El objeto de la ley y las medidas de sensibilización, prevención y detección

El art. 11 encarga al ente público al que corresponda velar por que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptar las medidas que procedan para un tratamiento de la mujer conforme con los principios y valores constitucionales. Y deja a salvo de forma expresa las posibles actuaciones de otras entidades: no es una competencia exclusiva.

El Ministerio Fiscal está en la lista del art. 12, junto a órganos de igualdad de la Administración del Estado y de las comunidades autónomas y a determinadas asociaciones. El Defensor del Pueblo, el Observatorio Estatal y el Consejo de Consumidores y Usuarios no figuran entre los legitimados por esta ley.

La ley es orgánica salvo los preceptos que enumera la disposición final tercera, y entre ellos figura el título I entero. El título preliminar no está en esa lista, así que conserva el carácter de ley orgánica.

La ley la califica de ilícita, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de Publicidad. La engañosa, la desleal y la agresiva son otras clases de publicidad ilícita en la Ley General de Publicidad (art. 3.e), que no se definen por el uso vejatorio o discriminatorio de la imagen de la mujer.

El art. 12 les da la acción de cesación, en los términos de la Ley General de Publicidad: lo que se persigue es que esa publicidad deje de difundirse. No los legitima para pedir la nulidad del contrato publicitario ni una indemnización en nombre de otras personas, y la querella es una vía penal que este artículo no regula.

La ley quiere consagrar derechos exigibles ante las Administraciones Públicas, para asegurar a las víctimas un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto. Son derechos frente a la Administración que presta esos servicios, no una pretensión que haya que hacer valer ante el Fiscal, un juzgado o el Defensor del Pueblo.

El art. 16 constituye en el Consejo Interterritorial una Comisión contra la Violencia de Género que apoya técnicamente y orienta la planificación de las medidas sanitarias, y evalúa y propone las necesarias para aplicar el protocolo sanitario. El Observatorio Estatal y las unidades de valoración forense integral son órganos que la ley regula en otros preceptos y con otras funciones.

El art. 1.2 nombra a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela o a su guarda y custodia: los menores a su cargo cuentan aunque no sean sus hijos. La convivencia, por sí sola, no extiende esa asistencia a los hijos mayores de edad ni a otros familiares adultos.

El art. 4.7 pide a las universidades incluir y fomentar la formación, la docencia y la investigación en igualdad de género y no discriminación en todos los ámbitos académicos, de forma transversal: no lo ciñe a unas titulaciones, a un curso ni a una asignatura concreta.

El art. 5 obliga a las Administraciones competentes a prever la escolarización inmediata de los hijos afectados por el cambio de residencia, y la disposición adicional decimoséptima insiste en que las educativas la garanticen. No se aplaza al curso o al proceso de admisión siguientes, ni depende de que lo acuerde una resolución judicial.

La ley alcanza a quienes sean o hayan sido cónyuges de la mujer y a quienes estén o hayan estado ligados a ella por una relación similar de afectividad, y no exige convivencia: la expareja queda dentro aunque nunca hayan vivido juntos. Exigir que la relación siga en el momento de los hechos, o que haya habido convivencia, es añadir requisitos que el artículo descarta de forma expresa.

El informe anual va al Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud: a un órgano especializado en esta violencia y al plenario del propio Consejo en el que se constituye. El artículo no prevé que se envíe a las Cortes Generales ni al Gobierno.

Comprende todo acto de violencia física y psicológica, y dentro nombra las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones y la privación arbitraria de libertad: ninguna queda fuera por ser también delito. La violencia psicológica cuenta sin necesidad de secuelas acreditadas.

La formación específica en igualdad ha de estar en los dos planes, el de formación inicial y el de formación permanente del profesorado, para que adquiera, entre otras, las técnicas de detección precoz de la violencia en el ámbito familiar. Ceñirla a uno de ellos, o a los equipos directivos, deja fuera a parte del profesorado al que se dirige la ley.

El art. 15.4 manda contemplar en los Planes Nacionales de Salud que procedan un apartado de prevención e intervención integral en violencia de género. Es un mandato sobre la planificación sanitaria, no sobre el protocolo de cada centro, la cartera de servicios ni un informe.

El art. 9 encomienda a los servicios de inspección educativa velar por el cumplimiento y la aplicación de los principios y valores del capítulo dedicado al ámbito educativo. A los Consejos Escolares la ley les pide otra cosa: que impulsen la adopción de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva.

Lo curricular es de las Administraciones educativas competentes: asegurarán que los estudios universitarios y los programas de especialización de las profesiones sociosanitarias incorporen contenidos de prevención, detección precoz, intervención y apoyo a las víctimas. A las Administraciones sanitarias el art. 15 les encarga otra cosa: impulsar la actuación de los profesionales sanitarios y la formación continuada del personal sanitario.

El apartado 4 extiende la violencia de género a la que se ejerce sobre los familiares o allegados menores de la mujer con el objetivo de causarle perjuicio o daño, pero no cambia quién ha de ejercerla: las mismas personas que señala el apartado 1. Si la ejerce otro familiar o un tercero, no entra en este concepto aunque busque dañarla; y el artículo tampoco lo ciñe a quien sea progenitor de los menores.

No basta con que la defensa de la mujer sea uno de los fines de la asociación: el art. 12 exige que sea su objetivo único. Tampoco pide la declaración de utilidad pública ni un número mínimo de personas asociadas.