La Constitución: el título preliminar

El 7 dice que «contribuyen a la defensa y promoción» de esos intereses. Contribuir no es representarlos en exclusiva, y el artículo no les encarga negociar ni gestionarlos por delegación del Gobierno.

El 3.3 promete «especial respeto y protección». No impone enseñarlas ni difundirlas, y no remite a ninguna ley: el mandato está en el propio artículo.

El 8.1 les encarga «defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». La unidad de la Nación tienta, pero no es una misión que el 8.1 nombre.

El deber es de conocerlo; el derecho, de usarlo. Es la asimetría que más se pregunta, y solo se aplica al castellano: de las demás lenguas oficiales no hay deber de conocimiento.

El 8.1 nombra tres: el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. La Guardia Civil no figura en él; las Fuerzas y Cuerpos de seguridad tienen su propio artículo, el 104.

«Interdicción» es prohibición: el 9.3 prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos, sin decir quién la controla ni cuándo deja de perseguirse. Que los Tribunales controlen la actuación administrativa lo dice otro artículo, el 106.1.

El 4.2 dice «en sus edificios públicos y en sus actos oficiales»: las dos cosas, y por mandato de la propia Constitución («se utilizarán»), sin depender de una autorización del Gobierno.

El 8.2 reserva a «una ley orgánica» las bases de la organización militar. Ajustarse a los principios de la Constitución es una condición más de esa ley, no una alternativa a su rango; y no las deja en manos del Gobierno.

La fija la propia Constitución: «La capital del Estado es la villa de Madrid». No la remite a una ley de las Cortes, a un decreto del Gobierno ni a ningún Estatuto.

El 1.2 dice que de ese titular «emanan los poderes del Estado»: todos, sin señalar uno en particular. No hace emanar de él los derechos fundamentales, que el 10.1 llama «inherentes» a la persona, ni los valores superiores, que según el 1.1 España «propugna», ni la voluntad de los partidos.

El 9.2 habla de dos: «la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra». La justicia y el pluralismo no están en este apartado.

Sí: el 7 repite, palabra por palabra, la exigencia que el 6 pone a la estructura interna y al funcionamiento de los partidos, y la extiende a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales. Las Fuerzas Armadas están en el título preliminar (8), pero ese artículo no les exige nada parecido; las confesiones (16) y las fundaciones (34) tienen su artículo fuera de él. Fuera del título preliminar, la Constitución repite la exigencia para los Colegios Profesionales (36) y las organizaciones profesionales (52).

El 6 los llama «instrumento fundamental para la participación política». Ni la representación del Estado, ni la defensa del interés general, ni el control del poder ejecutivo aparecen en el artículo: lo que les atribuye es la participación.

El 9.3 garantiza la irretroactividad de las disposiciones «restrictivas de derechos individuales», no de cualquier norma: las tributarias o las de organización no están en la lista. Y dice individuales, no colectivos.

El 4.2 deja ese reconocimiento a «los Estatutos»: no al reglamento de su Parlamento, ni a un acuerdo de las Cortes, ni a un real decreto del Gobierno. La bandera de una Comunidad entra por su Estatuto.

El 1.1 dice «Estado social y democrático de Derecho»: tres calificativos, y ninguno es «autonómico». La autonomía la reconoce el artículo 2 como derecho de las nacionalidades y regiones, no como adjetivo del Estado.

Es el 5, entre la bandera (4) y los partidos políticos (6); el 3 es el de las lenguas.

El 6 dice «de la voluntad popular». «Voluntad general» suena a lo mismo, pero no es la expresión de la Constitución; y la soberanía nacional no la forman los partidos: el 1.2 se la atribuye a otro titular.

El 1.2 la hace residir en el pueblo español. Ni las Cortes Generales, ni el Jefe del Estado, ni el Gobierno son sus titulares: son órganos del Estado.

El 9.3 no garantiza la irretroactividad de toda disposición sancionadora, sino la de las no favorables, y ninguna ley puede saltarse esa garantía. La salvedad de las favorables es de la irretroactividad, no de ninguna otra garantía.