Los derechos fundamentales: de la reunión al derecho de petición

El 28.1 incluye fundar sindicatos, afiliarse al de su elección, formar confederaciones y fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a ellas. Las asociaciones empresariales están en el artículo 7, no en la libertad sindical del 28.1.

La finalidad que da el 27.8 es garantizar el cumplimiento de las leyes. La calidad o la unificación de planes pueden sonar razonables, pero no son lo que dice.

El 22.4 permite disolver una asociación o suspender sus actividades, pero solo en virtud de resolución judicial motivada. Ni el Gobierno ni el registro pueden hacerlo.

El 27.10 reconoce la autonomía de las Universidades, y la remite a los términos que fije la ley. No habla de independencia.

Intervienen los profesores, los padres y, «en su caso», los alumnos, en todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos. La Administración educativa no figura en esa lista.

El 29.2 les permite ejercerlo solo individualmente y con arreglo a su legislación específica. La petición colectiva queda para los demás.

Es el juez ordinario y predeterminado por la ley: fijado de antemano, no designado para el asunto. Un juez especial creado para el caso es justo lo contrario.

El 24.1 extiende la tutela a los derechos e intereses legítimos, no solo a los derechos fundamentales. El adjetivo es «legítimos», no «directos».

El 29.1 dice «por escrito». La comparecencia o la petición de palabra no son la forma que recoge.

El 27.9 condiciona la ayuda a que el centro reúna los requisitos que establezca la ley. No la limita a los públicos ni la abre a cualquiera que la pida.

El 24.2 enumera, entre otros, la presunción de inocencia, no confesarse culpable y un proceso público sin dilaciones indebidas. El jurado está en el artículo 125, como forma de participación en la Justicia.

Para los funcionarios, la ley regula las peculiaridades del ejercicio. Limitar o exceptuar el derecho solo lo prevé para las Fuerzas o Institutos armados y los Cuerpos sometidos a disciplina militar.

El 22.3 limita el registro a la publicidad: «a los solos efectos de publicidad». No lo convierte en condición de legalidad ni en una autorización administrativa.

El 26 prohíbe los Tribunales de Honor. Los de excepción tienen su propio apartado, en el título del Poder Judicial.

Obligatoria y gratuita, las dos juntas y sin distinguir la titularidad del centro. La ayuda a los centros docentes que reúnan los requisitos legales es otra cosa, del apartado 9 del mismo artículo.

Las elecciones del 23.1 son periódicas y por sufragio universal. Un sufragio censitario o corporativo, que reserva el voto a una parte, es justo lo que el adjetivo excluye.

El 27.2 fija como objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana, en el respeto a los principios democráticos y a los derechos fundamentales. La preparación profesional o la lealtad no son el objeto que nombra.

Goza de los derechos fundamentales del Capítulo, salvo los que limiten expresamente el fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. El reglamento o el régimen disciplinario del centro no están en esa lista.

El 25.3 veda a la Administración civil toda sanción que prive de libertad, directa o subsidiariamente. Las multas o la falta de audiencia no son lo que prohíbe este apartado.

El 24.2 reconoce el derecho a ser informados de la acusación formulada contra ellos. No menciona la identidad del denunciante ni la pena solicitada.