La igualdad en el empleo público

El párrafo segundo del art. 53 se ciñe a la representación de la Administración General del Estado y de sus organismos en esas comisiones: es esa parte la que «se ajustará» a la composición equilibrada. El artículo no regula una presidencia rotatoria, y los candidatos no forman la comisión.

El art. 57 manda que las bases de los concursos computen el tiempo pasado en las situaciones de protección de la maternidad y de conciliación «a los efectos de valoración del trabajo desarrollado y de los correspondientes méritos». Haber estado en excedencia por cuidado de hijos no puede restarle en el concurso, ni contar solo a medias.

El art. 59 le da derecho a disfrutar las vacaciones en fecha distinta, «aunque haya terminado el año natural al que correspondan», cuando coinciden con una incapacidad temporal derivada del embarazo, el parto o la lactancia natural, o con los permisos que el artículo nombra. Es un derecho («tendrá derecho»), no una autorización, y no depende de cuándo acabe la baja.

La única salvedad del art. 55 son los casos de urgencia, y ni siquiera entonces se levanta la prohibición de discriminación por razón de sexo, que se mantiene «siempre». El artículo no exime por el tipo de proceso, por la clase de personal ni por el número de plazas.

El art. 60.2 reserva al menos un 40 % de las plazas de esos cursos para adjudicarlas a las empleadas públicas que reúnan los requisitos establecidos. Es un mínimo, no un techo, y no las exime de cumplir los requisitos de la convocatoria.

El art. 62 enumera cuatro principios mínimos: el compromiso de prevenir y no tolerar el acoso, la instrucción a todo el personal sobre su deber de respeto, el tratamiento reservado de las denuncias y la identificación de las personas responsables de atender a quien formule una queja o denuncia. La mediación, la suspensión cautelar y la comunicación al Fiscal no están en esa lista.

El capítulo I del título V se dirige a «las Administraciones públicas», cada una en el ámbito de sus respectivas competencias: también a las autonómicas y a las locales, y sin esperar a que tengan un plan propio. Lo que se ciñe a la Administración General del Estado y a sus organismos son los capítulos que vienen después.

El art. 55 exige que la aprobación de cada convocatoria vaya acompañada de un informe de impacto de género. No pide el plan de igualdad del departamento, ni un informe de la junta de personal, ni un estudio de la plantilla.

El art. 60.1 tiene en cuenta el reingreso desde la excedencia por razones de guarda legal y atención a personas mayores dependientes o personas con discapacidad, además de la vuelta de los permisos que nombra. Las excedencias que no responden a un deber de cuidado no están en el artículo.

El art. 61.1 dice «todas las pruebas de acceso»: el principio de igualdad forma parte de cualquier proceso selectivo de la Administración General del Estado y de sus organismos, no solo de los de cuerpos superiores, directivos o especializados.

El art. 63 pide la distribución de la plantilla, el grupo de titulación, el nivel de complemento de destino y las retribuciones promediadas, todo desagregado por sexo. Las sanciones, las bajas y los permisos no están entre los datos que nombra.

El art. 67 señala cinco ámbitos: el sistema de acceso, la formación, los ascensos, los destinos y las situaciones administrativas. Son los mismos que el art. 65 destaca para el personal de las Fuerzas Armadas.

La preferencia del art. 60.1 dura un año y se refiere a la adjudicación de plazas para participar en los cursos de formación: es una acción positiva para actualizar conocimientos, no una preferencia en los concursos ni en la promoción.

El art. 66 hace aplicables a las Fuerzas Armadas esas normas del personal de las Administraciones, con las adaptaciones que resulten necesarias y en los términos de su normativa específica. Ni las excluye ni las traslada tal cual, y no espera a una ley por materia.

El art. 64 encomienda la evaluación del cumplimiento al Consejo de Ministros. La negociación con la representación de los empleados públicos es sobre el Plan, no sobre su evaluación, y la ley no se la atribuye ni a las Cortes ni a las Unidades de Igualdad.

El art. 62 no deja el protocolo a una decisión unilateral: las Administraciones lo negocian con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, y la ley fija los principios mínimos que ha de comprender.

El art. 56 encarga el régimen a la normativa aplicable, «sin perjuicio de las mejoras» que pudieran derivarse de acuerdos con los representantes del personal: los acuerdos no sustituyen a la normativa, pero pueden mejorarla. El artículo no distingue entre excedencias, reducciones de jornada y permisos.

El art. 61.2 obliga a impartir esos cursos y a dirigirlos «a todo su personal»: no los reserva a quien selecciona, a quien dirige ni a quien acaba de entrar.

El art. 51 enumera siete deberes: remover obstáculos en el acceso y en la carrera, facilitar la conciliación, fomentar la formación en igualdad, promover la presencia equilibrada en los órganos de selección y valoración, proteger frente al acoso, eliminar la discriminación retributiva y evaluar periódicamente la igualdad. Ninguno es una reserva de plazas en la oferta de empleo: la lista habla de remover obstáculos, no de fijar un cupo de ingreso.

El art. 53 es un mandato: todos los tribunales y órganos de selección «responderán» al principio de presencia equilibrada. Admite una sola salida, y tasada: razones fundadas y objetivas que además se motiven. No es una recomendación ni una regla sin excepción, y no distingue entre el ingreso y la promoción interna.