Los términos y los plazos

Bastan dos condiciones: que las circunstancias lo aconsejen y que no se perjudiquen derechos de tercero. No hace falta que consientan todos los interesados ni que lo autorice el superior, y la ampliación puede darse de oficio, sin petición ni causa de fuerza mayor.

El registro electrónico admite escritos todos los días, pero para cumplir un plazo en días hábiles lo presentado en día inhábil cuenta como hecho en la primera hora del primer día hábil siguiente: el lunes 15 a primera hora. La hora efectiva del domingo solo valdría si una norma permitiera la recepción en día inhábil, y no se traslada la misma hora al lunes.

Las dos cosas, la petición y la decisión, tienen que llegar antes de que venza el plazo, y un plazo vencido no se amplía «en ningún caso». Pedirla a tiempo no basta, y que la tardanza sea de la Administración tampoco lo salva: la ley no prevé esa excepción.

El artículo 30.6 resuelve el desajuste de calendarios en las dos direcciones («o a la inversa»): basta con que el día sea inhábil en uno de los dos sitios para que lo sea en todo caso. No hay un cómputo distinto para cada parte ni hace falta que el interesado pruebe nada.

El artículo 29 obliga a las dos partes: a las autoridades y al personal competentes para tramitar los asuntos, y a los interesados en ellos. El distractor tentador es el que exime a los interesados, como si el plazo fuera solo una garantía frente a la Administración; el mismo artículo los nombra expresamente.

Calendario de cómputo solo lo fijan la Administración General del Estado y las comunidades autónomas (art. 30.7), y el autonómico comprende los días inhábiles de las entidades locales de su territorio, que se rigen por él. Que cada ayuntamiento tenga sus fiestas no le da un calendario de cómputo propio.

El artículo 32.2 lista tres supuestos: los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, los que, sustanciándose en el interior, exigen algún trámite en el extranjero, y aquellos en que intervienen interesados residentes fuera de España. Cuenta la residencia, no la nacionalidad: un extranjero que vive en España no entra. La tramitación simplificada y los procedimientos de gravamen no figuran en la lista.

La ampliación del artículo 32 tiene por techo la mitad del plazo: uno de diez días puede llegar a quince. «Lo que dura el plazo» es el techo de otra ampliación, la del plazo máximo para resolver del artículo 23, y no hay que mezclarlas.

Veinticuatro horas es el techo: un plazo más largo ya no se da en horas, sino en días. Cuarenta y ocho o setenta y dos horas son plazos que la ley obliga a expresar en días; doce horas cabe, pero no es el máximo.

El acuerdo de urgencia no se recurre por separado, ni en vía administrativa ni en la judicial: lo que se le reproche se hace valer al recurrir la resolución que ponga fin al procedimiento. Es la misma solución que da el artículo 32.3 a los acuerdos sobre la ampliación de plazos.

En el registro electrónico manda un solo calendario: el que fija su sede atendiendo al ámbito territorial de su titular y al calendario del artículo 30.7. La ley excluye expresamente aquí la regla del artículo 30.6, así que no importa que el día sea inhábil donde vive el interesado.

La suspensión no tiene un plazo fijo: dura hasta que un nuevo acuerdo del Consejo de Ministros decreta su fin, y entonces los plazos se reanudan, no vuelven a empezar. No caduca a los tres meses ni termina por una declaración autonómica o a medida que cada interesado se recupera.

Solo los plazos no vencidos, y con publicidad: la sede electrónica tiene que dar cuenta de la incidencia y de la ampliación concreta. La tentación es ampliar también lo ya vencido, que el artículo 32 no permite; y lo que prevé es una ampliación, no una suspensión ni una declaración de días inhábiles.

El silencio se trata igual que una notificación: el plazo empieza el día siguiente a aquel en que se produce. No hay que esperar al certificado, que solo acredita el silencio, ni a una resolución tardía que puede no llegar nunca; y el propio día del silencio no cuenta.

La urgencia reduce los plazos a la mitad, y las únicas salvedades que hace la ley son los de presentación de solicitudes y recursos. No exceptúa las alegaciones, la audiencia ni ningún otro plazo, y la fracción es la mitad, no un tercio.

Hace falta un solo reloj, y la ley elige el de la sede electrónica de acceso, que además tiene que figurar de modo accesible y visible. La hora del ordenador del interesado, la de su firma o la del órgano destinatario no cuentan para el cómputo.

El artículo 30.8 separa los dos planos: el calendario de cómputo dice qué días cuentan para los plazos, no qué días se trabaja. El funcionamiento de los centros, la jornada y los horarios se deciden por su lado, y la declaración de día inhábil no los determina por sí sola.

Los días son hábiles, y se excluyen los sábados, los domingos y los festivos. Excluir solo domingos y festivos era el régimen de la Ley 30/1992, en el que el sábado era hábil; y el mes de agosto no corre en los plazos del proceso contencioso-administrativo, no en los del procedimiento administrativo.

Se cuenta desde el día siguiente y sin sábados ni domingos: del viernes 12 al viernes 19 van seis días, y del lunes 22 al jueves 25, los cuatro restantes. El martes 23 sale de contar los sábados, como con la Ley 30/1992; el miércoles 24, de empezar el mismo día de la notificación; y el lunes 22, de contar días naturales (acabarían el domingo 21) y pasar al hábil siguiente.

Las horas de un plazo son hábiles, y lo es cualquier hora de un día hábil, también de noche: el cómputo no se ciñe a la jornada del personal ni al horario de las oficinas. Lo que no cuenta son las horas de los días inhábiles, que es lo que olvida la segunda opción.