Las leyes, la delegación legislativa y el decreto-ley

El 82.4 pide objeto, alcance, principios y criterios. El rango ya lo fija el 82.1 (rango de ley, nunca en materias del 81), y la autorización para refundir es de la ley ordinaria (82.2 y 82.5), no de la de bases.

Se agota «por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente». No hay aprobación ni convalidación posterior: la convalidación es la de los decretos-leyes (86.2).

Se exige «en una votación final sobre el conjunto del proyecto», no artículo por artículo ni en la toma en consideración.

Solo el Congreso: el 86.2 no da papel al Senado en la convalidación. Si las Cortes lo tramitan además como proyecto de ley durante ese plazo (86.3), entonces sí intervienen las dos Cámaras.

Mayoría absoluta del Congreso, la misma que para aprobarla, en votación final sobre el conjunto del proyecto. El 81.2 no exige esa mayoría a cada Cámara.

El 83 les veda autorizar su propia modificación y facultar para dictar normas retroactivas. Las otras tres son justo lo que el 82 les encomienda o les permite.

El 82.6 permite «fórmulas adicionales de control» en cada ley de delegación, siempre «sin perjuicio» de los Tribunales: se suman a su control, no lo sustituyen.

El 81.1 cierra su lista con «las demás previstas en la Constitución»: son orgánicas las que la propia Constitución reserva a ese rango en otros artículos. Ni la urgencia ni la sesión conjunta cambian el rango de una ley.

Sí: el 82 lo permite con delegación expresa, para materia concreta y con plazo fijado. Lo que no cabe es entenderla «concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado».

El 81.1 dice «el régimen electoral general». La misma idea vuelve en el 86.1, que veda al decreto-ley el «Derecho electoral general».

Ha de «pronunciarse expresamente» sobre la convalidación o la derogación. No hay convalidación por silencio, y tramitarlo como ley es una opción aparte (86.3).

El 81.1 incluye «las que aprueben los Estatutos de Autonomía». Ni los Presupuestos ni la delegación de un texto articulado figuran en él; esta última se hace por ley de bases (82.2).

Legislación delegada: Decretos Legislativos (85). El decreto-ley es la norma provisional por urgencia del 86, y la «ley de delegación» es la que dictan las Cortes para delegar.

El 82.1 limita la delegación a materias «no incluidas en el artículo anterior», que son las de ley orgánica. Ni una ley de bases ni la urgencia lo cambian: la urgencia es el presupuesto del decreto-ley (86.1).

El 86.2 deja al Reglamento «un procedimiento especial y sumario». La urgencia es la del 86.3, cuando se tramita como proyecto de ley.

Las leyes de bases «no podrán en ningún caso» autorizar la modificación de la propia ley de bases: no hay mayoría ni plazo que lo salve.

El 81.1 reserva a ley orgánica el desarrollo de «los derechos fundamentales y de las libertades públicas», no todo el Título I ni sus principios rectores. Es el mismo nombre que lleva la Sección primera del Capítulo segundo.

Son «disposiciones legislativas provisionales». Delegada es la legislación del decreto legislativo (85), y reglamentarias no son: el 86.1 las llama legislativas.

El 86.3 permite tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia, y dentro del mismo plazo, no después.

El 82.1 habla de «normas con rango de ley»: el Gobierno las dicta, pero valen como ley. Rango orgánico no pueden tener, porque las materias del 81 no se delegan.