Los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género

El art. 21.3 bonifica el 100 por 100 de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes. Cuando la trabajadora se reincorpora, lo hace en las mismas condiciones que tenía al suspender su contrato.

El art. 25 considera justificadas las ausencias totales o parciales motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género, en los términos que determine su legislación específica. La ley no las limita a las totales, ni a las comparecencias, ni a un número de días.

El art. 18.2 manda garantizar, con los medios necesarios, que las mujeres con discapacidad tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y recursos, ofrecida en formato accesible y comprensible: lengua de signos u otras modalidades de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos. No es la forma general con un intérprete a petición, no pasa por quien ejerza los apoyos ni espera a que se reconozca un grado de discapacidad.

El art. 21.2 las convierte en situación legal de desempleo, y además el tiempo de suspensión cuenta como cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social y de desempleo. No se asimilan a una baja voluntaria ni a una excedencia, y la ley no les asocia ninguna indemnización.

El art. 22 dirige el programa a las víctimas de violencia de género inscritas como demandantes de empleo, e incluye medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia. No lo condiciona a haber perdido un empleo ni a tener una orden de protección, y no lo vincula a la ayuda económica del art. 27.

El art. 18.3 toma como referencia el castellano o, en su caso, la otra lengua oficial del territorio de residencia de la víctima. Lo que decide si hay una segunda lengua que tener en cuenta es dónde reside ella, no dónde denunció ni dónde se sigue el proceso.

El art. 17.3 obliga a las administraciones competentes, sin condicionarlo al presupuesto, a garantizar su normal funcionamiento y, si hace falta, a adaptarlos a las necesidades de las víctimas en esa situación excepcional. No traslada la prestación al Gobierno ni la reduce a la atención a distancia, que es otro de los servicios esenciales.

El art. 23 encarga ese diseño al Gobierno y a las comunidades autónomas, de común acuerdo y en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad. No lo hace el Gobierno solo, ni cada comunidad por su cuenta, ni el poder judicial.

El art. 21.1 enumera la reducción o reordenación del tiempo de trabajo, la movilidad geográfica, el cambio de centro, la adaptación del puesto y los apoyos que precise por discapacidad para reincorporarse, la suspensión con reserva de puesto y la extinción del contrato. La excedencia no está en esa lista: es uno de los derechos que el art. 24 reconoce a la funcionaria víctima de violencia de género.

El art. 19.2 enumera la información a las víctimas, la atención psicológica, el apoyo social, el seguimiento de las reclamaciones de sus derechos, el apoyo educativo a la unidad familiar, la formación preventiva en los valores de igualdad y el apoyo a la formación e inserción laboral. La representación en juicio es cosa de la asistencia jurídica, y ni la custodia de los hijos ni una renta mínima figuran en la lista.

La disposición adicional decimoquinta es una habilitación, no un cupo: mediante convenios con las Administraciones competentes, el Gobierno podrá promover procesos específicos de adjudicación de viviendas protegidas a las víctimas. No impone una reserva obligatoria ni una adjudicación directa, y no hace al Gobierno adjudicador.

El art. 17.3 los declara servicios esenciales, junto con los de información y orientación, la atención psicosocial inmediata, telefónica y en línea, y el asesoramiento jurídico 24 horas. La ley no los define como complemento ni como subsidiarios de otros servicios, ni deja su prestación a la elección de cada administración.

El art. 20.1 quiere una sola dirección letrada para todos los procesos y procedimientos administrativos con causa directa o indirecta en la violencia, con una condición: que así quede debidamente garantizado su derecho de defensa. El Ministerio Fiscal no es su abogado, y la defensa no se reparte por órdenes ni por procesos a la espera de que ella pida una sola: la regla es una sola dirección letrada.

El art. 19 bis.1 no fija un plazo ni lo ata al proceso: el seguimiento de la evolución de su estado de salud llega hasta su total recuperación, en lo que toca a la sintomatología o las secuelas psíquicas y físicas de la violencia. Ni la sentencia, ni la orden de protección, ni un plazo contado desde la denuncia lo cortan.

La disposición adicional primera.1 alcanza al homicidio doloso en cualquiera de sus formas y también a las lesiones dolosas, y deja a salvo que medie reconciliación. Por eso fallan las opciones que se quedan en el homicidio y las que excluyen la salvedad.

El art. 20.6 da al abogado o abogada designado para la víctima la representación procesal hasta que se designe procurador, mientras ella no se haya personado como acusación; hasta entonces también señala el domicilio para notificaciones. Ni el Fiscal, ni el letrado de la Administración de Justicia, ni la oficina de asistencia la representan.

La disposición adicional primera.1, en su párrafo segundo, destina esa pensión a incrementar las pensiones de orfandad, si las hubiese, siempre que la legislación del régimen de Seguridad Social de que se trate establezca ese incremento. No pasa a los ascendientes ni a la comunidad autónoma, y tampoco se pierde sin más.

El art. 23 deja la lista abierta: vale también «cualquier otro título», siempre que lo prevean las disposiciones sectoriales que regulan el acceso a cada uno de los derechos y recursos. La apertura no depende del Fiscal ni de una declaración de la víctima.

El art. 19 bis.2 manda prestar estos servicios garantizando la privacidad y la intimidad de las mujeres y el respeto, en todo caso, a las decisiones que ellas tomen sobre su atención sanitaria. Ni el forense, ni el juez, ni un protocolo del centro deciden en su lugar.

La disposición adicional decimosexta pide coordinar los Servicios Públicos de Empleo cuando la víctima, al ejercer el derecho de movilidad geográfica, se ve obligada a trasladar su domicilio y ese traslado implica cambiar de comunidad autónoma. Un cambio de provincia dentro de la misma comunidad, una doble inscripción o la residencia de quien percibe la ayuda no son el supuesto.