La Constitución: preámbulo, estructura y disposiciones

«De los derechos y deberes fundamentales». «De los derechos fundamentales y de las libertades públicas» es la rúbrica de la sección 1.ª de su capítulo segundo, no la del título.

«La Nación española», en uso de su soberanía. El pueblo español y las Cortes también salen en el preámbulo, pero en su última frase y con otro papel; y el Rey firma la fórmula que encabeza y cierra el texto. Ninguno de los tres es quien proclama esa voluntad.

Autorizarlo, y mediante una ley orgánica, en los términos previstos en el artículo 144. No basta una ley ordinaria, no hay sesión conjunta de las Cámaras y la transitoria no prevé ningún referéndum.

Los que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto y contasen con régimen provisional de autonomía: el plebiscito es lo que los distingue. Ni los derechos forales, ni la insularidad, ni la lengua aparecen en esa disposición.

Los derechos históricos de los territorios forales, que la Constitución ampara y respeta. Las Audiencias Territoriales tienen su propia adicional, la cuarta; el concejo abierto es cosa del artículo 140, y Ceuta y Melilla aparecen en las transitorias, no en las adicionales.

«De la suspensión de los derechos y libertades». Los estados de alarma, excepción y sitio no tienen capítulo propio en el título I: los regula el artículo 116, en el título V.

Por mayoría absoluta de sus miembros, según la disposición transitoria primera. Ni dos tercios ni tres quintos: y no basta la mayoría de los votos emitidos, porque se cuenta sobre los miembros del órgano.

Por el orden de entrada en la Comisión, y el plazo del artículo 151 empezaba a contar para cada uno cuando la Comisión terminaba con el anterior. Ni la Mesa, ni la fecha de aprobación en la asamblea, ni la población deciden el turno.

Mantener las que ya existen, distribuyendo las competencias entre ellas, de conformidad con la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad e independencia de este. La disposición adicional cuarta no habla de fusionarlas, suprimirlas ni crear otras.

El cuarto, el que sigue a los principios rectores de la política social y económica, que son el tercero. El segundo reconoce los derechos y libertades, pero no lleva esa rúbrica.

Al principio del título I, antes de su capítulo primero: tras la rúbrica del título viene directamente el artículo 10, y el capítulo primero, «De los españoles y los extranjeros», empieza en el 11. El título preliminar termina en el artículo 9.

«De la elaboración de las leyes». El título III, «De las Cortes Generales», tiene tres capítulos: el primero, de las Cámaras; el segundo, este; el tercero, de los Tratados Internacionales. Ninguna de las otras tres es rúbrica de la Constitución.

Las situaciones amparadas por los derechos forales en el ámbito del Derecho privado. La disposición no menciona el sufragio, la emancipación ni la responsabilidad penal: su única salvedad es la foral.

Cierra con una cláusula general: «cuantas disposiciones se opongan» a la Constitución, sin esperar a ninguna declaración del Tribunal Constitucional, sin plazo de adaptación y sin distinguir el rango.

Por sorteo, según la disposición transitoria novena, entre grupos de cuatro de la misma procedencia electiva; a estos efectos, los dos del Gobierno y los dos del Consejo General del Poder Judicial contaban como un grupo. Ni la antigüedad ni la edad ni una votación del Pleno decidían.

El 15 de junio de 1981, según la disposición transitoria octava. Hasta entonces asumían las funciones que la Constitución da al Congreso y al Senado, «sin que en ningún caso» su mandato pasara de esa fecha.

Las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica: lo dice la fórmula del encabezamiento y lo repite el final del preámbulo con los mismos verbos. Cambiar el verbo de uno a otro es la trampa.

Que se publicará también «en las demás lenguas de España». La disposición final no habla de boletines autonómicos, ni de una sanción ante las Cortes, ni de una lectura en sesión conjunta.

Hasta las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución, y con todos sus efectos. Las elecciones generales no son el hito, ni lo es una ley de régimen local o la disolución de los organismos provisionales, que regula otra transitoria, la séptima.

El imperio de la ley, entendida como expresión de la voluntad popular. La separación de poderes, la primacía de la Constitución o la tutela judicial pueden sonar a Estado de Derecho, pero no son lo que dice el preámbulo.