La actividad administrativa impugnable

El art. 27.1 obliga al órgano judicial que estima el recurso por la ilegalidad de la disposición aplicada a plantear la cuestión de ilegalidad ante el tribunal competente para conocer del recurso directo contra ella, que es el que puede anularla (la ley habla de «Juez o Tribunal»; los Juzgados son hoy, por la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 1/2025, Secciones de los Tribunales de Instancia). No resuelve por sí mismo sobre la disposición, ni en la sentencia ni en un auto posterior. La cuestión de inconstitucionalidad es otra cosa: se plantea contra normas con rango de ley, no contra un reglamento.

El art. 28 cierra el recurso a los actos confirmatorios de actos consentidos, y entiende por consentido el que no se recurrió en tiempo y forma: quien dejó pasar el plazo no puede reabrirlo recurriendo la confirmación. Que el acto confirmado lo dictara el mismo órgano, que ya se haya ejecutado o que contra él cupiera alzada no aparece en el artículo: un acto confirmatorio de otro que se recurrió a tiempo sigue siendo recurrible.

El art. 29 fija dos esperas distintas: tres meses desde la reclamación cuando la Administración no cumple la prestación a la que está obligada (29.1), y un mes desde la petición cuando no ejecuta un acto suyo que ya es firme (29.2). Los dos y los seis meses son los plazos de interposición del art. 46.1, no estas esperas.

El art. 28 declara inadmisible el recurso contra los actos que reproducen otros anteriores definitivos y firmes. Si un acto así abriera un plazo nuevo, bastaría con pedir a la Administración que repitiera su decisión para resucitar un asunto ya cerrado. Por eso no lo salva interponer antes un recurso de reposición ni recurrir dentro de los dos meses: lo que falla no es el plazo, es el objeto.

Es el recurso indirecto del art. 26.1: además de impugnar directamente una disposición general, se puede impugnar un acto dictado en aplicación de ella alegando que la disposición no es conforme a Derecho. La ley no exige pedir antes a la Administración que la revise. Y los dos meses son el plazo para recurrir directamente la disposición, no un límite del recurso indirecto: este se dirige contra el acto, que tiene su propio plazo.

El art. 27.3 es la excepción más amplia del artículo: el Tribunal Supremo anula cualquier disposición general sin necesidad de plantear cuestión de ilegalidad cuando, en cualquier grado, conoce de un recurso contra un acto fundado en su ilegalidad. El distractor tentador limita esa facultad a la única instancia, pero la ley dice «en cualquier grado». Y la cuestión de ilegalidad nunca se plantea ante la Administración autora, sino ante un tribunal.

El art. 29.1 exige que la Administración esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, por una disposición general que no precise de actos de aplicación o por un acto, contrato o convenio. El distractor tentador es no resolver en plazo un procedimiento: eso es silencio administrativo, que da lugar a un acto presunto y no a este recurso. La disposición general tiene que ser la que no precisa actos de aplicación, no al revés, y la ley no pide acudir antes al Defensor del Pueblo.

El art. 30 da a la Administración diez días desde la presentación del requerimiento para cesar en la vía de hecho; si no lo atiende en ese plazo, el interesado puede deducir directamente el recurso. Veinte días es el distractor tentador, pero es otro plazo: el que el art. 46.3 da para interponer el recurso cuando no hubo requerimiento, contado desde que se inició la vía de hecho.

El art. 27.2 ahorra un trámite: si el mismo tribunal es competente para el recurso contra el acto y para el recurso directo contra la disposición, no tiene sentido que se plantee la cuestión a sí mismo, y por eso la propia sentencia declara la validez o la nulidad de la disposición general. La cuestión de ilegalidad posterior es la del órgano que no tiene esa competencia; limitarse a inaplicarla dejaría la disposición viva, que es lo que la ley quiere evitar.

El art. 30 dice que el interesado «podrá» formular el requerimiento intimando a la Administración que cese: es una facultad, no un requisito, y si no lo formula puede deducir directamente el recurso contencioso-administrativo. En la vía de hecho no hay acto que recurrir en alzada, y la ley no distingue entre Administraciones.