La finalización del procedimiento y la tramitación simplificada
30 preguntas · en 5 colecciones
Los capítulos V y VI del título IV de la Ley 39/2015: la terminación, la resolución, el desistimiento, la renuncia, la caducidad y la tramitación simplificada.
Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta. Ésta es una pequeña muestra de las 30 preguntas que contiene en total.
Al resolver un procedimiento sancionador, el órgano competente considera que la infracción reviste mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución. ¿Qué prevé el artículo 90.2?
Que se notifique al inculpado para que alegue en un plazo de diez días
Que se notifique al inculpado para que alegue en un plazo de quince días
Que el expediente vuelva al instructor para que formule una nueva propuesta
Que se imponga la sanción propuesta, porque no puede agravarse en la resolución
Si el órgano que resuelve aprecia mayor gravedad, se notifica al inculpado para que alegue en quince días; no se devuelve el expediente al instructor ni se queda atado a la sanción propuesta. Diez días es la cifra más repetida de la ley, pero no la de este trámite.
No obstante, cuando el órgano competente para resolver considere que la infracción o la sanción revisten mayor gravedad que la determinada en la propuesta de resolución, se notificará al inculpado para que aporte cuantas alegaciones estime convenientes en el plazo de quince días.
Salvo que reste menos para la tramitación ordinaria, ¿en qué plazo, y a contar desde cuándo, deben resolverse los procedimientos tramitados de manera simplificada?
Treinta días desde el siguiente a la presentación de la solicitud
Treinta días desde el siguiente a la notificación del acuerdo de simplificación
Tres meses desde el siguiente a la presentación de la solicitud
Tres meses desde el siguiente a la notificación del acuerdo de simplificación
El artículo 96.6 fija treinta días, contados desde el siguiente a aquel en que se notifica al interesado el acuerdo de tramitación simplificada, no desde la solicitud. Tres meses es el plazo supletorio para resolver cuando la norma no fija otro (art. 21.3).
Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento
En un procedimiento de responsabilidad patrimonial, ¿cuánto tiempo ha de pasar, y desde cuándo, sin resolución expresa notificada ni acuerdo formalizado, para que pueda entenderse que la resolución es contraria a la indemnización?
Tres meses desde que se inició el procedimiento
Tres meses desde que concluyó el trámite de audiencia
Seis meses desde que se inició el procedimiento
Seis meses desde que concluyó el trámite de audiencia
El artículo 91.3 cuenta seis meses desde el inicio del procedimiento. Tres meses es el plazo supletorio para resolver cuando la norma no fija otro (art. 21.3), y el fin de la audiencia es el momento en que, sin dictamen preceptivo, el órgano resuelve (art. 91.1), no el inicio del cómputo.
Transcurridos seis meses desde que se inició el procedimiento sin que haya recaído y se notifique resolución expresa o, en su caso, se haya formalizado el acuerdo, podrá entenderse que la resolución es contraria a la indemnización del particular.
En el ámbito de la Administración General del Estado, ¿quién resuelve con carácter general los procedimientos de responsabilidad patrimonial?
El Ministro respectivo
El Consejo de Ministros
El Subsecretario respectivo
El Delegado del Gobierno
En la Administración General del Estado resuelve el Ministro respectivo. El Consejo de Ministros, el distractor tentador, solo resuelve en los casos del artículo 32.3 de la Ley 40/2015 o cuando una ley lo disponga. Este párrafo rige solo para la Administración General del Estado (disposición final primera, apartado 3).
En el ámbito de la Administración General del Estado, los procedimientos de responsabilidad patrimonial se resolverán por el Ministro respectivo o por el Consejo de Ministros en los casos del artículo 32.3 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público o cuando una ley así lo disponga.
En un procedimiento sancionador cuya sanción es solo pecuniaria, el presunto responsable la paga voluntariamente antes de la resolución. ¿Qué deja el artículo 85.2 fuera de la terminación del procedimiento?
La valoración de las pruebas ya practicadas en la instrucción
El mantenimiento de las medidas provisionales ya acordadas
Reponer la situación alterada y fijar la indemnización por los daños
La notificación de la propuesta de resolución al presunto responsable
El pago voluntario termina el procedimiento «salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización» por los daños y perjuicios de la infracción. Las demás opciones son trámites del propio procedimiento sancionador, y el artículo 85.2 no los salva de la terminación.
el pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.
Acordada la realización de actuaciones complementarias, ¿en qué plazo máximo deben practicarse y de cuántos días disponen los interesados para alegar tras su finalización?
Practicarlas en diez días y alegar en cinco
Practicarlas en diez días y alegar en siete
Practicarlas en quince días y alegar en cinco
Practicarlas en quince días y alegar en siete
El artículo 87 fija dos cifras distintas: las actuaciones se practican en un plazo no superior a quince días, y los interesados tienen siete para alegar tras terminar. Diez días es el plazo más repetido de la ley, pero aquí no aparece; cinco son las alegaciones iniciales de la tramitación simplificada (art. 96.6.c).
concediéndoseles un plazo de siete días para formular las alegaciones que tengan por pertinentes tras la finalización de las mismas. Las actuaciones complementarias deberán practicarse en un plazo no superior a quince días.
Un interesado solicita la tramitación simplificada y pasan cinco días desde su presentación sin que el órgano competente se pronuncie. ¿Cómo se entiende la solicitud?
Estimada, y el procedimiento sigue por la vía simplificada
Desestimada, por el solo transcurso de ese plazo
Pendiente hasta que el órgano dicte resolución expresa
Estimada, salvo que otro interesado se oponga a ella
Transcurridos los cinco días, la solicitud se entiende desestimada (art. 96.3). Aquí no rige la regla general del silencio estimatorio en los procedimientos a solicitud: el propio apartado dispone lo contrario.
Transcurrido el mencionado plazo de cinco días se entenderá desestimada la solicitud.
Tres interesados presentaron juntos el escrito de iniciación y, más tarde, solo uno de ellos desiste. ¿A quién afecta el desistimiento?
A los tres, porque el escrito de iniciación era común
Solo al interesado que lo ha formulado
A los tres, salvo que los otros dos se opongan
A ninguno hasta que lo suscriban los tres
El artículo 94.2 es claro: si el escrito de iniciación lo firmaron dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia solo afecta a quienes lo formularon. Los demás siguen en el procedimiento sin necesidad de oponerse.
Si el escrito de iniciación se hubiera formulado por dos o más interesados, el desistimiento o la renuncia sólo afectará a aquellos que la hubiesen formulado.
El artículo 94.1 permite al interesado desistir de su solicitud y renunciar a sus derechos. ¿A cuál de esas dos facultades le pone la condición de que no esté prohibida por el ordenamiento jurídico?
Solo a la renuncia a sus derechos
Solo al desistimiento de su solicitud
A las dos, en los mismos términos
A ninguna: ambas caben siempre
El inciso «cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico» va pegado a la renuncia: se puede desistir de una solicitud siempre, pero no se puede renunciar a un derecho irrenunciable. El artículo 84.1 repite la misma salvedad solo para la renuncia.
Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
¿Cuál de estos trámites NO figura entre los únicos de que consta un procedimiento tramitado de manera simplificada, según el artículo 96.6?
La subsanación de la solicitud presentada, en su caso
El informe del servicio jurídico, cuando sea preceptivo
El informe del Consejo General del Poder Judicial, si es preceptivo
Un periodo de información pública, si la naturaleza lo requiere
La lista del 96.6 es de trámites «únicamente», y la información pública no está en ella: es un trámite de la instrucción ordinaria (art. 83). La subsanación (b), el informe del servicio jurídico (e) y el del Consejo General del Poder Judicial (f) sí figuran; y si hiciera falta un trámite no previsto, el procedimiento se tramitaría de manera ordinaria (96.7).
constarán únicamente de los siguientes trámites: a) Inicio del procedimiento de oficio o a solicitud del interesado. b) Subsanación de la solicitud presentada, en su caso. c) Alegaciones formuladas al inicio del procedimiento durante el plazo de cinco días. d) Trámite de audiencia, únicamente cuando la resolución vaya a ser desfavorable para el interesado. e) Informe del servicio jurídico, cuando éste sea preceptivo. f) Informe del Consejo General del Poder Judicial, cuando éste sea preceptivo. g) Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma en los casos en que sea preceptivo. Desde que se solicite el Dictamen al Consejo de Estado, u órgano equivalente, hasta que éste sea emitido, se producirá la suspensión automática del plazo para resolver. El órgano competente solicitará la emisión del Dictamen en un plazo tal que permita cumplir el plazo de resolución del procedimiento. El Dictamen podrá ser emitido en el plazo de quince días si así lo solicita el órgano competente. En todo caso, en el expediente que se remita al Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente, se incluirá una propuesta de resolución. Cuando el Dictamen sea contrario al fondo de la propuesta de resolución, con independencia de que se atienda o no este criterio, el órgano competente para resolver acordará continuar el procedimiento con arreglo a la tramitación ordinaria, lo que se notificará a los interesados. En este caso, se entenderán convalidadas todas las actuaciones que se hubieran realizado durante la tramitación simplificada del procedimiento, a excepción del Dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente. h) Resolución.
¿Cuál de estos elementos forma parte del contenido mínimo que el artículo 86.2 exige a los acuerdos de terminación convencional?
La garantía que presta el particular para cumplirlo
El informe del servicio jurídico de la Administración
El plazo de vigencia que tendrá el acuerdo
La cláusula de arbitraje para las discrepancias
El contenido mínimo del artículo 86.2 son tres elementos: la identificación de las partes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia. La garantía, el informe jurídico y el arbitraje pueden parecer razonables, pero no están en esa lista.
Los citados instrumentos deberán establecer como contenido mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, funcional y territorial, y el plazo de vigencia, debiendo publicarse o no según su naturaleza y las personas a las que estuvieran destinados.
La Administración no puede abstenerse de resolver por el silencio, la oscuridad o la insuficiencia de los preceptos aplicables. ¿Qué solicitudes permite, sin embargo, inadmitir el artículo 88.5?
Las que planteen una cuestión que la norma aplicable no resuelve
Las que se presenten sin indicar el órgano al que se dirigen
Las que reiteren otra anterior ya desestimada por silencio
Las de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento
El artículo 88.5 admite inadmitir las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento o manifiestamente carentes de fundamento. Que la norma no resuelva la cuestión es precisamente el pretexto que el mismo apartado prohíbe; y una solicitud sin el órgano de destino se subsana (art. 68), no se inadmite.
En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento
Si la sanción es solo pecuniaria, ¿qué reducciones sobre el importe de la sanción propuesta aplica el órgano competente cuando el infractor reconoce su responsabilidad o paga voluntariamente, según el artículo 85.3?
De hasta el 20 %, acumulables entre sí
De al menos el 20 %, acumulables entre sí
De al menos el 20 %, que no se pueden acumular
De hasta el 20 %, que no se pueden acumular
El 20 % es un suelo, no un techo: la ley dice «al menos», y el párrafo siguiente permite incrementarlo por reglamento. Además, las reducciones por reconocimiento y por pago son acumulables entre sí. «Hasta el 20 %» invierte el sentido de la cifra.
En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones de, al menos, el 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí.
¿En cuál de estos casos NO prevé el artículo 89.1 que el instructor de un procedimiento sancionador resuelva su finalización y el archivo sin formular propuesta de resolución?
Cuando los hechos no hayan resultado acreditados
Cuando la sanción que corresponda sea de escasa cuantía
Cuando se concluya que ha prescrito la infracción
Cuando no se haya podido identificar al responsable
La escasa cuantía de la sanción no figura en el 89.1, cuyas circunstancias miran solo a los hechos, a la prescripción de la infracción y al responsable. Las otras tres son letras del 89.1: hechos no acreditados (b), responsable no identificado (d) e infracción prescrita (e).
El órgano instructor resolverá la finalización del procedimiento, con archivo de las actuaciones, sin que sea necesaria la formulación de la propuesta de resolución, cuando en la instrucción procedimiento se ponga de manifiesto que concurre alguna de las siguientes circunstancias: a) La inexistencia de los hechos que pudieran constituir la infracción. b) Cuando los hechos no resulten acreditados. c) Cuando los hechos probados no constituyan, de modo manifiesto, infracción administrativa. d) Cuando no exista o no se haya podido identificar a la persona o personas responsables o bien aparezcan exentos de responsabilidad. e) Cuando se concluyera, en cualquier momento, que ha prescrito la infracción.
Según el artículo 95.3, ¿qué ocurre con el plazo de prescripción de las acciones del particular o de la Administración mientras se tramita un procedimiento que acaba caducado?
Queda interrumpido y vuelve a contarse entero desde la caducidad
Queda suspendido mientras el procedimiento estuvo en trámite
Sigue corriendo, porque el procedimiento caducado no lo interrumpe
Se consuma, porque la caducidad produce por sí sola la prescripción
Los procedimientos caducados no interrumpen el plazo de prescripción, así que este sigue corriendo como si no se hubieran tramitado. Tampoco al revés: la caducidad no produce por sí sola la prescripción, y si esta no ha llegado puede iniciarse un procedimiento nuevo.
La caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, pero los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.
Un interesado desiste, pero la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entraña interés general. ¿Qué puede hacer la Administración?
Rechazar el desistimiento y requerir al interesado que siga actuando
Limitar los efectos del desistimiento al interesado y seguir el procedimiento
Declarar la caducidad y abrir de oficio un procedimiento nuevo
Aceptarlo de plano y archivar las actuaciones sin más trámite
El artículo 94.5 no obliga al interesado a seguir: el desistimiento vale para él, pero la Administración puede limitar sus efectos a ese interesado y continuar el procedimiento. Aceptarlo de plano y archivar es la regla general del 94.4, que aquí cede ante el interés general.
Si la cuestión suscitada por la incoación del procedimiento entrañase interés general o fuera conveniente sustanciarla para su definición y esclarecimiento, la Administración podrá limitar los efectos del desistimiento o la renuncia al interesado y seguirá el procedimiento.
Según el artículo 87 de la Ley 39/2015, ¿qué actuaciones quedan excluidas expresamente de la consideración de actuaciones complementarias?
Los informes que preceden inmediatamente a la resolución final
Las pruebas que propongan los interesados durante la instrucción
Las que acuerde el órgano competente para resolver, motivadamente
Las que resulten indispensables para resolver el procedimiento
El artículo 87 excluye de forma expresa los informes que preceden inmediatamente a la resolución final. Las dos últimas opciones describen justo lo que sí son actuaciones complementarias: las indispensables para resolver, acordadas motivadamente por el órgano competente para resolver.
No tendrán la consideración de actuaciones complementarias los informes que preceden inmediatamente a la resolución final del procedimiento.
Según el artículo 84.2 de la Ley 39/2015, el procedimiento también termina por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. ¿Qué exige la ley a la resolución que se dicte en ese caso?
Que sea motivada en todo caso
Que la preceda un trámite de audiencia
Que la apruebe el superior jerárquico
Que se publique en el diario oficial
El artículo 84.2 pide a esa resolución una sola cosa: que sea motivada, y en todo caso. La audiencia previa, tentadora porque la resolución pone fin al procedimiento, no figura en el precepto, como tampoco la aprobación del superior ni la publicación.
También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada en todo caso.
La Administración acuerda de oficio la tramitación simplificada de un procedimiento no sancionador, lo notifica y uno de los interesados manifiesta su oposición expresa. ¿Qué ocurre?
Sigue la simplificada, y la oposición se valora al resolver
El órgano resuelve la oposición en cinco días, sin recurso
Se suspende el procedimiento hasta resolver la oposición
La Administración debe seguir la tramitación ordinaria
Basta la oposición expresa de un interesado para que la Administración tenga que seguir la tramitación ordinaria (art. 96.2). Los cinco días sin recurso son el plazo para desestimar la solicitud de simplificada que presenta un interesado (96.3), otro supuesto; y en los sancionadores leves no cabe esta oposición (96.5).
Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria.
Un interesado desiste de su solicitud y en el procedimiento se habían personado terceros interesados. ¿En qué plazo, desde que se les notifica el desistimiento, pueden instar que el procedimiento continúe?
Tres días
Cinco días
Siete días
Diez días
El artículo 94.4 da a los terceros personados diez días desde que se les notifica el desistimiento o la renuncia; si no instan la continuación, la Administración acepta de plano y declara concluso el procedimiento. Siete días es el plazo para alegar tras las actuaciones complementarias (art. 87).
La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de diez días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
¿Cuándo es ejecutiva la resolución que pone fin a un procedimiento sancionador, según el artículo 90.3 de la Ley 39/2015?
Cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa
Desde que se notifica, aunque quepa contra ella recurso de alzada
Cuando sea firme por no haberse recurrido en vía contencioso-administrativa
Cuando la confirme expresamente el superior jerárquico del órgano
La resolución sancionadora es ejecutiva cuando ya no cabe contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa. No lo es desde la notificación si aún cabe la alzada, y tampoco espera a la firmeza judicial: siendo ya ejecutiva, puede suspenderse cautelarmente si el interesado anuncia que acudirá al contencioso.
La resolución que ponga fin al procedimiento será ejecutiva cuando no quepa contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa
¿Qué acuerdos de terminación convencional requieren en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las comunidades autónomas?
Los que se celebren con personas de Derecho privado
Los que versen sobre materias de la competencia directa de ese órgano
Los que pongan fin a un procedimiento de responsabilidad patrimonial
Los que comprometan gastos de ejercicios presupuestarios futuros
El artículo 86.3 ata la aprobación expresa del Consejo de Ministros, o de su equivalente autonómico, a la materia: la de su competencia directa. Que el acuerdo sea con un particular o ponga fin a una reclamación de responsabilidad patrimonial no la exige por sí solo; el 86.1 admite acuerdos con personas de Derecho público y privado.
Requerirán en todo caso la aprobación expresa del Consejo de Ministros u órgano equivalente de las Comunidades Autónomas, los acuerdos que versen sobre materias de la competencia directa de dicho órgano.
En un procedimiento iniciado de oficio, ¿puede desistir la propia Administración?
No: desistir es una facultad exclusiva de los interesados
Sí, libremente y sin necesidad de motivar su decisión
Sí, pero solo con la conformidad de los interesados personados
Sí, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos de las leyes
El artículo 93 reconoce el desistimiento de la Administración en los procedimientos de oficio, pero lo sujeta a dos cosas: motivación y los supuestos y requisitos que prevean las leyes. No es libre, y tampoco depende de la conformidad de los interesados.
En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes.
En un procedimiento iniciado a solicitud, el interesado deja sin cumplimentar un trámite que no es indispensable para dictar resolución. ¿Puede acordarse por ello la caducidad del procedimiento?
No, porque el trámite no es indispensable para resolver
Sí, previa advertencia al interesado de que caducará
Sí, en cuanto venza el plazo de ese trámite
No, porque la inactividad del interesado nunca causa caducidad
El artículo 95.2 impide acordar la caducidad por no cumplimentar trámites que no sean indispensables para dictar resolución: esa inactividad solo hace perder el derecho al trámite. Pero no es verdad que la inactividad del interesado nunca cause caducidad: si paraliza el procedimiento por su causa, la Administración le advierte y lo declara caducado (95.1).
No podrá acordarse la caducidad por la simple inactividad del interesado en la cumplimentación de trámites, siempre que no sean indispensables para dictar resolución. Dicha inactividad no tendrá otro efecto que la pérdida de su derecho al referido trámite.
En un procedimiento de naturaleza sancionadora, ¿cuándo puede adoptarse la tramitación simplificada?
Cuando hay elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve
Cuando la única sanción que cabe imponer es de carácter pecuniario
Cuando lo solicita el interesado y no se opone ningún otro
Cuando hay elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como grave
El artículo 96.5 lo liga a la calificación: cabe la simplificada cuando el órgano competente para iniciar aprecia elementos suficientes para calificar la infracción como leve, y entonces el interesado no puede oponerse. Que la sanción sea solo pecuniaria es el presupuesto de las reducciones del artículo 85, no de esta tramitación.
se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve