Las políticas públicas para la igualdad efectiva de las personas LGTBI

El art. 27.2 encarga a los poderes públicos fomentar, en los medios de titularidad pública y en los que perciben subvenciones, la sensibilización y el respeto a la diversidad en orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, y adoptar medidas para eliminar los contenidos que puedan incitar al odio, la discriminación o la violencia contra las personas LGTBI. El verbo es fomentar: la ley no prevé ahí una autorización previa de contenidos, un órgano propio de control ni cuotas de programación.

El art. 12.1 manda a las Administraciones seguir impartiendo formación inicial y continuada al personal a su servicio sobre esa diversidad y sobre la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, y dedicar especial atención al de ámbitos como la salud, la educación, los servicios sociales, la justicia, las fuerzas y cuerpos de seguridad o las fuerzas armadas, entre otros. La formación no se agota al acceder al puesto, y la atención especial a esos ámbitos no deja fuera al resto del personal.

La disposición adicional segunda reparte la fuerza del mandato: las Administraciones «garantizarán» el acceso en plena igualdad de oportunidades a las viviendas de promoción pública y «velarán» por que no haya discriminación en el acceso a las de alquiler. El verbo cambia según la vivienda: no es el mismo para las dos, y el reparto no es el inverso.

El art. 36.4 pone tres condiciones: que al menos uno de los contrayentes sea español, que al menos uno esté domiciliado en la demarcación consular y que las autoridades del Estado receptor no se opongan expresamente. No hace falta que los dos sean españoles ni que los dos vivan en la demarcación, y basta con que no haya oposición expresa: no se pide una autorización del Estado receptor.

El art. 13 obliga a las Administraciones competentes a adoptar las medidas necesarias para procurar que la documentación administrativa y los formularios se adecúen a la diversidad en orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, y a la diversidad familiar. Es un mandato de medios («procurar»): no impone modelos únicos de un ministerio, no espera a que lo pida la persona interesada ni a que el documento se renueve por otro motivo.

El art. 19.2 distingue por edades. Por debajo de los doce años prohíbe toda modificación genital, salvo que las indicaciones médicas exijan lo contrario para proteger la salud; entre los doce y los dieciséis, la permite solo a solicitud de la propia persona menor, siempre que por su edad y madurez pueda consentir de manera informada. A los catorce años no basta la decisión de los representantes legales, no hay una prohibición absoluta y la ley no pide aquí autorización judicial.

El art. 26.3 remite, para las prácticas, eventos y competiciones del deporte federado, a la normativa específica nacional, autonómica e internacional, incluidas las normas antidopaje, que de modo justificado y proporcionado tenga por objeto evitar ventajas competitivas contrarias al principio de igualdad. Esa es la condición: la ley no exige que la apruebe el Consejo Superior de Deportes ni que la acuerde cada federación, y no la limita a la normativa internacional.

El art. 38.3 prohíbe utilizar medios orientados a probar la orientación o la identidad sexual que puedan vulnerar los derechos fundamentales de la persona solicitante. El mismo artículo dice lo contrario de las demás opciones: las entrevistas las hace personal cualificado y con formación suficiente, la unidad familiar se aplica sin discriminación en el procedimiento y en la acogida, y cada año se publica el número de personas reconocidas como refugiadas por estas causas.

El art. 20.1 se lo encarga al Gobierno, que lo incluye entre los aspectos básicos del currículo junto con el principio de igualdad de trato y no discriminación por las causas de la ley. Los aspectos básicos no los fijan los centros en su proyecto ni cada comunidad autónoma por su cuenta; y las universidades aparecen en el mismo artículo para otra cosa, los planes de estudio de los títulos que habilitan para profesiones docentes, sanitarias y jurídicas.

El art. 16.2 garantiza el acceso a esas técnicas a las mujeres lesbianas, bisexuales y sin pareja, en igualdad con el resto de mujeres, y también a las personas trans con capacidad de gestar, sin discriminación por motivos de identidad sexual. No exige haber rectificado la mención registral del sexo, no extiende la garantía a quien no puede gestar y no fija ninguna edad para las personas intersexuales.

El art. 17 prohíbe esas prácticas «en cualquier forma» cuando están destinadas a modificar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género de las personas. La prohibición no se ciñe a la orientación sexual, ni a los centros sanitarios, ni a las que se ofrecen al público, ni a unas técnicas concretas.

El art. 10 da a la Estrategia carácter cuatrienal y la hace aprobar por Acuerdo del Consejo de Ministros, después de que la elabore el Ministerio con la participación de los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y las organizaciones sociales. Lo anual no es la Estrategia, sino el informe de seguimiento de su ejecución; y las Cortes Generales no intervienen en su aprobación.