La Constitución: el título preliminar

El 8.2 reserva a «una ley orgánica» las bases de la organización militar. Ajustarse a los principios de la Constitución es una condición más de esa ley, no una alternativa a su rango; y no las deja en manos del Gobierno.

El 2 la llama «patria común e indivisible de todos los españoles». «Única» y «soberana» no son sus adjetivos: la soberanía la menciona el 1.2, y la califica de nacional.

El 9.3 garantiza «la publicidad de las normas»: que se den a conocer. No promete reunirlas en códigos, que no cambien nunca —la propia Constitución prevé su reforma— ni que sean uniformes.

El 6 dice que su creación y el ejercicio de su actividad «son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley». No hay autorización previa de nadie, y el límite no son sus estatutos, sino la Constitución y la ley.

El artículo 6 exige que su estructura interna y su funcionamiento sean democráticos. No les pide que sean asamblearios, paritarios ni independientes: lo que exige es democracia interna.

El 2 termina con «la solidaridad entre todas ellas». No establece jerarquía entre las nacionalidades y regiones ni les da las mismas competencias o Estatutos iguales: lo que pone junto a la autonomía es la solidaridad.

El 7 dice «los intereses económicos y sociales que les son propios»: los suyos, y económicos y sociales. No habla de intereses políticos o electorales, ni de los del Estado.

Sí: el 7 repite, palabra por palabra, la exigencia que el 6 pone a la estructura interna y al funcionamiento de los partidos, y la extiende a los sindicatos de trabajadores y a las asociaciones empresariales. Las Fuerzas Armadas están en el título preliminar (8), pero ese artículo no les exige nada parecido; las confesiones (16) y las fundaciones (34) tienen su artículo fuera de él. Fuera del título preliminar, la Constitución repite la exigencia para los Colegios Profesionales (36) y las organizaciones profesionales (52).

El 8.1 les encarga «defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional». La unidad de la Nación tienta, pero no es una misión que el 8.1 nombre.

La fija la propia Constitución: «La capital del Estado es la villa de Madrid». No la remite a una ley de las Cortes, a un decreto del Gobierno ni a ningún Estatuto.

El 6 los llama «instrumento fundamental para la participación política». Ni la representación del Estado, ni la defensa del interés general, ni el control del poder ejecutivo aparecen en el artículo: lo que les atribuye es la participación.

El 1.3 dice «Monarquía parlamentaria». «Constitucional» tienta porque la Corona está regulada en la propia Constitución, en su título II, pero no es la palabra del artículo.

El 1.1 nombra cuatro valores superiores: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La seguridad jurídica es una de las garantías del 9.3 y la dignidad de la persona es fundamento del orden político en el 10.1: ninguna de las dos es valor superior.

Los partidos «expresan el pluralismo político». Ni el interés general, ni la voluntad electoral, ni la diversidad social aparecen en el artículo 6.

El 1.1 dice «Estado social y democrático de Derecho»: tres calificativos, y ninguno es «autonómico». La autonomía la reconoce el artículo 2 como derecho de las nacionalidades y regiones, no como adjetivo del Estado.

El 1.2 dice que de ese titular «emanan los poderes del Estado»: todos, sin señalar uno en particular. No hace emanar de él los derechos fundamentales, que el 10.1 llama «inherentes» a la persona, ni los valores superiores, que según el 1.1 España «propugna», ni la voluntad de los partidos.

El 4.2 deja ese reconocimiento a «los Estatutos»: no al reglamento de su Parlamento, ni a un acuerdo de las Cortes, ni a un real decreto del Gobierno. La bandera de una Comunidad entra por su Estatuto.

El 3.2 las hace oficiales «en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos»: no en todo el Estado, y no por decisión del Gobierno. «No, en ningún caso» tienta porque el 3.1 hace oficial al castellano, pero eso no impide otras oficiales en su territorio.

El artículo 2 usa dos verbos: «reconoce y garantiza». No dice que conceda ese derecho ni que lo delimite: «conceder» tienta porque suena a reparto de poder desde el Estado, pero no es el verbo del texto.

«Interdicción» es prohibición: el 9.3 prohíbe la arbitrariedad de los poderes públicos, sin decir quién la controla ni cuándo deja de perseguirse. Que los Tribunales controlen la actuación administrativa lo dice otro artículo, el 106.1.