Artículos 15 a 20: vida e integridad, libertad ideológica y religiosa, libertad y seguridad personal, intimidad y domicilio, residencia y circulación, y expresión e información.
Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta. Ésta es una pequeña muestra de las 39 preguntas que contiene en total.
El 19 empieza «Los españoles tienen derecho». No es «toda persona», que es la fórmula del 17.1 para la libertad y la seguridad.
Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia
El 20.1.b) protege la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. La industrial no está en esa enumeración.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
La prohibición de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes no tiene excepción: «en ningún caso». La salvedad de las leyes penales militares para tiempos de guerra es solo de la pena de muerte, en la frase siguiente.
sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes
El 18.3 nombra en especial las postales, las telegráficas y las telefónicas. Las electrónicas o informáticas no aparecen entre las que cita.
en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas
El 20.4 nombra especialmente el honor, la intimidad, la propia imagen y la protección de la juventud y de la infancia. El orden público es el límite de la libertad religiosa (16.1), no de estas.
y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
El 18.1 dice «intimidad personal y familiar», y el 18.4 repite la fórmula. El domicilio tiene su propia garantía en el 18.2, y lo laboral no aparece.
a la intimidad personal y familiar
El 16.1 la garantiza «de los individuos y las comunidades». No la reserva a los españoles ni a las confesiones.
Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades
Son la cláusula de conciencia y el secreto profesional. La rectificación o la réplica no las nombra el artículo 20.
La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
El 20.3 manda a la ley regular su organización y su control parlamentario, y garantizar el acceso de los grupos sociales y políticos significativos. No es un control del Gobierno.
La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público
El 18.4 manda a la ley limitar el uso de la informática para proteger el honor, la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos. No habla de acceso universal ni se ciñe a las Administraciones.
La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.
La Constitución no fija ese plazo: lo remite a la ley. Las setenta y dos horas son el tope de la detención preventiva (17.2), que es otra figura.
Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.
El 20.1.c) reconoce la libertad de cátedra. La libertad de enseñanza también está en la Constitución, pero en el 27.1, no aquí.
c) A la libertad de cátedra.
Es la única limitación que admite el 16.1 («sin más limitación»): el orden público protegido por la ley. Ni la salud pública ni la seguridad nacional aparecen en el artículo.
sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley
La abolición del artículo 15 lleva una sola salvedad: lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. No hay excepción para el terrorismo ni una remisión en blanco al legislador.
Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
El 17.3 lo dice sin salvedades: la persona detenida no puede ser obligada a declarar. Ni la orden judicial ni la presencia del abogado lo cambian.
no pudiendo ser obligada a declarar
El «habeas corpus» busca la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. La prisión provisional sale en el mismo apartado, pero es otra cosa y su plazo lo fija la ley.
La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente.
Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, y de ahí las relaciones de cooperación del mismo apartado. Nadie está obligado a declarar las suyas (16.2), así que no pueden partir de lo que cada uno declare.
Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española
La regla es el tiempo estrictamente necesario para esclarecer los hechos; las setenta y dos horas son solo el tope. Por eso es falso que dure «lo que exija la investigación»: hay un límite fijo.
La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos
El 20.2 excluye «ningún tipo de censura previa». Lo que sí cabe con resolución judicial es el secuestro de publicaciones (20.5), que es otra cosa; y ninguna ley puede abrir la puerta a una censura previa.
El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
El 17.1 exige dos cosas: las garantías del propio artículo y una ley que prevea los casos y la forma. Un reglamento no basta, y la sentencia firme no es el único supuesto: el mismo artículo regula la detención preventiva.
Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
El 17.3 pide que la información se dé «de forma inmediata». Esperar a la primera declaración o a la puesta a disposición judicial llegaría tarde.
Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata
Sí, en dos supuestos: con el consentimiento del titular o en caso de flagrante delito. Fuera de ellos, el 18.2 exige resolución judicial: no basta la orden de otra autoridad.
El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.
Dentro de las setenta y dos horas, el detenido sale en libertad o pasa a la autoridad judicial. El 17.2 no menciona al Ministerio Fiscal, y la prisión provisional es otra figura (17.4).
el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial
El 19 prohíbe limitar ese derecho por motivos políticos o ideológicos. De la salud pública o la seguridad nacional no dice nada.
Este derecho no podrá ser limitado por motivos políticos o ideológicos.
El artículo 15 empieza con «Todos tienen derecho»: no lo reserva a los españoles ni a los ciudadanos, como hacen otros artículos del capítulo, por ejemplo el 19 con la residencia.
Todos tienen derecho a la vida