Las diligencias preliminares, la interposición y la admisión del recurso

El art. 48.3 da a la Administración veinte días improrrogables para remitir el expediente y los cuenta desde que la comunicación judicial «tenga entrada en el registro general del órgano requerido», no desde una notificación. Diez días es el término de la reclamación reiterada cuando el expediente no llega completo (48.7), que se cuenta del mismo modo: de ahí la confusión.

Quien examina el escrito y requiere la subsanación es el letrado de la Administración de Justicia (la ley todavía dice «Secretario judicial», y desde 2015 esa referencia se entiende hecha al letrado), pero si el recurrente no subsana en los diez días, la decisión de archivar ya no es suya: el art. 45.3 se la da al juez o tribunal. Por eso tienta la opción del letrado, porque lleva todo el trámite hasta ese punto. El recurso no sigue adelante con el defecto, y tenerlo por desistido con costas no es lo que prevé este artículo.

El art. 51.3 permite inadmitir el recurso contra una vía de hecho cuando es evidente que la actuación se produjo dentro de la competencia y conforme a las reglas del procedimiento: si es así, no hay vía de hecho que juzgar, y no hace falta llegar a la sentencia. Es una facultad («podrá también inadmitir»), no una obligación. La opción de desestimar en sentencia tras todo el proceso es la que tienta, porque es lo que ocurriría sin esta regla. La del requerimiento falla porque el art. 51.3 no hace depender nada de que se haya requerido a la Administración, y la ley tampoco prevé devolverle las actuaciones.

Del expediente, el art. 45.2.c) solo pide su indicación, como alternativa a la copia o traslado del acto: el expediente entero no lo aporta el recurrente, sino que llega al proceso por otro camino. Los otros tres sí están en la lista: la representación del compareciente (letra a), la legitimación transmitida por herencia o por otro título (letra b) y la copia del acto o, en su lugar, la indicación del expediente (letra c). El expediente tienta porque es la pieza central del proceso, pero no es un anexo del escrito.

Contra una disposición general, el art. 46.1 da dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación y no al de su entrada en vigor, que puede llegar más tarde. Un mes es el plazo del recurso potestativo de reposición contra un acto expreso, que regula la Ley 39/2015 y no esta ley: de ahí sale el distractor.

El art. 44.1 cierra la vía administrativa en los litigios entre Administraciones: «no cabrá interponer recurso en vía administrativa», ni reposición ni alzada, sea cual sea el acto. La reposición tienta porque es la que un particular puede interponer contra un acto que pone fin a la vía administrativa, pero aquí la ley no hace esa distinción. Lo que el artículo ofrece en lugar del recurso es otra figura, el requerimiento previo, que no es un recurso administrativo.

El art. 48.1 da el requerimiento al letrado de la Administración de Justicia: al acordar el anuncio de la interposición o, si no hace falta publicarlo, mediante diligencia, requiere a la Administración que le remita el expediente y le ordena que practique los emplazamientos. El juez o tribunal es la opción que tienta, porque el expediente llega al proceso por vía judicial, pero ese trámite es del letrado. El recurrente no lo pide en su escrito, que solo cita lo impugnado, y el superior del órgano autor no interviene: el expediente se reclama al propio autor.

El art. 45.1 abre el recurso con un escrito «reducido a citar» la disposición, el acto, la inactividad o la vía de hecho que se impugna y a pedir que se tenga por interpuesto: los argumentos llegan después, en la demanda. La demanda razonada tienta porque la ley también la admite para iniciar el recurso, pero solo cuando lo dice, como en el recurso en que no hay terceros interesados (45.5). El expediente no lo pide el recurrente a la Administración, y no hay comparecencia que abra el recurso.

El recurso de lesividad es una de las salvedades a la regla del escrito de interposición: el art. 45.4 manda iniciarlo por demanda, que fija con precisión a quién se demanda, y exige acompañarla «en todo caso» de la declaración de lesividad y del expediente administrativo. Las opciones del escrito de interposición le aplican la regla general; la de la demanda sin expediente acierta la forma y olvida la mitad de lo que hay que acompañar.

El art. 50 separa dos momentos: la reclamación del expediente vale como emplazamiento de la Administración (50.1), y su envío hace que se entienda personada (50.2). La opción de la reclamación confunde emplazar con personarse. La Administración no necesita comparecer aparte ni esperar a contestar a la demanda para ser parte.

El art. 46.1 distingue según la forma del acto, y para el que no es expreso fija seis meses, contados para el solicitante y para otros posibles interesados desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto según su normativa específica. El distractor que tienta es el otro plazo del mismo apartado, el del acto expreso; un mes es el plazo de la reposición contra un acto expreso, que regula la Ley 39/2015.

Con requerimiento previo, el art. 46.3 da diez días, contados desde el día siguiente a la terminación del plazo del art. 30. Veinte días es el plazo hermano, el del recurso sin requerimiento, que se cuenta desde el día en que se inició la vía de hecho. Quince días no es plazo de este artículo, y dos meses no es el de la vía de hecho.

El art. 47.1 hace depender el anuncio de que lo solicite el recurrente, no cualquiera de las partes, y añade que el letrado de la Administración de Justicia puede acordarlo también de oficio si lo estima conveniente. Por eso falla la opción que solo admite la petición del recurrente, aunque acierte en que la publicación la costea él: olvida la vía de oficio. La publicación obligatoria en el recurso contra una disposición general es otro supuesto, el del art. 47.2, y solo cuando el recurso se inició por demanda.

El art. 44.3 da a la Administración requerida un mes desde que recibe el requerimiento: si no contesta dentro de él, se entiende rechazado y la requirente puede acudir a los tribunales. Dos meses es otro plazo del mismo artículo, el que tiene la requirente para formular el requerimiento (44.2), no el de la respuesta. Tres y seis meses no salen de este artículo.

El art. 46.4 cuenta el plazo desde el día siguiente a aquel en que se notifica la resolución expresa de la reposición o en que esta deba entenderse presuntamente desestimada. La reposición desplaza, por tanto, el arranque del plazo: no se cuenta desde el acto que se recurrió ni desde que se interpuso la reposición. La opción tentadora es la que exige la resolución expresa y deja fuera la desestimación presunta, que también abre el plazo.

La desestimación en el fondo de otros recursos sustancialmente iguales por sentencia firme también permite inadmitir, pero no está en la lista del art. 51.1, que obliga a declarar la inadmisión: está en el 51.2, que solo la permite («podrá inadmitir») y exige mencionar las sentencias desestimatorias. Las otras tres son causas del 51.1, junto con la falta de jurisdicción o la incompetencia.

El art. 49.1 emplaza a los interesados para personarse como demandados en el plazo de nueve días. Cinco días es otro plazo del mismo apartado, el que tiene la Administración para notificarles la resolución desde que la adopta; quince días es el de personación cuando se anuncia un recurso contra una disposición general iniciado por demanda (47.2).

El art. 48.7 fija una multa coercitiva de trescientos a mil doscientos euros, que se reitera cada veinte días hasta que se cumpla lo requerido. La pareja de cifras se confunde con la de las multas coercitivas de la ejecución de sentencias (art. 112), que son otras; las demás opciones cruzan esos extremos.

El art. 46.1 cuenta el plazo «desde el día siguiente» al de la notificación o publicación del acto expreso. Son dos aciertos a la vez: la fecha que importa no es la del acto, que el interesado puede no conocer, sino la de su notificación o publicación; y el plazo no arranca ese mismo día, sino el siguiente. La opción del mismo día de la notificación acierta el hecho, pero no el día en que empieza a correr.