La responsabilidad social de las empresas y los órganos para la igualdad

Entre las funciones que enumera el art. 77 está asesorar a los órganos competentes del Departamento en la elaboración del informe sobre impacto por razón de género. Asesorar no es aprobar: la Unidad de Igualdad no da el visto bueno al informe. Tampoco le atribuye la ley resolver recursos ni imponer sanciones.

El art. 78.1 le da funciones de consulta y asesoramiento, como cauce para la participación de las mujeres en la igualdad efectiva y en la lucha contra la discriminación por razón de sexo. No decide: no inspecciona ni controla, no resuelve quejas ni gestiona ayudas.

La disposición adicional trigésima segunda abre la profesión a quien tenga un título de grado, posgrado o equivalente del ámbito de conocimiento de los estudios de género, los estudios feministas y las políticas públicas de igualdad. No vale un grado de otra rama, con curso o sin él, y tampoco se exige precisamente un máster: el grado también da acceso.

Concertar estas acciones con la representación de los trabajadores es una posibilidad que abre el art. 73, no un requisito. Cuando la empresa no las concierta, la ley no le pide autorización ni aprobación de nadie: solo que informe de ellas a esos representantes. Las otras tres opciones añaden un control externo que el artículo no prevé.

El art. 78.2 deja al reglamento el funcionamiento, las competencias y la composición del Consejo, pero garantiza en todo caso dos participaciones: la del conjunto de las Administraciones públicas, no solo la del Estado, y la de las asociaciones y organizaciones de mujeres. Los sindicatos no están entre las que la ley garantiza.

La disposición adicional trigésima segunda abre dos vías alternativas, unidas por «o», y la segunda no pide título: contar con una amplia y acreditada experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de políticas de igualdad. La ley no le añade otro título ni limita el ejercicio a las Administraciones públicas. La experiencia se acredita en los términos que fije la orden ministerial prevista en el apartado 3.

El art. 76 la define como el órgano colegiado responsable de coordinar las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales, con la finalidad de garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y promover su efectividad. Su ámbito son los ministerios: ni la coordinación con las comunidades autónomas, ni la de las entidades locales, ni los planes de igualdad de las empresas forman parte de lo que le encomienda.