La tutela institucional: la Delegación del Gobierno, el Observatorio Estatal y las unidades policiales

El art. 30.3 deja la composición del Observatorio al reglamento, pero le impone un mínimo, y en él figuran las asociaciones de consumidores y usuarios, junto a las comunidades autónomas, las entidades locales y los agentes sociales, entre otros. Los colegios de la abogacía, las asociaciones de víctimas de delitos violentos y las universidades no están entre los que la ley garantiza.

El art. 31 extiende lo que dispone a las comunidades autónomas que cuentan con cuerpos de policía con esas funciones, en los términos de sus Estatutos, de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de sus leyes de policía, y lo justifica en hacer más efectiva la protección de las víctimas. No se queda en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y la ley no lo hace depender de un convenio ni de la petición de un juez.

El art. 32 encarga a esos protocolos dos cosas: determinar procedimientos que aseguren una actuación global e integral de las administraciones y servicios implicados, y garantizar la actividad probatoria en los procesos que se sigan. Lo que buscan es que la prueba no se pierda por el camino; la ley no les encarga acelerar la instrucción, unificar el criterio de los jueces ni costear las periciales.

El art. 30.1 manda que, en cualquier caso, los datos de esos informes, estudios y propuestas se consignen desagregados por sexo. Es una obligación sin condiciones: no depende de que lo pida el Gobierno, y la ley no exige desglosarlos por comunidad autónoma ni presentarlos agregados.

El art. 31 manda al Gobierno establecer en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado unidades especializadas en dos cosas: prevenir la violencia de género y controlar que se ejecuten las medidas judiciales adoptadas. La ley no nombra entre sus especialidades la tramitación de las órdenes de protección ni la atención psicológica a las víctimas.

La Delegación formula las políticas públicas que desarrolla el Gobierno y coordina las acciones en la materia (art. 29); el Observatorio, órgano colegiado de asesoramiento y evaluación, remite cada año al Gobierno y a las comunidades autónomas el informe sobre la evolución de la violencia (art. 30). Cada órgano tiene su tarea: ni la Delegación hace el informe ni el Observatorio formula las políticas.

El art. 31 manda que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tenga en cuenta el Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de Coordinación con los Órganos Judiciales para la protección de la violencia doméstica y de género. Los otros tres no son el protocolo que el artículo pone como referencia de la actuación policial.