Los derechos fundamentales: de la reunión al derecho de petición

Solo es ilegal la asociación cuyos fines o medios estén tipificados como delito. No inscribirse no la hace ilegal: el registro del 22.3 es a efectos de publicidad.

El 25.2 las orienta a la reeducación y la reinserción social. La retribución, la reparación o la custodia no son la orientación que nombra este artículo.

El 23.2 remite los requisitos a «las leyes». No los deja a las convocatorias, a los reglamentos ni a los Estatutos.

El 24.1 extiende la tutela a los derechos e intereses legítimos, no solo a los derechos fundamentales. El adjetivo es «legítimos», no «directos».

Son dos: las secretas y las paramilitares. Las no inscritas no están prohibidas, porque el registro del 22.3 solo da publicidad.

El 26 prohíbe los Tribunales de Honor. Los de excepción tienen su propio apartado, en el título del Poder Judicial.

El 21.1 lo dice sin matices: el ejercicio del derecho de reunión no necesita autorización previa. Ni el número de asistentes ni quién convoca lo cambian; para las manifestaciones lo que hay es comunicación, no permiso.

El 21.2 pide comunicación previa a la autoridad, no autorización: la autoridad solo puede prohibir cuando hay razones fundadas de alteración del orden público.

Es el juez ordinario y predeterminado por la ley: fijado de antemano, no designado para el asunto. Un juez especial creado para el caso es justo lo contrario.

El 24.2 reconoce el derecho a utilizar los medios de prueba «pertinentes» para la defensa. No son todos los que se propongan ni los que decida el fiscal.

Las elecciones del 23.1 son periódicas y por sufragio universal. Un sufragio censitario o corporativo, que reserva el voto a una parte, es justo lo que el adjetivo excluye.

El 24.2 reconoce el derecho a ser informados de la acusación formulada contra ellos. No menciona la identidad del denunciante ni la pena solicitada.

Puede, pero solo con razones fundadas de alteración del orden público y peligro para personas o bienes. Las molestias al tráfico o al comercio no están en el 21.2.

El 25.3 veda a la Administración civil toda sanción que prive de libertad, directa o subsidiariamente. Las multas o la falta de audiencia no son lo que prohíbe este apartado.

Para los funcionarios, la ley regula las peculiaridades del ejercicio. Limitar o exceptuar el derecho solo lo prevé para las Fuerzas o Institutos armados y los Cuerpos sometidos a disciplina militar.

El 28.2 lo reconoce a los trabajadores y para la defensa de sus intereses. No lo atribuye a los sindicatos como tales ni lo plantea como protesta ciudadana.

El 27.9 condiciona la ayuda a que el centro reúna los requisitos que establezca la ley. No la limita a los públicos ni la abre a cualquiera que la pida.

Goza de los derechos fundamentales del Capítulo, salvo los que limiten expresamente el fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. El reglamento o el régimen disciplinario del centro no están en esa lista.

El 29.1 dice «por escrito». La comparecencia o la petición de palabra no son la forma que recoge.

El 24.1 cierra con «sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión». El proceso sin dilaciones indebidas es un derecho del 24.2, no esta cláusula.