El principio de igualdad y la tutela contra la discriminación

La regla general del art. 12.2 es amplia: la tienen las personas físicas y jurídicas con interés legítimo, en los términos de las leyes que regulan cada proceso. Caben, por tanto, personas jurídicas, siempre que tengan ese interés.

La DT 1.ª no es retroactiva: esas normas se aplican a los nombramientos que se produzcan después de la entrada en vigor de la ley, sin afectar a los ya realizados. Lo que cuenta es la fecha del nombramiento, no la de creación del órgano.

La DF 1.ª los dicta al amparo del artículo 149.1.1.ª de la Constitución, como regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales. Los demás títulos competenciales que cita se reservan para otras partes de la ley.

La ley lo considera acto de discriminación por razón de sexo, y basta con condicionar el derecho o la expectativa de derecho: no hace falta que llegue a denegarse.

El art. 10 suma las dos consecuencias: la nulidad —«nulos y sin efecto», no simplemente anulables— y la responsabilidad, a través de reparaciones o indemnizaciones y, en su caso, de sanciones.

El art. 5 aplica el principio en el ámbito del empleo privado y en el del empleo público, y en el acceso al empleo incluye expresamente el trabajo por cuenta propia: no se limita a quien trabaja para otro.

Son dos límites a la vez: la temporalidad —se aplican mientras subsista la desigualdad que corrigen— y la proporcionalidad —razonables y proporcionadas al objetivo de cada caso—. Ni son permanentes ni quedan libres de ese control.

La salvedad está dentro de la propia definición y pide dos cosas: una finalidad legítima y unos medios necesarios y adecuados para alcanzarla. Una finalidad legítima con medios innecesarios no basta, y la intención de quien adopta la práctica no cuenta: la definición mira a la desventaja que produce.

El art. 12.1 lo dice expresamente: la tutela puede recabarse «incluso tras la terminación de la relación» en la que se produjo la discriminación. Terminar el contrato o la relación no cierra la vía judicial.

«En cualquier caso, se considera discriminatoria toda orden de discriminar»: no depende de que se ejecute ni de quién la dé. El acoso es una figura distinta, que exige un comportamiento que atente contra la dignidad de la persona.

Han de ser reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido: ni una cantidad tasada al margen del caso, ni una cifra simbólica, ni limitada al daño económico. Junto a ellas, la ley pide un sistema eficaz y disuasorio de sanciones.

El art. 4 la hace principio informador de todo el ordenamiento: no espera a que falte una norma ni se queda en el legislador, sino que se integra y observa cada vez que se interpretan y aplican las normas jurídicas, de cualquier rama.

El art. 7.1 define el acoso sexual «a los efectos de esta Ley» y «sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal»: la definición de la ley convive con la penal, no la sustituye, y se aplica aunque la conducta sea además delito. Tampoco remite: la ley da su propia definición.

Son medidas específicas en favor de las mujeres para corregir una desigualdad de hecho, y además patente: no basta cualquier diferencia estadística, no hace falta una desigualdad jurídica declarada, y no se plantean para los dos sexos indistintamente.

El criterio es territorial: las obligaciones de la ley alcanzan a toda persona, física o jurídica, que se encuentre o actúe en territorio español, cualquiera que sea su nacionalidad, domicilio o residencia. Ni el domicilio social ni la nacionalidad de la plantilla cambian nada.

Es la inversión de la carga de la prueba del art. 13.1: alegada una actuación discriminatoria, prueba la parte demandada, y ha de probar dos cosas, que no hubo discriminación en las medidas adoptadas y que eran proporcionadas.

El art. 11.2 extiende la acción positiva a las personas físicas y jurídicas privadas, pero como facultad («podrán»), no como obligación general, y en los términos que establece la propia ley.

En los litigios de acoso la legitimación se estrecha: la persona acosada es la única legitimada. No la comparte con sindicatos, asociaciones ni el Ministerio Fiscal.

El principio supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y el art. 3 destaca tres: las derivadas de la maternidad, de la asunción de obligaciones familiares y del estado civil. La edad, el origen étnico o la discapacidad no son las que este artículo nombra.

El art. 5 garantiza la igualdad en las condiciones de trabajo «incluidas las retributivas y las de despido»: nombra las dos expresamente.