La iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria

El 133.4 permite prescindir de los tres trámites en las normas presupuestarias u organizativas de las Administraciones y de sus organizaciones dependientes o vinculadas, o cuando concurran razones graves de interés público. Que la norma afecte a derechos e intereses legítimos es justo lo que obliga a publicar el texto para audiencia (133.2); figurar en el Plan Anual Normativo o la decisión del centro directivo no están entre las causas.

El artículo 128.3 remite la jerarquía de las disposiciones administrativas a lo que establezcan las leyes, y añade que ninguna puede vulnerar los preceptos de otra de rango superior. No la fija el Gobierno por real decreto, y ni la fecha de aprobación ni el ámbito territorial deciden el rango.

El plan se hace público cada año y recoge lo que se elevará para su aprobación en el año siguiente, no en el año en curso. No abarca dos años ni el resto de la legislatura.

El artículo 128.2 prohíbe a los reglamentos tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas y establecer penas o sanciones, pero deja a salvo su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley. Por eso falla «ni siquiera en desarrollo»: es justo lo que la ley preserva. La prohibición no distingue quién aprueba el reglamento ni la gravedad de la infracción.

El artículo 128.1 reparte la potestad reglamentaria en tres niveles: el Gobierno de la Nación, los órganos de Gobierno autonómicos y los órganos de gobierno locales, estos de acuerdo con la Constitución, los Estatutos y la Ley 7/1985. Las Asambleas Legislativas, el distractor tentador, no figuran en la lista: el 128.2 las nombra para reservarles materias que el reglamento no puede regular.

Las materias de la consulta son las cuatro letras del 133.1, y la última es la de las posibles soluciones alternativas, regulatorias y no regulatorias. El texto articulado no se somete a esta consulta, sino a la audiencia del 133.2; el rango y el coste no figuran en la lista.

El artículo 132.2 manda publicar el plan aprobado en el Portal de la Transparencia de la Administración correspondiente. El «Boletín Oficial del Estado» tienta porque es el diario oficial donde se publican las normas para entrar en vigor (131), pero el plan solo recoge las iniciativas previstas para el año siguiente.

La disposición derogatoria única deroga expresamente, entre otras normas, la Ley 30/1992, la Ley 11/2007, tres reales decretos enteros (429/1993, de responsabilidad patrimonial; 1398/1993, de potestad sancionadora, y 772/1999, de presentación de solicitudes, copias y registros) y artículos del 1671/2009. Los otros tres no figuran en su lista: el 364/1995 y el 33/1986 son de función pública, y el 208/1996 regula los servicios de información administrativa.

El artículo 129.1 enumera seis principios: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia. La accesibilidad no está entre ellos. Tienta porque el 129.5 pide un acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa, pero lo hace como contenido del principio de transparencia, no como principio propio.

El tercer párrafo del artículo 127 permite al Gobierno de la Nación aprobar reales decretos-leyes y reales decretos legislativos. La ley de bases no la aprueba el Gobierno, sino las Cortes Generales al delegarle la potestad (art. 82 de la Constitución), y los reales decretos y las órdenes ministeriales son disposiciones reglamentarias, sin rango de ley.

El artículo 128.2 cierra a los reglamentos las materias que la Constitución o los Estatutos de Autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las Asambleas Legislativas autonómicas, además de impedirles vulnerar la Constitución o las leyes. Ni la organización interna, ni la existencia de otro reglamento de igual rango, ni quedar fuera del Plan Anual Normativo figuran entre esos límites.