Los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género

El art. 17.3 obliga a las administraciones competentes, sin condicionarlo al presupuesto, a garantizar su normal funcionamiento y, si hace falta, a adaptarlos a las necesidades de las víctimas en esa situación excepcional. No traslada la prestación al Gobierno ni la reduce a la atención a distancia, que es otro de los servicios esenciales.

El art. 20.6 da al abogado o abogada designado para la víctima la representación procesal hasta que se designe procurador, mientras ella no se haya personado como acusación; hasta entonces también señala el domicilio para notificaciones. Ni el Fiscal, ni el letrado de la Administración de Justicia, ni la oficina de asistencia la representan.

El art. 18.2 manda garantizar, con los medios necesarios, que las mujeres con discapacidad tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y recursos, ofrecida en formato accesible y comprensible: lengua de signos u otras modalidades de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos. No es la forma general con un intérprete a petición, no pasa por quien ejerza los apoyos ni espera a que se reconozca un grado de discapacidad.

El art. 19 bis.1 no fija un plazo ni lo ata al proceso: el seguimiento de la evolución de su estado de salud llega hasta su total recuperación, en lo que toca a la sintomatología o las secuelas psíquicas y físicas de la violencia. Ni la sentencia, ni la orden de protección, ni un plazo contado desde la denuncia lo cortan.

El art. 20.7 permite personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento, pero eso no retrotrae ni reitera lo ya actuado ni puede mermar el derecho de defensa del acusado. No hay un plazo que cierre la puerta ni hace falta autorización del Fiscal.

La disposición adicional primera.1, en su párrafo segundo, destina esa pensión a incrementar las pensiones de orfandad, si las hubiese, siempre que la legislación del régimen de Seguridad Social de que se trate establezca ese incremento. No pasa a los ascendientes ni a la comunidad autónoma, y tampoco se pierde sin más.

El art. 20.1 extiende el derecho a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, con un único límite: que no hayan participado en los hechos. No lo reduce a los descendientes menores ni lo condiciona a que la víctima se hubiera personado antes.

El art. 22 dirige el programa a las víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo, e incluye medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia. No lo condiciona a haber perdido un empleo ni a tener una orden de protección, y no lo vincula a la ayuda económica del art. 27.

La disposición adicional decimonovena garantiza el pago de los alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas menores de edad, en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial, a través de una legislación específica que tendrá en cuenta las circunstancias de las víctimas de violencia de género. No alcanza a la pensión compensatoria de la víctima, a la indemnización del delito ni a la hipoteca.

El art. 28 ter.3 la pone a cargo de la persona o personas civil o penalmente responsables, de acuerdo con la normativa vigente. Las administraciones aseguran que la víctima tenga acceso efectivo a ella (28 ter.2) y pueden dar ayudas complementarias, pero el precepto no las hace pagadoras de la indemnización.

El art. 27.1 pide que, por su edad, su falta de preparación general o especializada y sus circunstancias sociales, se presuma que tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y que por eso no participará en los programas de empleo para su inserción. No exige haber pasado antes por un programa, ni tener personas a su cargo, ni una sentencia firme.

El art. 19.1 encarga su organización a las comunidades autónomas y a las Corporaciones Locales. La Administración General del Estado interviene de otro modo: en los instrumentos de cooperación con las comunidades autónomas se compromete a aportar recursos financieros para estos servicios (art. 19.6). El Sistema Público de Salud se ocupa de la atención sanitaria, que es otro derecho.

El art. 20.1 sitúa el asesoramiento en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, para que la víctima llegue a ella asesorada. No espera a que haya denuncia, ni a una orden de protección, ni a que se abra un proceso.

El art. 20.1 quiere una sola dirección letrada para todos los procesos y procedimientos administrativos con causa directa o indirecta en la violencia, con una condición: que así quede debidamente garantizado su derecho de defensa. El Ministerio Fiscal no es su abogado, y la defensa no se reparte por órdenes ni por procesos a la espera de que ella pida una sola: la regla es una sola dirección letrada.

El art. 23 deja la lista abierta: vale también «cualquier otro título», siempre que lo prevean las disposiciones sectoriales que regulan el acceso a cada uno de los derechos y recursos. La apertura no depende del Fiscal ni de una declaración de la víctima.

La ley nombra la sentencia condenatoria, la orden de protección u otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, el informe del Ministerio Fiscal que indique indicios de que es víctima, y el informe de los servicios sociales, de los especializados o de los de acogida de la Administración competente. La denuncia sola, el atestado y una declaración de la propia víctima no figuran entre ellos.

El art. 27.3 las financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pero las conceden las Administraciones competentes en materia de servicios sociales. El Servicio Público de Empleo no las concede: emite el informe sobre si el programa de empleo mejoraría de forma sustancial la empleabilidad de la víctima, que se incorpora al procedimiento.

El art. 17.3 los declara servicios esenciales, junto con los de información y orientación, la atención psicosocial inmediata, telefónica y en línea, y el asesoramiento jurídico 24 horas. La ley no los define como complemento ni como subsidiarios de otros servicios, ni deja su prestación a la elección de cada administración.

El art. 23 encarga ese diseño al Gobierno y a las comunidades autónomas, de común acuerdo y en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad. No lo hace el Gobierno solo, ni cada comunidad por su cuenta, ni el poder judicial.

El art. 19.2 enumera la información a las víctimas, la atención psicológica, el apoyo social, el seguimiento de las reclamaciones de sus derechos, el apoyo educativo a la unidad familiar, la formación preventiva en los valores de igualdad y el apoyo a la formación e inserción laboral. La representación en juicio es cosa de la asistencia jurídica, y ni la custodia de los hijos ni una renta mínima figuran en la lista.