Los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género
40 preguntas · en 6 colecciones
El título II de la Ley Orgánica 1/2004: el derecho a la información, a la atención integral y a la asistencia jurídica, los derechos laborales y de Seguridad Social, los de las funcionarias públicas, cómo se acredita la situación de violencia de género, las ayudas sociales, el acceso a la vivienda y el derecho a la reparación.
Resueltas, y cada una con la cita literal que la justifica, para que compruebes la respuesta por tu cuenta. Ésta es una pequeña muestra de las 40 preguntas que contiene en total.
Fallece una víctima de violencia de género. ¿Asiste a sus causahabientes el derecho a la defensa y representación gratuitas de la LO 1/2004?
No: es un derecho personal que se extingue con ella
Sí, pero solo a sus descendientes menores de edad
Sí, siempre que no fueran partícipes en los hechos
Sí, si ella ya se había personado como acusación
El art. 20.1 extiende el derecho a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, con un único límite: que no hayan participado en los hechos. No lo reduce a los descendientes menores ni lo condiciona a que la víctima se hubiera personado antes.
Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos.
¿En qué momento reconoce la LO 1/2004 a la víctima de violencia de género el derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito?
En el momento inmediatamente posterior a la interposición de la denuncia
Desde que el juez dicta una orden de protección a su favor
Desde que se incoa el procedimiento judicial por los hechos
En el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia
El art. 20.1 sitúa el asesoramiento en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia, para que la víctima llegue a ella asesorada. No espera a que haya denuncia, ni a una orden de protección, ni a que se abra un proceso.
Las víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir asesoramiento jurídico gratuito en el momento inmediatamente previo a la interposición de la denuncia
¿A qué administraciones atribuye la LO 1/2004 la organización de los servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral?
A la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas
A las comunidades autónomas y a las Corporaciones Locales
Al Sistema Público de Salud y a las Corporaciones Locales
A la Administración General del Estado y a las Corporaciones Locales
El art. 19.1 encarga su organización a las comunidades autónomas y a las Corporaciones Locales. La Administración General del Estado interviene de otro modo: en los instrumentos de cooperación con las comunidades autónomas se compromete a aportar recursos financieros para estos servicios (art. 19.6). El Sistema Público de Salud se ocupa de la atención sanitaria, que es otro derecho.
La organización de estos servicios por parte de las comunidades autónomas y las Corporaciones Locales responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional.
En la atención sanitaria a las víctimas de violencia de género, ¿qué debe respetarse en todo caso según la LO 1/2004?
El criterio del médico forense sobre el tratamiento
Las indicaciones del juez que conozca de la causa
El protocolo que el centro fije para cada caso
Sus propias decisiones sobre su atención sanitaria
El art. 19 bis.2 manda prestar estos servicios garantizando la privacidad y la intimidad de las mujeres y el respeto, en todo caso, a las decisiones que ellas tomen sobre su atención sanitaria. Ni el forense, ni el juez, ni un protocolo del centro deciden en su lugar.
Estos servicios se prestarán, garantizando la privacidad y la intimidad de las mujeres y el respeto, en todo caso, a las decisiones que ellas tomen en relación a su atención sanitaria.
Si concurre una situación que dificulta el acceso a los servicios de acogida y asistencia social integral a las víctimas, ¿qué deben hacer las administraciones públicas competentes según la LO 1/2004?
Adoptar las medidas necesarias para garantizar su normal funcionamiento
Mantenerlos en la medida que lo permitan sus disponibilidades presupuestarias
Comunicarlo al Gobierno, que asume su prestación mientras dure la situación
Prestar solo la atención telefónica y en línea mientras dure la situación
El art. 17.3 obliga a las administraciones competentes, sin condicionarlo al presupuesto, a garantizar su normal funcionamiento y, si hace falta, a adaptarlos a las necesidades de las víctimas en esa situación excepcional. No traslada la prestación al Gobierno ni la reduce a la atención a distancia, que es otro de los servicios esenciales.
En caso de que concurra cualquier situación que dificulte el acceso o la prestación de tales servicios, las administraciones públicas competentes adoptarán las medidas necesarias para garantizar su normal funcionamiento
Una víctima de violencia de género con responsabilidades familiares tiene derecho a la ayuda de pago único, y su hija, que convive con ella, tiene reconocida oficialmente una discapacidad del 40 por 100. ¿Qué importe puede alcanzar la ayuda?
El de seis meses de subsidio por desempleo
El de doce meses de subsidio por desempleo
El de dieciocho meses de subsidio por desempleo
El de veinticuatro meses de subsidio por desempleo
El art. 27 escalona la ayuda en cuatro celdas: seis meses de subsidio con carácter general; doce si la víctima tiene reconocida una discapacidad igual o superior al 33 por 100; hasta dieciocho si tiene responsabilidades familiares, y hasta veinticuatro si, además, ella o alguno de los familiares que conviven con ella tiene esa discapacidad. Aquí concurren las responsabilidades familiares y la discapacidad de una conviviente.
En el caso de que la víctima tenga responsabilidades familiares, su importe podrá alcanzar el de un período equivalente al de 18 meses de subsidio, o de 24 meses si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 por 100
La ayuda de pago único de la LO 1/2004 exige que la víctima carezca de rentas superiores, en cómputo mensual, ¿a qué porcentaje del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias?
Al 50 por 100
Al 75 por 100
Al 125 por 100
Al 150 por 100
El art. 27.1 fija el umbral en el 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, sin contar la parte proporcional de dos pagas extraordinarias. Es un tope de las rentas de la víctima en cómputo mensual, no la cuantía de la ayuda, que se mide en meses de subsidio por desempleo.
Cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único
Según la LO 1/2004, ¿qué condena por sentencia firme hace perder la condición de beneficiario de la pensión de viudedad cuando la víctima era la causante?
Por homicidio o lesiones dolosos, salvo reconciliación
Por homicidio doloso, salvo reconciliación
Por homicidio o lesiones dolosos, aunque medie reconciliación
Por homicidio doloso, aunque medie reconciliación
La disposición adicional primera.1 alcanza al homicidio doloso en cualquiera de sus formas y también a las lesiones dolosas, y deja a salvo que medie reconciliación. Por eso fallan las opciones que se quedan en el homicidio y las que excluyen la salvedad.
Quien fuera condenado, por sentencia firme, por la comisión de un delito doloso de homicidio en cualquiera de sus formas o de lesiones, perderá la condición de beneficiario de la pensión de viudedad que le corresponda dentro del sistema público de pensiones cuando la víctima de dichos delitos fuera la causante de la pensión, salvo que, en su caso, medie reconciliación entre ellos.
¿Cuál de estos medios nombra expresamente el art. 23 de la LO 1/2004 para acreditar una situación de violencia de género?
La denuncia presentada por la víctima ante la policía
La declaración responsable de la víctima ante la Administración competente
El atestado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
El informe del Ministerio Fiscal que indique indicios de violencia
La ley nombra la sentencia condenatoria, la orden de protección u otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, el informe del Ministerio Fiscal que indique indicios de que es víctima, y el informe de los servicios sociales, de los especializados o de los de acogida de la Administración competente. La denuncia sola, el atestado y una declaración de la propia víctima no figuran entre ellos.
Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados en esta ley se acreditarán mediante una sentencia condenatoria por cualquiera de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres previstas en esta ley, una orden de protección o cualquier otra resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, o bien por el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género. También podrán acreditarse las situaciones de violencia contra las mujeres mediante informe de los servicios sociales, de los servicios especializados, o de los servicios de acogida de la Administración Pública competente destinados a las víctimas de violencia de género
Según la LO 1/2004, ¿qué pueden pedir al órgano judicial los servicios sociales de atención integral a las víctimas?
Que les admita como acusación popular en nombre de la víctima
Que revise el auto que haya denegado la orden de protección
Las medidas urgentes que, a su juicio, sean necesarias en el caso
La designación urgente de letrado de oficio para la víctima
El art. 19.4 les permite solicitar al órgano judicial las medidas urgentes que consideren necesarias, y les manda actuar en coordinación con los Cuerpos de Seguridad, los servicios sanitarios y quienes prestan asistencia jurídica. No se personan ni recurren por la víctima, y la designación urgente de letrado la aseguran los Colegios de Abogados (art. 20.4).
Estos servicios podrán solicitar al órgano judicial las medidas urgentes que consideren necesarias.
Además de la mujer agredida, ¿quién tiene derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios sociales según la LO 1/2004?
Los ascendientes que convivan con ella y dependan económicamente de ella
Los hijos mayores de edad que sigan conviviendo con ella en el domicilio
Los menores bajo su patria potestad o guarda y custodia, o que convivan en ese entorno familiar
Los menores bajo su patria potestad o guarda y custodia, solo si constan como víctimas en la denuncia
El art. 19.5 extiende el derecho a los menores que estén bajo la patria potestad o la guarda y custodia de la agredida y a los que convivan en contextos familiares en los que se cometen actos de violencia de género, sin exigir que figuren como víctimas en una denuncia. Los ascendientes y los hijos mayores de edad no aparecen en el precepto.
También tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios sociales los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida, o convivan en contextos familiares en los que se cometen actos de violencia de género.
Según la LO 1/2004, ¿en qué supuesto ha de tenerse en cuenta la coordinación de los Servicios Públicos de Empleo para facilitar a la víctima el acceso al mercado de trabajo?
Cuando haya extinguido su contrato y busque empleo en otra provincia de la misma comunidad
Cuando figure inscrita a la vez como demandante en dos oficinas de empleo distintas
Cuando perciba la ayuda de pago único y resida en una comunidad distinta de la que la concedió
Cuando la movilidad geográfica la obligue a trasladar su domicilio a otra comunidad autónoma
La disposición adicional decimosexta pide coordinar los Servicios Públicos de Empleo cuando la víctima, al ejercer el derecho de movilidad geográfica, se ve obligada a trasladar su domicilio y ese traslado implica cambiar de comunidad autónoma. Un cambio de provincia dentro de la misma comunidad, una doble inscripción o la residencia de quien percibe la ayuda no son el supuesto.
se tendrá en cuenta la necesaria coordinación de los Servicios Públicos de Empleo, para facilitar el acceso al mercado de trabajo de las víctimas de violencia de género cuando, debido al ejercicio del derecho de movilidad geográfica, se vean obligadas a trasladar su domicilio y el mismo implique cambio de Comunidad Autónoma.
Una empresa contrata a una persona para sustituir a una trabajadora víctima de violencia de género. Según la LO 1/2004, ¿durante cuánto tiempo disfruta de la bonificación de cuotas?
Seis meses en caso de suspensión; doce meses si hubo movilidad geográfica o cambio de centro
Todo el período de suspensión; doce meses si hubo movilidad geográfica o cambio de centro
Todo el período de suspensión; seis meses si hubo movilidad geográfica o cambio de centro
Seis meses en caso de suspensión, y también si hubo movilidad geográfica o cambio de centro
El art. 21.3 hace depender la duración de lo que haya hecho la trabajadora sustituida: si suspendió su contrato, la bonificación dura todo el período de suspensión; si ejerció la movilidad geográfica o el cambio de centro, seis meses. Ninguno de los dos supuestos llega a doce meses.
durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo
¿Cuál de estos elementos comprende el derecho a la reparación de las víctimas de violencia de género según la LO 1/2004?
La mediación con el agresor
La atenuante de reparación del daño
La preferencia en el empleo público
Las garantías de no repetición
El art. 28 bis lo compone de cuatro piezas: la compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social, las acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición. La mediación y la preferencia en el empleo público no forman parte de él, y la atenuante de reparación del daño es del Código Penal y favorece al condenado: no es un derecho de la víctima.
Las víctimas de violencia de género tienen derecho a la reparación, lo que comprende la compensación económica por los daños y perjuicios derivados de la violencia, las medidas necesarias para su completa recuperación física, psíquica y social, las acciones de reparación simbólica y las garantías de no repetición.
¿Qué bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes reconoce la LO 1/2004 a la empresa que contrata para sustituir a una trabajadora víctima de violencia de género que ha suspendido su contrato?
Del 25 por 100
Del 50 por 100
Del 60 por 100
Del 100 por 100
El art. 21.3 bonifica el 100 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes. Cuando la trabajadora se reincorpora, lo hace en las mismas condiciones que tenía al suspender su contrato.
tendrán derecho a una bonificación del 100 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes
Según la LO 1/2004, ¿quién diseña los procedimientos básicos que permiten poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género?
El Gobierno, por real decreto y tras oír a las comunidades autónomas
El Gobierno y las comunidades autónomas, de común acuerdo en la Conferencia Sectorial de Igualdad
Cada comunidad autónoma, por separado y en su ámbito territorial
El Consejo General del Poder Judicial, junto con el Ministerio Fiscal y las comunidades autónomas
El art. 23 encarga ese diseño al Gobierno y a las comunidades autónomas, de común acuerdo y en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad. No lo hace el Gobierno solo, ni cada comunidad por su cuenta, ni el poder judicial.
El Gobierno y las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad, diseñarán, de común acuerdo, los procedimientos básicos que permitan poner en marcha los sistemas de acreditación de las situaciones de violencia de género.
Según la LO 1/2004, ¿hasta cuándo garantiza el Sistema Público de Salud el seguimiento del estado de salud de la víctima en lo que deriva de la violencia sufrida?
Hasta que recaiga sentencia firme
Hasta su total recuperación
Durante seis meses desde la denuncia
Mientras dure la orden de protección
El art. 19 bis.1 no fija un plazo ni lo ata al proceso: el seguimiento de la evolución de su estado de salud llega hasta su total recuperación, en lo que toca a la sintomatología o las secuelas psíquicas y físicas de la violencia. Ni la sentencia, ni la orden de protección, ni un plazo contado desde la denuncia lo cortan.
el derecho a la atención sanitaria, con especial atención psicológica y psiquiátrica, y al seguimiento de la evolución de su estado de salud hasta su total recuperación
Cuando la víctima es menor de edad, ¿qué medio de acreditación añade la LO 1/2004 a los generales?
Los documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial
El informe del equipo psicosocial adscrito al órgano judicial que conozca de la causa penal
La declaración de sus progenitores o tutores prestada ante la policía
El certificado del centro educativo en el que esté escolarizada
El art. 23 permite acreditar la situación de una víctima menor de edad, además, por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial. Ni el equipo psicosocial, ni la escuela, ni la declaración de quienes la tienen a su cargo están en el precepto.
En el caso de víctimas menores de edad, la acreditación podrá realizarse, además, por documentos sanitarios oficiales de comunicación a la Fiscalía o al órgano judicial.
¿Cuál de estos derechos NO figura entre los que la LO 1/2004 reconoce a la trabajadora víctima de violencia de género?
El cambio de centro de trabajo
La suspensión de la relación laboral con reserva de puesto
La adaptación de su puesto de trabajo
La excedencia por razón de violencia de género
El art. 21.1 enumera la reducción o reordenación del tiempo de trabajo, la movilidad geográfica, el cambio de centro, la adaptación del puesto y los apoyos que precise por discapacidad para reincorporarse, la suspensión con reserva de puesto y la extinción del contrato. La excedencia no está en esa lista: es uno de los derechos que el art. 24 reconoce a la funcionaria víctima de violencia de género.
La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la adaptación de su puesto de trabajo y a los apoyos que precise por razón de su discapacidad para su reincorporación, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo.
¿Quién concede las ayudas sociales de pago único de la LO 1/2004?
El Servicio Público de Empleo, previo informe de los servicios sociales
La Tesorería General de la Seguridad Social, a solicitud de la víctima
El ministerio competente en igualdad, con cargo a su presupuesto
Las Administraciones competentes en materia de servicios sociales
El art. 27.3 las financia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, pero las conceden las Administraciones competentes en materia de servicios sociales. El Servicio Público de Empleo no las concede: emite el informe sobre si el programa de empleo mejoraría de forma sustancial la empleabilidad de la víctima, que se incorpora al procedimiento.
Estas ayudas, financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, serán concedidas por las Administraciones competentes en materia de servicios sociales. En la tramitación del procedimiento de concesión, deberá incorporarse informe del Servicio Público de Empleo
Según la LO 1/2004, mientras la víctima no se haya personado como acusación, ¿quién tiene habilitación legal para su representación procesal hasta que se designe procurador?
El abogado designado para la víctima
El Ministerio Fiscal de la causa
El letrado de la Administración de Justicia
La oficina de asistencia a las víctimas
El art. 20.6 da al abogado o abogada designado para la víctima la representación procesal hasta que se designe procurador, mientras ella no se haya personado como acusación; hasta entonces también señala el domicilio para notificaciones. Ni el Fiscal, ni el letrado de la Administración de Justicia, ni la oficina de asistencia la representan.
El abogado o abogada designado para la víctima tendrá también habilitación legal para la representación procesal de aquella hasta la designación del procurador o procuradora, en tanto la víctima no se haya personado como acusación
¿En el acceso a qué considera la LO 1/2004 a las víctimas de violencia de género colectivos prioritarios?
A viviendas protegidas y a las plazas de las escuelas infantiles públicas
A viviendas protegidas y a residencias públicas para mayores
A viviendas protegidas y a las ofertas de empleo público
A viviendas protegidas y a becas y ayudas al estudio
El art. 28 las considera colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y a residencias públicas para mayores, en los términos que determine la legislación aplicable. Las escuelas infantiles, el empleo público y las becas no aparecen en él.
Las mujeres víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos que determine la legislación aplicable.
En el marco de la protección frente a la violencia económica, ¿qué garantiza el Estado según la LO 1/2004?
El pago de la pensión compensatoria reconocida e impagada a la víctima
El pago de los alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas menores
El anticipo de la indemnización por daños y perjuicios que fije la sentencia penal condenatoria
El pago de las cuotas hipotecarias impagadas de la vivienda familiar
La disposición adicional decimonovena garantiza el pago de los alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas menores de edad, en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial, a través de una legislación específica que tendrá en cuenta las circunstancias de las víctimas de violencia de género. No alcanza a la pensión compensatoria de la víctima, a la indemnización del delito ni a la hipoteca.
el Estado garantizará el pago de alimentos reconocidos e impagados a favor de los hijos e hijas menores de edad en convenio judicialmente aprobado o en resolución judicial
¿Qué prevé la disposición adicional decimoquinta de la LO 1/2004 sobre la vivienda protegida de las víctimas de violencia de género?
Que el Gobierno podrá promover, mediante convenios, procesos específicos de adjudicación
Que el Gobierno deberá reservarles un cupo de las viviendas protegidas de cada promoción
Que las comunidades autónomas deberán adjudicárselas directamente, sin concurrencia
Que el Gobierno adjudicará por sí mismo las viviendas protegidas de titularidad estatal
La disposición adicional decimoquinta es una habilitación, no un cupo: mediante convenios con las Administraciones competentes, el Gobierno podrá promover procesos específicos de adjudicación de viviendas protegidas a las víctimas. No impone una reserva obligatoria ni una adjudicación directa, y no hace al Gobierno adjudicador.
Mediante convenios con las Administraciones competentes, el Gobierno podrá promover procesos específicos de adjudicación de viviendas protegidas a las víctimas de violencia de género.
En los casos en que la LO 1/2004 excluye al condenado de la pensión de viudedad, ¿qué ocurre con la pensión de viudedad que hubiera debido reconocerse?
Se reconoce a los ascendientes de la causante que convivían con ella y dependían económicamente de ella
Se destina a la comunidad autónoma para financiar su red de servicios de acogida
Incrementa las pensiones de orfandad, si las hay y lo prevé su régimen de Seguridad Social
Se extingue sin más, sin efecto alguno sobre las demás pensiones del sistema
La disposición adicional primera.1, en su párrafo segundo, destina esa pensión a incrementar las pensiones de orfandad, si las hubiese, siempre que la legislación del régimen de Seguridad Social de que se trate establezca ese incremento. No pasa a los ascendientes ni a la comunidad autónoma, y tampoco se pierde sin más.
En tales casos, la pensión de viudedad que hubiera debido reconocerse incrementará las pensiones de orfandad, si las hubiese, siempre que tal incremento esté establecido en la legislación reguladora del régimen de Seguridad Social de que se trate.