El Tribunal Supremo

El art. 56.2.º incluye al Presidente y a los Consejeros del Consejo de Estado en su lista de altos cargos del Estado. Ni los Presidentes de las Audiencias Provinciales, ni los Delegados del Gobierno, ni los alcaldes figuran en ella: la LOPJ no lleva al Tribunal Supremo las demandas civiles contra ellos.

Cada Sala del Tribunal Supremo conoce de las recusaciones contra los Magistrados que la componen (art. 60.1). La Sala de Gobierno gobierna el Tribunal y no resuelve incidentes de un proceso; el Presidente del Tribunal no decide por sí solo la recusación de un Magistrado; y la Sala de lo Civil no tiene ninguna competencia sobre las recusaciones de los Magistrados de otras Salas.

La Sala del art. 61 suma al Presidente del Tribunal Supremo y a los Presidentes de Sala dos Magistrados de cada Sala: el más antiguo y el más moderno. Ni dos de cada extremo, ni solo los más antiguos, ni solo los más modernos: uno y uno.

El art. 55 numera las cinco Salas del Tribunal Supremo, y la de lo Contencioso-Administrativo es la Tercera. La confusión habitual es con la Segunda, la de lo Penal, que es la que más suena por las causas contra aforados; la Primera es la de lo Civil y la Cuarta, la de lo Social.

El art. 57.1.3.º añade a los Fiscales europeos delegados. Los Fiscales Jefes provinciales y los Fiscales Superiores de las comunidades autónomas no están en el art. 57: del Ministerio Fiscal, la Sala solo conoce de las causas contra el Fiscal General del Estado y los Fiscales de Sala del Tribunal Supremo (art. 57.1.2.º). Tampoco figuran los magistrados de las Audiencias Provinciales.

Son cinco Magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo: los dos más antiguos y los tres más modernos (art. 61.3). Con el Presidente del Tribunal Supremo y el de la Sala, la Sección la forman siete. La trampa es invertir las cifras: hay más modernos que antiguos.

El art. 58 lleva a esta Sala, en única instancia, los recursos contra los actos y disposiciones de los órganos competentes del Congreso de los Diputados y del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, en los términos y materias que establezca la ley. Los actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las Asambleas legislativas autonómicas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas van a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, pero solo en materia de personal, administración y gestión patrimonial (art. 74.1.c), igual que los actos de las Juntas Electorales Provinciales (art. 74.1.f).

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo conoce de recursos extraordinarios: casación, revisión y los demás que establezca la ley en las materias de su orden (art. 59). El art. 59 no le da ninguna apelación; la alzada es un recurso administrativo, que no se resuelve ante un tribunal; y el amparo es del Tribunal Constitucional, no de una Sala del Supremo.

El art. 61.1.1.º se refiere solo a la Sala de lo Contencioso-Administrativo: la revisión contra las sentencias que ella dicta en única instancia no la resuelve ella misma, sino la Sala del art. 61. Las Salas de lo Civil y de lo Penal conocen de los recursos de revisión de su orden (arts. 56.1.º y 57.1.1.º), y el art. 61 no les quita ninguno: la regla especial es solo para lo que la Sala de lo Contencioso-Administrativo resuelve en única instancia.

El art. 55 bis lleva a esas dos Salas, la civil para las acciones civiles y la penal para las penales, las dirigidas contra cuatro figuras: la Reina consorte o el consorte de la Reina, la Princesa o Príncipe de Asturias y su consorte, y el Rey o Reina que hubiere abdicado y su consorte. De los hijos del Rey solo nombra a la heredera o el heredero; los demás Infantes, los hermanos del Rey y quien ejerza la Regencia no están en la lista.

Las determina el Ministerio de Justicia (art. 61 bis.5), con tres trámites previos: oír a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, el informe del Consejo General del Poder Judicial y el informe favorable del Ministerio de Hacienda. La Sala de Gobierno y el Consejo General intervienen, pero informando, no decidiendo; el Presidente del Tribunal Supremo no figura en este trámite.

El art. 227.1.º encarga a la Sala prevista en el art. 61 la decisión de la recusación del Presidente del Tribunal Supremo, y el art. 61.1.2.º le atribuye también ese incidente; los afectados directamente por la recusación son sustituidos por quienes corresponda. La Sala de Gobierno gobierna el Tribunal, pero no juzga recusaciones; la Sala de lo Penal no tiene esa competencia; y el Consejo General del Poder Judicial no ejerce función jurisdiccional.

El Gabinete se organiza en tantas áreas como órdenes jurisdiccionales, y dentro de cada área puede haber una sección de Admisión y otra de Estudios e Informes. Para la Sala de lo Militar la regla es otra y más modesta: «podrá haber un Letrado del Gabinete Técnico» (art. 61 bis.3). No se le prevé área ni sección propias, y la ley no la apoya en el área del orden penal.

El art. 61 quáter.2 pide las dos cosas a la vez: titulación en Derecho y pertenecer a un Cuerpo del Subgrupo A1 o asimilado. Ni basta el A1 con otra titulación, ni el Derecho en un Cuerpo del Subgrupo A2.

El art. 53 se cierra con una reserva: «ningún otro podrá tener el título de Supremo». La sede en la villa de Madrid y la jurisdicción en toda España no son exclusivas: la Audiencia Nacional tiene las dos (art. 62). Tampoco lo es la Sala de Gobierno: la tienen también la Audiencia Nacional y cada Tribunal Superior de Justicia (art. 149).

El plazo del nombramiento y de la prórroga no impide el cese anticipado, pero el art. 61 quinquies.1 lo acota: lo acuerda el Presidente del Tribunal Supremo y solo por incumplimiento grave de los deberes de su función. El Consejo General del Poder Judicial no interviene en este cese, y la ley no admite un cese por pérdida de la confianza.

El art. 61 quinquies.2 los declara en servicios especiales en su Carrera o Cuerpo de procedencia. No siguen en servicio activo en su destino de origen, aunque trabajen en el Tribunal Supremo, ni pasan a una excedencia. Y a los jueces que sirven como Letrados se les computa la antigüedad en el orden jurisdiccional del área a la que estén adscritos (art. 61 quinquies.3).

Es la de lo Militar: el art. 55 la remite a su legislación específica, y la LOPJ y el ordenamiento común a las demás Salas solo se le aplican de forma supletoria. Las de lo Penal, lo Contencioso-Administrativo y lo Social se rigen por la propia LOPJ, que fija lo que conoce cada una en los arts. 57, 58 y 59.

El art. 61 ter da la superior dirección al Presidente del Tribunal Supremo, que puede delegarla en el Vicepresidente del Tribunal. El Director del Gabinete y los Letrados que coordinan cada área trabajan bajo esa dirección; los Presidentes de Sala son oídos en la selección y la prórroga de los Letrados, pero no dirigen el Gabinete; y el Ministerio de Justicia tampoco tiene esa dirección.

El primer nombramiento es por un año; cumplido, el Presidente del Tribunal Supremo, oídos el Presidente de Sala y el Director del Gabinete, puede proponer la prórroga, que se concede por periodos sucesivos de tres años y por el mismo procedimiento que el nombramiento (art. 61 quinquies.1). La trampa es invertir las cifras: el año es el del primer nombramiento y los tres años, los de cada prórroga.