Artículos 15 a 20: vida e integridad, libertad ideológica y religiosa, libertad y seguridad personal, intimidad y domicilio, residencia y circulación, y expresión e información.
Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta. Ésta es una pequeña muestra de las 39 preguntas que contiene en total.
Son dos contenidos: sus derechos y las razones de la detención. El 17.3 no obliga a informar de la duración prevista ni del juez, aunque la duración tenga un tope en el 17.2.
de sus derechos y de las razones de su detención
El 17.3 pide que la información se dé «de forma inmediata». Esperar a la primera declaración o a la puesta a disposición judicial llegaría tarde.
Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata
La garantía cubre las diligencias policiales y las judiciales, en los términos que fije la ley. El 17.3 no menciona diligencias del Ministerio Fiscal, ni la deja a lo que acuerde el juez.
Se garantiza la asistencia de abogado al detenido en las diligencias policiales y judiciales
El 20.1.b) protege la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. La industrial no está en esa enumeración.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
El 18.4 manda a la ley limitar el uso de la informática para proteger el honor, la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos. No habla de acceso universal ni se ciñe a las Administraciones.
La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
La abolición del artículo 15 lleva una sola salvedad: lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. No hay excepción para el terrorismo ni una remisión en blanco al legislador.
Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
«Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.» La integridad física es del artículo 15, la intimidad del 18 y la circulación del 19.
Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.
Dentro de las setenta y dos horas, el detenido sale en libertad o pasa a la autoridad judicial. El 17.2 no menciona al Ministerio Fiscal, y la prisión provisional es otra figura (17.4).
el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial
El 17.1 exige dos cosas: las garantías del propio artículo y una ley que prevea los casos y la forma. Un reglamento no basta, y la sentencia firme no es el único supuesto: el mismo artículo regula la detención preventiva.
Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
El 20.2 excluye «ningún tipo de censura previa». Lo que sí cabe con resolución judicial es el secuestro de publicaciones (20.5), que es otra cosa; y ninguna ley puede abrir la puerta a una censura previa.
El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
El 18.3 solo prevé una salvedad: la resolución judicial. A diferencia del domicilio (18.2), no menciona el flagrante delito.
Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial.
El 20.3 manda a la ley regular su organización y su control parlamentario, y garantizar el acceso de los grupos sociales y políticos significativos. No es un control del Gobierno.
La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público
El 19 prohíbe limitar ese derecho por motivos políticos o ideológicos. De la salud pública o la seguridad nacional no dice nada.
Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.
El 19 empieza «Los españoles tienen derecho». No es «toda persona», que es la fórmula del 17.1 para la libertad y la seguridad.
Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia
El «habeas corpus» busca la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. La prisión provisional sale en el mismo apartado, pero es otra cosa y su plazo lo fija la ley.
La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.
El 16.3 nombra a la Iglesia Católica, pero añade «y las demás confesiones»: la cooperación no es exclusiva de una. El registro y la ley orgánica no están en el artículo.
mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones
Sí, en dos supuestos: con el consentimiento del titular o en caso de flagrante delito. Fuera de ellos, el 18.2 exige resolución judicial: no basta la orden de otra autoridad.
El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
La regla es el tiempo estrictamente necesario para esclarecer los hechos; las setenta y dos horas son solo el tope. Por eso es falso que dure «lo que exija la investigación»: hay un límite fijo.
La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos
El 20.4 nombra especialmente el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia. El orden público es el límite de la libertad religiosa (16.1), no de estas.
y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
El artículo 15 habla de integridad «física y moral». «Psíquica» o «emocional» pueden sonar parecidas, pero no son las palabras del texto.
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral
El 20.5 lo admite «sólo» en virtud de resolución judicial: ni el Gobierno ni el fiscal pueden acordarlo por sí. No choca con la prohibición de censura previa, que es otra garantía.
Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial.
El 18.1 dice «intimidad personal y familiar», y el 18.4 repite la fórmula. El domicilio tiene su propia garantía en el 18.2, y lo laboral no aparece.
a la intimidad personal y familiar
El texto exige que la información le resulte comprensible a quien la recibe; no fija la forma escrita ni una lengua concreta. La asistencia de abogado es otra garantía del mismo apartado.
y de modo que le sea comprensible
Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, y de ahí las relaciones de cooperación del mismo apartado. Nadie está obligado a declarar las suyas (16.2), así que no pueden partir de lo que cada uno declare.
Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española
El 17.3 lo dice sin salvedades: la persona detenida no puede ser obligada a declarar. Ni la orden judicial ni la presencia del abogado lo cambian.
no pudiendo ser obligada a declarar