Los derechos fundamentales: de la vida a la libertad de expresión

El 17.3 pide que la información se dé «de forma inmediata». Esperar a la primera declaración o a la puesta a disposición judicial llegaría tarde.

El 18.4 manda a la ley limitar el uso de la informática para proteger el honor, la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos. No habla de acceso universal ni se ciñe a las Administraciones.

«Ninguna confesión tendrá carácter estatal.» La Iglesia Católica aparece en el mismo apartado, pero para las relaciones de cooperación, no para darle carácter oficial.

Dentro de las setenta y dos horas, el detenido sale en libertad o pasa a la autoridad judicial. El 17.2 no menciona al Ministerio Fiscal, y la prisión provisional es otra figura (17.4).

El 18.1 dice «intimidad personal y familiar», y el 18.4 repite la fórmula. El domicilio tiene su propia garantía en el 18.2, y lo laboral no aparece.

Son la cláusula de conciencia y el secreto profesional. La rectificación o la réplica no las nombra el artículo 20.

La Constitución no fija ese plazo: lo remite a la ley. Las setenta y dos horas son el tope de la detención preventiva (17.2), que es otra figura.

El «habeas corpus» busca la inmediata puesta a disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente. La prisión provisional sale en el mismo apartado, pero es otra cosa y su plazo lo fija la ley.

El segundo párrafo del 19 remite a la ley los términos de la entrada y la salida. Lo que fija directamente es que no cabe limitarlo por motivos políticos o ideológicos.

El 17.3 lo dice sin salvedades: la persona detenida no puede ser obligada a declarar. Ni la orden judicial ni la presencia del abogado lo cambian.

El 17.1 exige dos cosas: las garantías del propio artículo y una ley que prevea los casos y la forma. Un reglamento no basta, y la sentencia firme no es el único supuesto: el mismo artículo regula la detención preventiva.

La garantía cubre las diligencias policiales y las judiciales, en los términos que fije la ley. El 17.3 no menciona diligencias del Ministerio Fiscal, ni la deja a lo que acuerde el juez.

El 18.3 solo prevé una salvedad: la resolución judicial. A diferencia del domicilio (18.2), no menciona el flagrante delito.

El 16.2 no admite salvedades: nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. El texto no prevé excepción judicial, legal ni estadística.

El 16.3 nombra a la Iglesia Católica, pero añade «y las demás confesiones»: la cooperación no es exclusiva de una. El registro y la ley orgánica no están en el artículo.

El 20.3 manda a la ley regular su organización y su control parlamentario, y garantizar el acceso de los grupos sociales y políticos significativos. No es un control del Gobierno.

El 20.5 lo admite «sólo» en virtud de resolución judicial: ni el Gobierno ni el fiscal pueden acordarlo por sí. No choca con la prohibición de censura previa, que es otra garantía.

El 16.1 la garantiza «de los individuos y las comunidades». No la reserva a los españoles ni a las confesiones.

El 20.1.c) reconoce la libertad de cátedra. La libertad de enseñanza también está en la Constitución, pero en el 27.1, no aquí.

El 20.1.b) protege la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. La industrial no está en esa enumeración.