Las partes: capacidad, legitimación, representación y defensa

El art. 19.4 deja recurrir ante este orden las decisiones de los órganos que resuelven los recursos especiales y las reclamaciones en materia de contratación tanto a los particulares como a las Administraciones, y a estas «sin necesidad» de declaración de lesividad. Es una excepción a la regla general del art. 19.2 para la Administración que impugna un acto suyo, y por eso tienta la opción que la trata como cualquier otra Administración que impugna un acto. La salvedad de la decisión favorable no existe, y tampoco la del requerimiento: el art. 44.1 dice que en esta materia se recurre directamente y sin necesidad de previo requerimiento.

El art. 18 amplía la capacidad procesal que da la Ley de Enjuiciamiento Civil: los menores de edad pueden actuar por sí mismos para defender los derechos e intereses legítimos que el ordenamiento les deja ejercer sin la asistencia de quien tenga la patria potestad, la tutela o la curatela. La medida es lo que el menor puede hacer solo, no una edad fija, y tampoco depende de que el órgano judicial se la reconozca. Que actúen siempre representados es justo lo que el artículo descarta en ese ámbito.

La acción popular permite recurrir sin tener un derecho ni un interés legítimo propios, y por eso el art. 19.1.h) la limita a los casos que las leyes prevén expresamente: no hay una acción popular general en lo contencioso-administrativo. Que esté en juego el interés general no la abre por sí solo, ni depende de que otro haya dejado pasar su plazo. La fianza es una exigencia que la LJCA no pone a quien la ejerce.

El art. 19.1.k) legitima a los sindicatos para actuar en nombre e interés del personal funcionario y estatutario afiliado que lo autorice, en defensa de sus derechos individuales, y dice expresamente que los efectos de esa actuación recaen sobre los afiliados. El sindicato actúa, pero el derecho y el resultado son de quien lo autorizó: por eso no recaen sobre él, ni a medias. Tampoco se extienden a otros afiliados que no han dado su autorización.

Ante los órganos unipersonales, el art. 23.1 dice que las partes «podrán» conferir su representación a un Procurador y «serán asistidas, en todo caso, por Abogado»: la asistencia letrada es obligatoria y el Procurador, potestativo. Si no nombra Procurador, puede conferir la representación al propio Abogado. La opción que exige Procurador se lo impone cuando aquí es potestativo, y la que hace potestativo al Abogado invierte el artículo. Una empresa no puede comparecer sin Abogado.

El art. 23.2 manda que, ante los órganos colegiados, las partes «deberán» conferir su representación a un Procurador y ser asistidas por Abogado: las dos cosas a la vez. Por eso el Abogado no puede asumir aquí la representación, que el apartado reserva al Procurador, y el Procurador no releva de la asistencia de Abogado. La opción del Procurador potestativo es tentadora porque es la regla de los órganos unipersonales, pero ante los colegiados el Procurador es obligatorio.

Una Administración puede ser demandante contra su propio acto, pero el art. 19.2 lo condiciona a declararlo antes lesivo para el interés público, en los términos de la ley que regula ese procedimiento. El dictamen del Consejo de Estado es propio de la revisión de oficio de los actos nulos, que la Administración resuelve ella misma sin ir a los tribunales; si pudiera revocar el acto, no tendría que impugnarlo. La autorización del superior jerárquico no es lo que pide el artículo.

El art. 20.a) excluye a los órganos de una Administración y a los miembros de sus órganos colegiados de recurrir la actividad de esa misma Administración, con una sola salvedad: que una ley lo autorice expresamente. La prohibición no es absoluta, y por eso falla la opción que la hace absoluta. Tampoco la levanta tener un interés legítimo, que es la regla general del art. 19 y aquí no basta, ni una autorización del propio órgano colegiado.

El art. 24 saca la representación y defensa de las Administraciones públicas y de los órganos constitucionales de las reglas generales del art. 23 y la remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley de Asistencia Jurídica al Estado e Instituciones Públicas y a las normas que las comunidades autónomas hayan dictado en el marco de sus competencias. Por eso falla la opción que las somete al art. 23: las Administraciones no se rigen por el régimen de Procurador y Abogado de los particulares. La Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley 39/2015 no son las normas a las que remite el artículo.

Cuando un funcionario comparece por sí mismo, el art. 23.3 le obliga a emplear los sistemas electrónicos existentes tanto para remitir escritos y documentos, inicien o no el proceso, como para recibir notificaciones, de forma que quede garantizada su autenticidad y constancia de la remisión, de la recepción y de su fecha. Lo que la ley le impone es el canal electrónico, no un domicilio en la sede del órgano, y mucho menos el papel. Tampoco necesita autorización de su Administración para defender sus derechos frente a ella.

Los grupos de afectados, las uniones sin personalidad y los patrimonios independientes o autónomos pueden ser titulares de derechos y obligaciones aunque no sean personas jurídicas, pero el art. 18 solo les da capacidad procesal cuando una ley lo declara expresamente. No basta con que todos sus miembros estén afectados ni con que apoderen a alguien: eso sirve para que litiguen ellos, cada uno con su propia capacidad, no el grupo como tal. Y el artículo pide una ley: un reglamento no basta para darle capacidad.

El art. 19.1.d) legitima a la Administración autonómica para impugnar los actos y disposiciones que afecten al ámbito de su autonomía, vengan del Estado, de otra Administración u organismo público o de las entidades locales. El criterio es la autonomía, no el territorio: un acto estatal puede tener efectos en la comunidad sin tocar sus competencias. La ley no exige que la comunidad haya informado antes ni distingue entre disposiciones generales y actos.

El art. 21.2 resuelve quién es la Administración demandada cuando el acto procede de un organismo o corporación pública sujeto a la fiscalización de una Administración territorial, y depende del resultado de esa fiscalización: si es aprobatorio, la demandada es el organismo autor; si no aprueba íntegramente el acto, lo es la Administración que fiscaliza. Una aprobación parcial no es íntegra, así que la demandada es la fiscalizadora. La opción del organismo autor es la tentadora, porque es la respuesta del otro supuesto. La ley elige una de las dos, no las suma, y no deja la elección al demandante.

El art. 21.1.c) considera parte demandada a las aseguradoras de las Administraciones públicas, y dice que siempre serán parte codemandada junto con la Administración a la que aseguren. No depende de que el demandante las elija ni de que ellas pidan personarse, y la ley no las trata como coadyuvantes, sino como parte. Tampoco se las manda a la jurisdicción civil: se las trae al mismo proceso.

El art. 20.c) prohíbe a las entidades de derecho público dependientes o vinculadas al Estado, a las comunidades autónomas o a las entidades locales recurrir la actividad de la Administración de la que dependen, y exceptúa solo a las que una ley ha dotado de un estatuto específico de autonomía respecto de ella. La personalidad jurídica propia no las exceptúa: la tienen todas las entidades de derecho público, también las que quedan dentro de la prohibición. Financiarse en el mercado o actuar en derecho privado no es el criterio de la ley.

Según el art. 21.4, si el demandante funda sus pretensiones en la ilegalidad de una disposición general, la Administración que la dictó se considera también parte demandada, aunque la actuación recurrida no proceda de ella. Por eso falla la opción que la deja fuera porque el acto no es suyo. La ley no hace depender su posición de que el ayuntamiento la llame, ni la reduce a emitir un informe: es parte.