Los recursos administrativos

Las dos circunstancias son los perjuicios de imposible o difícil reparación y la impugnación fundada en una causa de nulidad de pleno derecho. La anulabilidad no basta, y pedir la suspensión es solo una de las dos vías para iniciarla (también cabe de oficio), no una causa.

Agotan la vía administrativa, con una salvedad: que una ley establezca lo contrario. Lo de considerar dependiente un órgano de quien nombró a su presidente es la regla del art. 121.1 para los tribunales de selección, no para cualquier órgano sin superior.

Un mes, contado desde el día siguiente a la notificación. Dos meses es el plazo del recurso contencioso-administrativo, no el del recurso administrativo; y si el acto no es expreso, no hay plazo: cabe en cualquier momento desde los efectos del silencio.

La regla es que el acto se sigue ejecutando aunque se recurra; la suspensión es la excepción, porque la establezca una disposición o porque la acuerde el órgano que resuelve en los casos del art. 117.2. No hay diferencia entre alzada y reposición.

Es el llamado recurso indirecto: como se ataca la norma a través del acto que la aplica, la ley permite llevarlo directamente al órgano autor de la disposición. No cabe recurrir antes el reglamento en alzada, porque contra las disposiciones generales no hay recurso en vía administrativa.

Aquí el silencio juega a favor del recurrente: pasado un mes sin resolución expresa, la ejecución se entiende suspendida. Es un efecto que el art. 117.3 fija directamente, y no la desestimación que cabría esperar del silencio en materia de recursos.

El art. 114.1.e) la incluye entre los actos que agotan la vía administrativa sin distinguir el tipo de relación del que nace el daño: pública o privada, da igual. Por eso contra ella no cabe alzada.

La reposición es potestativa: el interesado elige entre pedirla o acudir directamente a la jurisdicción contencioso-administrativa. No es un paso obligado, y la alzada no procede porque el acto ya agotó la vía.

El plazo de un mes solo rige contra actos expresos. Contra un acto presunto, la alzada cabe en cualquier momento a partir del día siguiente a aquel en que se producen los efectos del silencio, sin que el tiempo transcurrido la cierre.

La resolución de la alzada pone fin a la vía administrativa y contra ella no cabe otro recurso administrativo, con una excepción: el extraordinario de revisión, si concurre alguna circunstancia del art. 125.1. La reposición, aunque procede contra actos que agotan la vía, aquí está excluida.

En esta causa el plazo es de tres meses y se cuenta desde que se conoce el documento, no desde la notificación: del 4 de noviembre al jueves 4 de febrero, de fecha a fecha (art. 30.4). El miércoles 3 de febrero sale de terminar el plazo un día antes de la misma fecha; el 4 de diciembre y el 4 de enero, de aplicar uno o dos meses.

Perder la reposición no cierra la vía judicial: queda el recurso contencioso-administrativo y, si concurre alguna de sus circunstancias, el extraordinario de revisión. La alzada no es alternativa, porque el acto ya ponía fin a la vía administrativa.

No cabe una segunda reposición. Resuelta la reposición, la impugnación sigue en la vía contencioso-administrativa o, si concurre alguna de sus circunstancias, en el extraordinario de revisión. Los documentos nuevos de valor esencial son causa de ese recurso extraordinario, no de otra reposición.

Pasado el plazo, la resolución gana firmeza a todos los efectos. La reposición no es una segunda oportunidad: procede contra actos que ponen fin a la vía administrativa, y este no lo hacía. Contra un acto firme solo queda el extraordinario de revisión, en sus casos.

Alzada y reposición admiten cualquier vicio, sea de nulidad (art. 47) o de anulabilidad (art. 48). Las circunstancias tasadas del art. 125.1 son las del recurso extraordinario de revisión, que solo cabe contra actos firmes.

Los actos de trámite no cualificados no se recurren por separado, pero la discrepancia no se pierde: se alega y se tiene en cuenta en la resolución que pone fin al procedimiento. La alzada y la reposición quedan para las resoluciones y los trámites cualificados del mismo artículo.

El art. 114.2.c) limita el fin de la vía a una materia: el personal. En lo demás, los actos de un director general siguen siendo recurribles en alzada, salvo que otra norma disponga lo contrario. A diferencia de los Ministros y Secretarios de Estado, cuyos actos agotan la vía en todas sus competencias.

Se devuelve el procedimiento al punto en que se cometió el vicio para repetirlo bien, sin perjuicio de que pueda convalidarse (art. 52). El vicio de forma no es causa de inadmisión del recurso ni lleva por sí solo a la nulidad.

Los recursos administrativos se dirigen contra actos, no contra disposiciones generales: contra un reglamento no hay alzada ni reposición. Tampoco el extraordinario de revisión, que procede contra actos firmes en vía administrativa.

El silencio en el extraordinario de revisión es desestimatorio, y con él queda expedita la vía judicial. No cabe alzada contra esa desestimación, porque el recurso extraordinario se dirige contra actos firmes y lo resuelve el mismo órgano que dictó el acto.