo lo que el artículo no dice.

La revocación no puede constituir dispensa o exención no permitida por las leyes, ni ser contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico, y tiene que acordarse mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción. El artículo no exige la petición del interesado, ni que el acto no sea firme, ni que la acuerde el superior.