La Constitución: preámbulo, estructura y disposiciones

Por sorteo, según la disposición transitoria novena, entre grupos de cuatro de la misma procedencia electiva; a estos efectos, los dos del Gobierno y los dos del Consejo General del Poder Judicial contaban como un grupo. Ni la antigüedad ni la edad ni una votación del Pleno decidían.

Que se publicará también «en las demás lenguas de España». La disposición final no habla de boletines autonómicos, ni de una sanción ante las Cortes, ni de una lectura en sesión conjunta.

En el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, y «en su caso»: la Constitución no la impone. Ni un convenio, ni una ley orgánica específica, ni las Juntas Generales aparecen en esa disposición.

El cuarto, el que sigue a los principios rectores de la política social y económica, que son el tercero. El segundo reconoce los derechos y libertades, pero no lleva esa rúbrica.

«Para asegurar a todos una digna calidad de vida». La igualdad real y efectiva es la que el artículo 9.2 encarga promover a los poderes públicos, y el pleno empleo, la política del 40.1: son otros textos con otras palabras. El preámbulo no habla de generaciones futuras.

Los derechos históricos de los territorios forales, que la Constitución ampara y respeta. Las Audiencias Territoriales tienen su propia adicional, la cuarta; el concejo abierto es cosa del artículo 140, y Ceuta y Melilla aparecen en las transitorias, no en las adicionales.

Cierra con una cláusula general: «cuantas disposiciones se opongan» a la Constitución, sin esperar a ninguna declaración del Tribunal Constitucional, sin plazo de adaptación y sin distinguir el rango.

Por el orden de entrada en la Comisión, y el plazo del artículo 151 empezaba a contar para cada uno cuando la Comisión terminaba con el anterior. Ni la Mesa, ni la fecha de aprobación en la asamblea, ni la población deciden el turno.

Un informe previo de la Comunidad Autónoma o, en su caso, del órgano provisional autonómico. Es un informe, no un acuerdo: la Constitución no exige que la Comunidad consienta ni lo ratifique su Parlamento, y no da ningún papel al Senado.

Es el título VII, «Economía y Hacienda». Los otros tres son sus vecinos en el índice, con rúbricas distintas: confundirlos es el error que la pregunta busca.

La decisión del Órgano Foral competente tiene que ratificarse en un referéndum convocado al efecto y aprobarse por mayoría de los votos válidos emitidos, no del censo. La disposición no pide una ley orgánica ni el acuerdo del Consejo General Vasco.

El mismo día de su publicación oficial, sin plazo de espera: lo dice la propia disposición final. Ni la ratificación en referéndum ni la sanción del Rey marcan su entrada en vigor.

Tres años, según la letra c) de la disposición transitoria séptima. Los cinco años tientan porque son los del artículo 148.2 para ampliar competencias, que es otra cosa.

El pie dice «Palacio de las Cortes, a veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho», y debajo firma el Rey. Ni el Palacio Real ni otra fecha aparecen en el texto.

Los que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto y contasen con régimen provisional de autonomía: el plebiscito es lo que los distingue. Ni los derechos forales, ni la insularidad, ni la lengua aparecen en esa disposición.

A sus respectivos Ayuntamientos, mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros. La transitoria quinta no prevé un referéndum de los vecinos ni deja la decisión al Gobierno o a quienes las representan en las Cortes.

Hasta las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución, y con todos sus efectos. Las elecciones generales no son el hito, ni lo es una ley de régimen local o la disolución de los organismos provisionales, que regula otra transitoria, la séptima.

«Una sociedad democrática avanzada», con esas dos palabras y ninguna más. Libertad, justicia o pluralismo aparecen en otros lugares del texto, pero no califican a la sociedad que proclama el preámbulo.

«De los derechos y deberes fundamentales». «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas» es la rúbrica de la sección 1.ª de su capítulo segundo, no la del título.

«Como norma fundamental del Estado», y se lo manda «a todos los españoles, particulares y autoridades». «Norma suprema» o «ley fundamental» suenan parecido, pero no son las palabras de la fórmula.