La igualdad en el empleo público

El art. 61.1 dice «todas las pruebas de acceso»: el principio de igualdad forma parte de cualquier proceso selectivo de la Administración General del Estado y de sus organismos, no solo de los de cuerpos superiores, directivos o especializados.

El art. 55 exige que la aprobación de cada convocatoria vaya acompañada de un informe de impacto de género. No pide el plan de igualdad del departamento, ni un informe de la junta de personal, ni un estudio de la plantilla.

El art. 67 señala cinco ámbitos: el sistema de acceso, la formación, los ascensos, los destinos y las situaciones administrativas. Son los mismos que el art. 65 destaca para el personal de las Fuerzas Armadas.

La preferencia del art. 60.1 dura un año y se refiere a la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación: es una acción positiva para actualizar conocimientos, no una preferencia en los concursos ni en la promoción.

La única salvedad del art. 55 son los casos de urgencia, y ni siquiera entonces se levanta la prohibición de discriminación por razón de sexo, que se mantiene «siempre». El artículo no exime por el tipo de proceso, por la clase de personal ni por el número de plazas.

El art. 66 hace aplicables a las Fuerzas Armadas esas normas del personal de las Administraciones, con las adaptaciones que resulten necesarias y en los términos de su normativa específica. Ni las excluye ni las traslada tal cual, y no espera a una ley por materia.

El art. 56 encarga el régimen a la normativa aplicable, «sin perjuicio de las mejoras» que pudieran derivarse de acuerdos con los representantes del personal: los acuerdos no sustituyen a la normativa, pero pueden mejorarla. El artículo no distingue entre excedencias, reducciones de jornada y permisos.

El párrafo segundo del art. 54 obliga a la Administración General del Estado y a sus organismos en los nombramientos que «le corresponda efectuar» en los consejos de las empresas en cuyo capital participe, sin exigir que la participación sea mayoritaria. Los que hacen los demás accionistas quedan fuera de este artículo, que tampoco distingue entre la presidencia y las vocalías.

El art. 68 nombra tres materias: la igualdad, la prevención de la violencia de género y de la violencia sexual, y la conciliación de la vida personal, familiar y profesional. El régimen disciplinario, las retribuciones y la jornada no están entre ellas.

El art. 60.2 reserva al menos un 40 % de las plazas de esos cursos para adjudicarlas a las empleadas públicas que reúnan los requisitos establecidos. Es un mínimo, no un techo, y no las exime de cumplir los requisitos de la convocatoria.

El art. 53 es un mandato: todos los tribunales y órganos de selección «responderán» al principio de presencia equilibrada. Admite una sola salida, y tasada: razones fundadas y objetivas que además se motiven. No es una recomendación ni una regla sin excepción, y no distingue entre el ingreso y la promoción interna.

El art. 59 le da derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, «aunque haya terminado el año natural al que correspondan», cuando coinciden con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural, o con los permisos que el artículo nombra. Es un derecho («tendrá derecho»), no una autorización, y no depende de cuándo acabe la baja.

El art. 60.1 tiene en cuenta el reingreso desde la excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad, además de la vuelta de los permisos que nombra. Las excedencias que no responden a un deber de cuidado no están en el artículo.

El art. 54 alcanza a la designación de representantes en órganos colegiados, comités de personas expertas o comités consultivos, «nacionales o internacionales». No distingue por el ámbito del comité ni por la norma que lo crea.

El párrafo segundo del art. 53 se ciñe a la representación de la Administración General del Estado y de sus organismos en esas comisiones: es esa parte la que «se ajustará» a la composición equilibrada. El artículo no regula una presidencia rotatoria, y los candidatos no forman la comisión.

El art. 52 dirige el mandato al Gobierno: «atenderá» a la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los nombramientos de titulares de órganos directivos de la Administración General del Estado y de sus organismos cuya designación le corresponda. No interpone ningún órgano que informe o proponga las candidaturas.

El art. 58 prevé la licencia por riesgo durante el embarazo y la extiende, en su párrafo segundo, al período de lactancia natural, con la plenitud de los derechos económicos. Los términos y condiciones de la licencia son los de la normativa aplicable, a la que el artículo remite.

El art. 61.2 obliga a impartir esos cursos y a dirigirlos «a todo su personal»: no los reserva a quien selecciona, a quien dirige ni a quien acaba de entrar.

El art. 62 no deja el protocolo a una decisión unilateral: las Administraciones lo negocian con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, y la ley fija los principios mínimos que ha de comprender.

El art. 63 pide la distribución de la plantilla, el grupo de titulación, el nivel de complemento de destino y las retribuciones promediadas, todo desagregado por sexo. Las sanciones, las bajas y los permisos no están entre los datos que nombra.