Los tratados internacionales

El de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión: si se les cede el ejercicio de competencias, lo que deciden también ha de cumplirse. El 93 no menciona sentencias de otros Estados, ni dictámenes del Consejo de Estado, ni acuerdos autonómicos.

Sí: el 95.2 legitima al Gobierno o a cualquiera de las Cámaras, cada uno por sí mismo. No hace falta el acuerdo de las dos ni que se sume el Gobierno, y el Gobierno no lo tiene en exclusiva.

El mismo que para aprobarlo, según el artículo 94: si para obligarse hizo falta la autorización previa de las Cortes, también hace falta para denunciarlo. El 96.2 no remite a la reforma constitucional ni a una ley orgánica. Ni exige siempre la autorización de las Cortes: depende de lo que exigió su aprobación.

Hay que revisar antes la Constitución: un tratado no puede entrar en el ordenamiento contradiciéndola. No lo salva una autorización reforzada del Congreso, ni un dictamen del Consejo de Estado, ni un referéndum posterior.

Ley orgánica: ese rango es lo que distingue los tratados del 93 de los del 94. La ley de armonización es la del 150.3, y la de bases, la de la delegación legislativa del 82.

La lista del 94.1 recoge los tratados políticos, los militares, los que afectan a la integridad territorial o a los derechos y deberes fundamentales del Título I, los que implican obligaciones financieras para la Hacienda Pública y los que modifican o derogan una ley o exigen medidas legislativas. «De carácter comercial» no es una de esas clases: un tratado comercial necesita la autorización previa solo si encaja en alguna de ellas.

Los que exijan medidas legislativas para su ejecución: si para cumplir el tratado hay que legislar, las Cortes lo autorizan antes. Un desarrollo reglamentario no basta para entrar en la lista, el 94.1 no menciona las competencias autonómicas, y la publicación no es una de sus clases.

No: las disposiciones de un tratado solo se derogan, modifican o suspenden en la forma prevista en el propio tratado o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional. Una ley interna, ordinaria u orgánica, no basta, y la Constitución no da esa llave al Tribunal Constitucional.

El ejercicio de competencias derivadas de la Constitución: el 93 habla del ejercicio, no de la titularidad, y de competencias, no de la soberanía nacional, que ese artículo no menciona.

La previa autorización de las Cortes Generales: de las dos Cámaras, y antes de que el Estado se obligue. No basta el Congreso, y no es una convalidación posterior. El Consejo de Estado es el órgano consultivo del Gobierno (art. 107) y el 94 no lo nombra.