Las garantías y la iniciación del procedimiento

El derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motiva la indemnización o de manifestarse su efecto lesivo. Seis meses es otro plazo del mismo procedimiento: el de resolverlo, pasado el cual puede entenderse que la resolución es contraria a la indemnización (91.3).

El 61.1 llama petición razonada a la propuesta de iniciación de un órgano que no es competente y que conoce los hechos ocasionalmente o por sus funciones de inspección. La orden superior viene del superior jerárquico del competente (60.1), y la denuncia la presenta cualquier persona (62.1).

Con el procedimiento iniciado, las medidas provisionales las adopta el órgano competente para resolver, de oficio o a instancia de parte y de forma motivada. El competente para iniciar o instruir es el que puede adoptarlas antes de la iniciación, en casos de urgencia inaplazable (56.2).

En los daños físicos o psíquicos a las personas, el plazo se computa desde la curación o la determinación del alcance de las secuelas. Contar desde el hecho que motiva la indemnización es la regla general del 67.1, que para estos daños la ley desplaza.

El modelo específico que la Administración establece expresamente para un procedimiento concreto es de uso obligatorio (66.6). Los de uso voluntario son los modelos y sistemas de presentación masiva del 66.4.

El 68.1 da diez días para subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivos. Las cifras mayores no son de este trámite: el plazo solo puede ampliarse, y como mucho en cinco días (68.2).

La acumulación exige que sea el mismo órgano quien deba tramitar y resolver. Se acuerda de oficio o a instancia de parte y cualquiera que haya sido la forma de iniciación, así que no hace falta que la pidan todos ni que todos empezaran igual.

El 69.2 llama comunicación al documento con el que se ponen en conocimiento de la Administración los datos identificativos o cualquier otro dato relevante para iniciar una actividad o ejercer un derecho. En la declaración responsable, en cambio, el interesado manifiesta bajo su responsabilidad que cumple los requisitos (69.1).

La regla del 53.1.c) es no presentar originales; cuando la normativa lo exige de manera excepcional, el interesado tiene que presentarlo y tiene derecho a obtener una copia autenticada. La copia simple y la declaración responsable son justo lo que esa norma excepcional no admite en lugar del original.

El 63.1 manda separar la fase instructora de la sancionadora y encomendarlas a órganos distintos: quien instruye no es quien sanciona. La ley no exige esa separación entre la iniciación y la instrucción, ni entre la sanción y su ejecución.

Si es el primero en aportar pruebas que permiten iniciar el procedimiento, sin que hubiera elementos suficientes para ordenarlo, y repara el perjuicio, el 62.4 obliga a eximirle de la multa. La reducción es para quien no cumple alguna de esas condiciones pero aporta pruebas con un valor añadido significativo.

Como regla, la comunicación permite iniciar la actividad desde su presentación, pero puede presentarse dentro de un plazo posterior al inicio cuando la legislación correspondiente lo prevea expresamente. No hay un plazo general de diez días, y lo decide la ley, no una autorización caso por caso.

Sin alegaciones en plazo y con un pronunciamiento preciso sobre la responsabilidad, el acuerdo de iniciación puede considerarse propuesta de resolución: el procedimiento sigue y hay que resolverlo. Reconocer la responsabilidad es algo que el presunto responsable puede hacer voluntariamente (64.2.d), no lo que produce su silencio.

Las actuaciones previas sirven para conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o no de iniciar el procedimiento. Oír a los interesados antes de la propuesta es la audiencia (art. 82), y abrir el expediente a cualquier persona es la información pública (art. 83): los dos son trámites de un procedimiento ya iniciado.

La falsedad esencial determina la imposibilidad de continuar con el ejercicio del derecho o la actividad desde el momento en que se tiene constancia de ella, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas. Las responsabilidades se suman a ese efecto; no lo sustituyen.

A quien está obligado por el 14.2 o el 14.3 y presenta en papel se le requiere para que subsane presentando electrónicamente, y la fecha de presentación es aquella en que hizo la subsanación (68.4). La entrega en papel no fija la fecha.

El 66.2 permite formular en una única solicitud las pretensiones de varias personas con contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar, salvo que las normas reguladoras del procedimiento específico dispongan otra cosa. No pide un representante común ni una autorización previa.

La letra e) le deja alegar y aportar documentos en cualquier fase anterior al trámite de audiencia, y el órgano tiene que tenerlos en cuenta en la propuesta de resolución. No hay un plazo de diez días desde la iniciación ni un corte al abrirse la prueba, y el derecho no llega hasta la resolución.

El 56.2 deja sin efecto las medidas si el procedimiento no se inicia en plazo y también cuando el acuerdo de iniciación no contiene un pronunciamiento expreso sobre ellas. Dictar el acuerdo a tiempo no basta: su silencio no las confirma.

Las declaraciones responsables y las comunicaciones permiten iniciar la actividad desde el día de su presentación, sin perjuicio de que la Administración compruebe, controle e inspeccione después. No hay que esperar a una comprobación ni a que opere el silencio.