Las políticas públicas para la igualdad efectiva de las personas LGTBI

El art. 37.2 encarga al Gobierno velar por que esos tratados no discriminen a los cónyuges o parejas de hecho del mismo sexo que acompañan al personal destinado en el extranjero, y fija que la consideración de cónyuge o pareja de hecho se haga «siempre conforme al ordenamiento jurídico español». No se deja a la ley del Estado de destino, a la nacional de cada miembro de la pareja ni a lo que se pacte en cada tratado.

El art. 10 da a la Estrategia carácter cuatrienal y la hace aprobar por Acuerdo del Consejo de Ministros, después de que la elabore el Ministerio con la participación de los departamentos ministeriales, las comunidades autónomas, Ceuta y Melilla y las organizaciones sociales. Lo anual no es la Estrategia, sino el informe de seguimiento de su ejecución; y las Cortes Generales no intervienen en su aprobación.

El art. 13 obliga a las Administraciones competentes a adoptar las medidas necesarias para procurar que la documentación administrativa y los formularios se adecúen a la diversidad en orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales, y a la diversidad familiar. Es un mandato de medios («procurar»): no impone modelos únicos de un ministerio, no espera a que lo pida la persona interesada ni a que el documento se renueve por otro motivo.

El art. 16.2 garantiza el acceso a esas técnicas a las mujeres lesbianas, bisexuales y sin pareja, en igualdad con el resto de mujeres, y también a las personas trans con capacidad de gestar, sin discriminación por motivos de identidad sexual. No exige haber rectificado la mención registral del sexo, no extiende la garantía a quien no puede gestar y no fija ninguna edad para las personas intersexuales.

La disposición adicional segunda reparte la fuerza del mandato: las Administraciones «garantizarán» el acceso en plena igualdad de oportunidades a las viviendas de promoción pública y «velarán» por que no haya discriminación en el acceso a las de alquiler. El verbo cambia según la vivienda: no es el mismo para las dos, y el reparto no es el inverso.

El art. 25.c) pide fomentar el conocimiento y la correcta aplicación del derecho de admisión para que ni las condiciones de acceso y permanencia en los establecimientos abiertos al público ni el uso y disfrute de los servicios que en ellos se prestan puedan restringirse «en ningún caso» por esas causas. Las tres cosas van juntas: la ley no deja fuera ninguna.

La disposición adicional tercera define el sexilio como el abandono de su lugar de residencia por las personas LGTBI por sufrir rechazo, discriminación o violencia, y añade que se da especialmente en las zonas rurales. Lo que lo define es la causa de la marcha: no lo es quedarse aislado en el propio municipio, ni trasladarse para recibir atención sanitaria, ni una medida de protección de una persona menor. Con los datos que se recaben sobre esa migración dentro de España, se contemplará, en su caso, como causa de despoblación.

El art. 15.2 encarga al Consejo de Participación de las Personas LGTBI recopilar y difundir las buenas prácticas de las empresas en la inclusión de las personas LGTBI y en la igualdad y no discriminación por las causas de la ley. No se lo atribuye a la Inspección de Trabajo, a las comisiones paritarias de los convenios ni al Servicio Público de Empleo Estatal.

El art. 38.3 prohíbe utilizar medios orientados a probar la orientación o la identidad sexual que puedan vulnerar los derechos fundamentales de la persona solicitante. El mismo artículo dice lo contrario de las demás opciones: las entrevistas las hace personal cualificado y con formación suficiente, la unidad familiar se aplica sin discriminación en el procedimiento y en la acogida, y cada año se publica el número de personas reconocidas como refugiadas por estas causas.

El art. 19.2 distingue por edades. Por debajo de los doce años prohíbe toda modificación genital, salvo que las indicaciones médicas exijan lo contrario para proteger la salud; entre los doce y los dieciséis, la permite solo a solicitud de la propia persona menor, siempre que por su edad y madurez pueda consentir de manera informada. A los catorce años no basta la decisión de los representantes legales, no hay una prohibición absoluta y la ley no pide aquí autorización judicial.

El art. 15.1 obliga a las empresas «de más de cincuenta personas trabajadoras»: una con cincuenta justas queda fuera. Ese conjunto de medidas y recursos ha de incluir un protocolo de actuación para la atención del acoso o la violencia contra las personas LGTBI; la ley no le exige un informe anual a la Inspección de Trabajo.

El art. 26.3 remite, para las prácticas, eventos y competiciones del deporte federado, a la normativa específica nacional, autonómica e internacional, incluidas las normas antidopaje, que de modo justificado y proporcionado tenga por objeto evitar ventajas competitivas contrarias al principio de igualdad. Esa es la condición: la ley no exige que la apruebe el Consejo Superior de Deportes ni que la acuerde cada federación, y no la limita a la normativa internacional.