Los tratados internacionales

Basta con informar inmediatamente al Congreso y al Senado de su conclusión: la autorización previa es solo para los del 94.1. No hay convalidación posterior, y la Constitución no da ningún plazo de un mes.

Los que exijan medidas legislativas para su ejecución: si para cumplir el tratado hay que legislar, las Cortes lo autorizan antes. Un desarrollo reglamentario no basta para entrar en la lista, el 94.1 no menciona las competencias autonómicas, y la publicación no es una de sus clases.

El mismo que para aprobarlo, según el artículo 94: si para obligarse hizo falta la autorización previa de las Cortes, también hace falta para denunciarlo. El 96.2 no remite a la reforma constitucional ni a una ley orgánica. Ni exige siempre la autorización de las Cortes: depende de lo que exigió su aprobación.

El de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión: si se les cede el ejercicio de competencias, lo que deciden también ha de cumplirse. El 93 no menciona sentencias de otros Estados, ni dictámenes del Consejo de Estado, ni acuerdos autonómicos.

El ejercicio de competencias derivadas de la Constitución: el 93 habla del ejercicio, no de la titularidad, y de competencias, no de la soberanía nacional, que ese artículo no menciona.

A los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I, sin ceñirlos a la Sección primera ni a los que tienen recurso de amparo. La Declaración Universal sirve para interpretar esos derechos (art. 10.2), no para delimitar este apartado.

Hacen falta las dos cosas: que se haya celebrado válidamente y que se publique oficialmente en España. La autorización de las Cortes es un paso previo, y solo de algunos tratados (94.1): no es la celebración ni lo que los incorpora; y sin la publicación oficial no forman parte del ordenamiento interno.

Que declare si existe o no la contradicción entre el tratado y la Constitución. No autoriza el tratado ni juzga su oportunidad, y el 95.2 no le encarga anular uno ya ratificado: solo declarar si la contradicción existe.

La lista del 94.1 recoge los tratados políticos, los militares, los que afectan a la integridad territorial o a los derechos y deberes fundamentales del Título I, los que implican obligaciones financieras para la Hacienda Pública y los que modifican o derogan una ley o exigen medidas legislativas. «De carácter comercial» no es una de esas clases: un tratado comercial necesita la autorización previa solo si encaja en alguna de ellas.

Ley orgánica: ese rango es lo que distingue los tratados del 93 de los del 94. La ley de armonización es la del 150.3, y la de bases, la de la delegación legislativa del 82.