La Constitución: preámbulo, estructura y disposiciones

Los derechos históricos de los territorios forales, que la Constitución ampara y respeta. Las Audiencias Territoriales tienen su propia adicional, la cuarta; el concejo abierto es cosa del artículo 140, y Ceuta y Melilla aparecen en las transitorias, no en las adicionales.

La Ley para la Reforma Política queda derogada sin más. Las demás leyes que nombra el apartado 1, la Ley Orgánica del Estado incluida («en los mismos términos»), solo se derogan en tanto en cuanto no lo hubiera hecho ya esa ley.

El 15 de junio de 1981, según la disposición transitoria octava. Hasta entonces asumían las funciones que la Constitución da al Congreso y al Senado, «sin que en ningún caso» su mandato pasara de esa fecha.

Al principio del título I, antes de su capítulo primero: tras la rúbrica del título viene directamente el artículo 10, y el capítulo primero, «De los españoles y los extranjeros», empieza en el 11. El título preliminar termina en el artículo 9.

El cuarto, el que sigue a los principios rectores de la política social y económica, que son el tercero. El segundo reconoce los derechos y libertades, pero no lleva esa rúbrica.

Por sorteo, según la disposición transitoria novena, entre grupos de cuatro de la misma procedencia electiva; a estos efectos, los dos del Gobierno y los dos del Consejo General del Poder Judicial contaban como un grupo. Ni la antigüedad ni la edad ni una votación del Pleno decidían.

Las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho privado. La disposición no menciona el sufragio, la emancipación ni la responsabilidad penal: su única salvedad es la foral.

Mantener las que ya existen, distribuyendo las competencias entre ellas, de conformidad con la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de este. La disposición adicional cuarta no habla de fusionarlas, suprimirlas ni crear otras.

Por el orden de entrada en la Comisión, y el plazo del artículo 151 empezaba a contar para cada uno cuando la Comisión terminaba con el anterior. Ni la Mesa, ni la fecha de aprobación en la asamblea, ni la población deciden el turno.

«De los derechos y deberes fundamentales». «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas» es la rúbrica de la sección 1.ª de su capítulo segundo, no la del título.

«Del Gobierno y de la Administración»: el título IV regula los dos, del artículo 97 al 107. Las relaciones del Gobierno con las Cortes Generales son el título V, y la Constitución no usa «Poder Ejecutivo» ni «Función Pública» como rúbrica.

La decisión del Órgano Foral competente tiene que ratificarse en un referéndum convocado al efecto y aprobarse por mayoría de los votos válidos emitidos, no del censo. La disposición no pide una ley orgánica ni el acuerdo del Consejo General Vasco.

«Como norma fundamental del Estado», y se lo manda «a todos los españoles, particulares y autoridades». «Norma suprema» o «ley fundamental» suenan parecido, pero no son las palabras de la fórmula.

Las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica: lo dice la fórmula del encabezamiento y lo repite el final del preámbulo con los mismos verbos. Cambiar el verbo de uno a otro es la trampa.

En el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía, y «en su caso»: la Constitución no la impone. Ni un convenio, ni una ley orgánica específica, ni las Juntas Generales aparecen en esa disposición.

El pie dice «Palacio de las Cortes, a veintisiete de diciembre de mil novecientos setenta y ocho», y debajo firma el Rey. Ni el Palacio Real ni otra fecha aparecen en el texto.

Que se publicará también «en las demás lenguas de España». La disposición final no habla de boletines autonómicos, ni de una sanción ante las Cortes, ni de una lectura en sesión conjunta.

«Una sociedad democrática avanzada», con esas dos palabras y ninguna más. Libertad, justicia o pluralismo aparecen en otros lugares del texto, pero no califican a la sociedad que proclama el preámbulo.

Es el título VII, «Economía y Hacienda». Los otros tres son sus vecinos en el índice, con rúbricas distintas: confundirlos es el error que la pregunta busca.

Por mayoría absoluta de sus miembros, según la disposición transitoria primera. Ni dos tercios ni tres quintos: y no basta la mayoría de los votos emitidos, porque se cuenta sobre los miembros del órgano.