Artículos 81 a 86: ley orgánica y ordinaria, decretos legislativos y decretos-leyes.
Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta. Ésta es una pequeña muestra de las 28 preguntas que contiene en total.
El 86.2 deja al Reglamento «un procedimiento especial y sumario». La urgencia es la del 86.3, cuando se tramita como proyecto de ley.
para lo cual el Reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.
Las leyes de bases «no podrán en ningún caso» autorizar la modificación de la propia ley de bases: no hay mayoría ni plazo que lo salve.
Las leyes de bases no podrán en ningún caso: a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
El 82.4 pide objeto, alcance, principios y criterios. El rango ya lo fija el 82.1 (rango de ley, nunca en materias del 81), y la autorización para refundir es de la ley ordinaria (82.2 y 82.5), no de la de bases.
Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios que han de seguirse en su ejercicio.
Legislación delegada: Decretos Legislativos (85). El decreto-ley es la norma provisional por urgencia del 86, y la «ley de delegación» es la que dictan las Cortes para delegar.
Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.
Debe decir si es la «mera formulación de un texto único» o si incluye regularizar, aclarar y armonizar. Rango orgánico no puede tener (82.1), y la convalidación es del decreto-ley.
especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales que han de ser refundidos.
El 82.6 permite «fórmulas adicionales de control» en cada ley de delegación, siempre «sin perjuicio» de los Tribunales: se suman a su control, no lo sustituyen.
Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas adicionales de control.
Treinta días desde su promulgación, con el Congreso convocado al efecto si no estuviera reunido, y ha de pronunciarse expresamente. Los quince días son los del Rey para sancionar las leyes (artículo 91).
Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación.
El 81.1 cierra su lista con «las demás previstas en la Constitución»: son orgánicas las que la propia Constitución reserva a ese rango en otros artículos. Ni la urgencia ni la sesión conjunta cambian el rango de una ley.
y las demás previstas en la Constitución.
El 86.1 nombra cuatro límites: las instituciones básicas del Estado, los derechos, deberes y libertades del Título I, el régimen de las Comunidades Autónomas y el Derecho electoral general. Las otras tres no figuran en esa lista.
y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
El Gobierno «está facultado para oponerse» a la proposición o enmienda contraria a la delegación vigente, sin que el 84 le pida dictamen alguno ni distinga el tipo de delegación. Y cabe una proposición de ley que derogue, total o parcialmente, la ley de delegación.
Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación.
La letra del 86.1 habla de «los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I», sin acotar una sección ni remitirse al amparo del 53.2.
a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I
Ha de «pronunciarse expresamente» sobre la convalidación o la derogación. No hay convalidación por silencio, y tramitarlo como ley es una opción aparte (86.3).
El Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación
Sí: el 82 lo permite con delegación expresa, para materia concreta y con plazo fijado. Lo que no cabe es entenderla «concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado».
La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo para su ejercicio.
Se agota «por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente». No hay aprobación ni convalidación posterior: la convalidación es la de los decretos-leyes (86.2).
La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente.
El 82.1 habla de «normas con rango de ley»: el Gobierno las dicta, pero valen como ley. Rango orgánico no pueden tener, porque las materias del 81 no se delegan.
Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley
El 81.1 dice «el régimen electoral general». La misma idea vuelve en el 86.1, que veda al decreto-ley el «Derecho electoral general».
las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general
El 82.1 limita la delegación a materias «no incluidas en el artículo anterior», que son las de ley orgánica. Ni una ley de bases ni la urgencia lo cambian: la urgencia es el presupuesto del decreto-ley (86.1).
sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior.
El presupuesto es la «extraordinaria y urgente necesidad», haya o no Cámaras reunidas. Que una ley lo autorice es lo propio del decreto legislativo (82).
En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes
Se exige «en una votación final sobre el conjunto del proyecto», no artículo por artículo ni en la toma en consideración.
en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Solo el Congreso: el 86.2 no da papel al Senado en la convalidación. Si las Cortes lo tramitan además como proyecto de ley durante ese plazo (86.3), entonces sí intervienen las dos Cámaras.
Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados
Son «disposiciones legislativas provisionales». Delegada es la legislación del decreto legislativo (85), y reglamentarias no son: el 86.1 las llama legislativas.
el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes
El 82.3 dice que la delegación «tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno»: ni siquiera la ley de delegación puede autorizarla.
Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.
Mayoría absoluta del Congreso, la misma que para aprobarla, en votación final sobre el conjunto del proyecto. El 81.2 no exige esa mayoría a cada Cámara.
La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Ley de bases para formar textos articulados; ley ordinaria para refundir varios textos legales en uno solo. Invertirlas es el error clásico.
La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
El 83 les veda autorizar su propia modificación y facultar para dictar normas retroactivas. Las otras tres son justo lo que el 82 les encomienda o les permite.
Las leyes de bases no podrán en ningún caso: a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases. b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.