Las diligencias preliminares, la interposición y la admisión del recurso

Del expediente, el art. 45.2.c) solo pide su indicación, como alternativa a la copia o traslado del acto: el expediente entero no lo aporta el recurrente, sino que llega al proceso por otro camino. Los otros tres sí están en la lista: la representación del compareciente (letra a), la legitimación transmitida por herencia o por otro título (letra b) y la copia del acto o, en su lugar, la indicación del expediente (letra c). El expediente tienta porque es la pieza central del proceso, pero no es un anexo del escrito.

El art. 50 separa dos momentos: la reclamación del expediente vale como emplazamiento de la Administración (50.1), y su envío hace que se entienda personada (50.2). La opción de la reclamación confunde emplazar con personarse. La Administración no necesita comparecer aparte ni esperar a contestar a la demanda para ser parte.

El recurso de lesividad es una de las salvedades a la regla del escrito de interposición: el art. 45.4 manda iniciarlo por demanda, que fija con precisión a quién se demanda, y exige acompañarla «en todo caso» de la declaración de lesividad y del expediente administrativo. Las opciones del escrito de interposición le aplican la regla general; la de la demanda sin expediente acierta la forma y olvida la mitad de lo que hay que acompañar.

El art. 46.5 cuenta el plazo del recurso de lesividad desde el día siguiente a la fecha de la declaración de lesividad: corre desde que se declara, sin esperar a que se comunique a nadie. La fecha del acto lesivo sirve para otra cosa, el límite para poder declararlo, que regula la Ley 39/2015, y el inicio del procedimiento de lesividad queda antes de la declaración que abre el plazo.

El art. 45.1 abre el recurso con un escrito «reducido a citar» la disposición, el acto, la inactividad o la vía de hecho que se impugna y a pedir que se tenga por interpuesto: los argumentos llegan después, en la demanda. La demanda razonada tienta porque la ley también la admite para iniciar el recurso, pero solo cuando lo dice, como en el recurso en que no hay terceros interesados (45.5). El expediente no lo pide el recurrente a la Administración, y no hay comparecencia que abra el recurso.

El art. 46.2 no cuenta el plazo desde la reclamación ni desde que nace la obligación, sino desde el día siguiente al vencimiento de los plazos del art. 29, que son los que la Administración tiene para cumplir tras la reclamación o la solicitud de ejecución: mientras corren, todavía no hay inactividad que recurrir. Contar desde la reclamación es la trampa, porque ese es el momento en que empieza el plazo de la Administración, no el del recurrente.

El art. 49.1 emplaza a los interesados para personarse como demandados en el plazo de nueve días. Cinco días es otro plazo del mismo apartado, el que tiene la Administración para notificarles la resolución desde que la adopta; quince días es el de personación cuando se anuncia un recurso contra una disposición general iniciado por demanda (47.2).

El art. 44.3 da a la Administración requerida un mes desde que recibe el requerimiento: si no contesta dentro de él, se entiende rechazado y la requirente puede acudir a los tribunales. Dos meses es otro plazo del mismo artículo, el que tiene la requirente para formular el requerimiento (44.2), no el de la respuesta. Tres y seis meses no salen de este artículo.

Con requerimiento previo, el art. 46.3 da diez días, contados desde el día siguiente a la terminación del plazo del art. 30. Veinte días es el plazo hermano, el del recurso sin requerimiento, que se cuenta desde el día en que se inició la vía de hecho. Quince días no es plazo de este artículo, y dos meses no es el de la vía de hecho.

El art. 44.1 cierra la vía administrativa en los litigios entre Administraciones: «no cabrá interponer recurso en vía administrativa», ni reposición ni alzada, sea cual sea el acto. La reposición tienta porque es la que un particular puede interponer contra un acto que pone fin a la vía administrativa, pero aquí la ley no hace esa distinción. Lo que el artículo ofrece en lugar del recurso es otra figura, el requerimiento previo, que no es un recurso administrativo.

El art. 44.2 cuenta el plazo del requerimiento desde que la Administración requirente «hubiera conocido o podido conocer el acto», o desde la publicación si lo que se requiere es una norma. Importa lo que pudo saber quien requiere, no la fecha del acto ni la de su notificación a los particulares, que la requirente puede ignorar. La firmeza no juega aquí: entre Administraciones no hay recurso administrativo que agotar.

El art. 48.7 fija una multa coercitiva de trescientos a mil doscientos euros, que se reitera cada veinte días hasta que se cumpla lo requerido. La pareja de cifras se confunde con la de las multas coercitivas de la ejecución de sentencias (art. 112), que son otras; las demás opciones cruzan esos extremos.

El art. 51.5 trata distinto los dos autos: contra el que inadmite caben los recursos que prevé la ley, y el que admite no es recurrible. Pero no poder recurrirlo no cierra la puerta, porque cualquier motivo de inadmisibilidad puede oponerse en un momento procesal posterior. La trampa es la opción que acierta en que no es recurrible y saca de ello una preclusión que la ley excluye.

El art. 47.1 hace depender el anuncio de que lo solicite el recurrente, no cualquiera de las partes, y añade que el letrado de la Administración de Justicia puede acordarlo también de oficio si lo estima conveniente. Por eso falla la opción que solo admite la petición del recurrente, aunque acierte en que la publicación la costea él: olvida la vía de oficio. La publicación obligatoria en el recurso contra una disposición general es otro supuesto, el del art. 47.2, y solo cuando el recurso se inició por demanda.

La desestimación en el fondo de otros recursos sustancialmente iguales por sentencia firme también permite inadmitir, pero no está en la lista del art. 51.1, que obliga a declarar la inadmisión: está en el 51.2, que solo la permite («podrá inadmitir») y exige mencionar las sentencias desestimatorias. Las otras tres son causas del 51.1, junto con la falta de jurisdicción o la incompetencia.

El art. 46.1 cuenta el plazo «desde el día siguiente» al de la notificación o publicación del acto expreso. Son dos aciertos a la vez: la fecha que importa no es la del acto, que el interesado puede no conocer, sino la de su notificación o publicación; y el plazo no arranca ese mismo día, sino el siguiente. La opción del mismo día de la notificación acierta el hecho, pero no el día en que empieza a correr.

El art. 48.3 da a la Administración veinte días improrrogables para remitir el expediente y los cuenta desde que la comunicación judicial «tenga entrada en el registro general del órgano requerido», no desde una notificación. Diez días es el término de la reclamación reiterada cuando el expediente no llega completo (48.7), que se cuenta del mismo modo: de ahí la confusión.

El art. 46.1 distingue según la forma del acto, y para el que no es expreso fija seis meses, contados para el solicitante y para otros posibles interesados desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto según su normativa específica. El distractor que tienta es el otro plazo del mismo apartado, el del acto expreso; un mes es el plazo de la reposición contra un acto expreso, que regula la Ley 39/2015.

El art. 51.4 no deja inadmitir por sorpresa: el órgano judicial tiene que hacer saber a las partes el motivo en que pueda fundarse la inadmisión para que, en el plazo común de diez días, aleguen lo que estimen procedente y acompañen documentos. El plazo es común a todas las partes y no solo al recurrente, que es lo que olvida la opción que solo da audiencia al recurrente; y no pasa por pedir nada a la Administración.